La Junta Islámica Catalana, impulsada por catalanes conversos, ha propuesto la creación de una Asamblea Islámica que aúne a todas las federaciones existentes para defender los derechos religiosos de los musulmanes ante el Gobierno catalán y las administraciones locales.
El presidente de la Junta Islámica Catalana, Abdennur Prado, ha explicado que hay una “crisis evidente de representatividad” de los musulmanes y una “necesidad imperiosa de contar con un interlocutor fuerte” para combatir el incumplimiento de sus derechos religiosos por parte del Gobierno central, el catalán y los municipios.
Prado ha lamentado las dificultades de los musulmanes a la hora de ser enterrados según el rito islámico en cementerios municipales; recibir alimentos certificados “halal” en centros públicos como colegios y hospitales, y recibir clases de religión islámica en escuelas públicas y concertadas.
Otro caballo de batalla es el establecimiento de mezquitas en Cataluña, que “ha acogido 35 de los 50 movimientos anti mezquitas del Estado en la última década”, por lo que ha apostado por un ente inclusivo con miembros de todas las lenguas, países de origen y tendencias doctrinales y con unos objetivos “muy claros y comunes”.
A su juicio, la proliferación de federaciones y la precariedad organizativa de los musulmanes está vinculada a las dificultades sociales del colectivo –de integración y laborales–, a su heterogeneidad y a la falta de formación de muchos de sus líderes.
“El objetivo es defender los derechos religiosos de los musulmanes, no las reivindicaciones de los colectivos de inmigrantes”, ha remarcado Prado, quien ha subrayado que los imanes no son necesariamente los mejores interlocutores.
“No tienen más formación, mejor conocimiento de las normativas ni más representatividad por el hecho de ser imanes”, ha explicado, señalando que en el Islam no existe un equivalente a la jerarquía católica ni a la representación clerical.
A esta “impostura” ha atribuido el “fracaso” del Govern en su diálogo con los musulmanes, apuntando que ha buscado la “comodidad” al impulsar como interlocutor el Consell Islàmic i Cultural de Catalunya, con comunidades mayoritariamente de origen marroquí y en el que buena parte de las comunidades musulmanas no se sienten representadas, ha añadido.
Para Prado, el próximo paso es mejorar la comunicación entre las comunidades de musulmanes para vencer su atomización –surgen de forma “espontánea” y vinculadas con la inmigración– y lograr un frente común ante las administraciones.
Sobre la reciente aprobación del reglamento de la ley de centros de culto, ha destacado que ofrece mecanismos legales para tramitar la apertura de nuevas mezquitas, aunque ha advertido del peligro de que los ayuntamientos sean quienes otorgan las licencias para nuevos oratorios. “Un derecho fundamental no debería estar sometido a esta discrecionalidad”, ha remachado.