El Juzgado ordena el ingreso en prisión de Alberto González tras incumplir los pagos de su condena por dos delitos de fraude fiscal
Oviedo, Nacho AZPARREN
Alberto González debe ingresar en prisión. El Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo se ha cansado de los habituales incumplimientos en los pagos del presidente y máximo accionista del club azul. La juez ha decretado una orden internacional de busca y captura para forzar a Alberto González a entrar en la cárcel. El presidente del Oviedo, fuera de España desde diciembre de 2011, permanece en paradero desconocido.
La decisión se ha tomado después de que González haya evitado hacer frente sistemáticamente a los plazos mensuales que el Juzgado le concedió para que pudiera ir abonando su condena de 1,8 millones de euros por dos delitos de fraude fiscal por las operaciones realizadas en 2004 por Asturterra, empresa de la que era administrador único.
El Juzgado de lo penal le dio a González facilidades a la hora de pagar la responsabilidad civil relativa a la condena (900.000 euros, obligatorios para evitar el ingreso en prisión), pero el máximo accionista del Oviedo no llegó a satisfacer ninguno de los 60 pagos de 15.000 euros. El rechazo por parte del Gobierno del indulto solicitado por González aceleró el proceso: el presidente del Oviedo debía entrar en prisión.
La decisión se tomó hace dos semanas, cuando la juez declaró el ingreso voluntario de Alberto González en prisión y le concedió siete días para hacerlo. El plazo se consumió sin que se tuvieran noticias del de San Claudio. El siguiente paso tomado por el Juzgado fue el de emitir la orden internacional de busca y captura.
El proceso exige que el Juzgado informe a la Dirección General de la Policía de los datos del condenado. En el caso de que se tenga la sospecha de que el afectado por la orden se encuentre fuera del territorio nacional, las autoridades deberán informar a la Interpol (organización internacional de Policía criminal) para que inicie los contactos en los países donde se pueda encontrar la persona perseguida. La ley exige, además, que para que pueda solicitarse la extradición es necesario que el delito esté tipificado en el país donde se encuentra el condenado.
Alberto González abandonó España el 20 de diciembre de 2011 y sólo se tuvo conocimiento de su regreso a suelo español en marzo de este año, cuando el Juzgado le citó en sus dependencias.
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