Recogida de muestras durante una expedición oceanográfica del CSIC. CSIC
Representantes de la comunidad científica piden al Gobierno más financiación y cambios legales para poder investigar
Los últimos datos de inversión en ciencia en España son deprimentes. En 2016, el gasto en investigación y desarrollo (I+D+i) retrocedió hasta suponer apenas el 1,19% del PIB. Para encontrar un nivel de gasto similar hay que retroceder más de 10 años . Mientras que desde 2009 los países de la Unión Europea han aumentado su gasto en investigación un 17%, España acumula un recorte cercano al 13%. La economía española muestra signos de recuperación tras la crisis y lleva varios años creciendo, pero esta no ha llegado aún a los centros de investigación, ni se la espera.
“El coste del rescate a Bankia lo hemos pagado los científicos”, lamentó ayer José Luis de Pablos, investigador del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat). El científico se refería a que el reflote de la entidad bancaria costó unos 20.000 millones de euros, justo lo que el sistema de ciencia ha dejado de ingresar desde que comenzó la crisis. “En España la ciencia es el reparto de la miseria, no puede ser que haya investigadores de 40 años con un contrato temporal, hay que cambiar este modelo de miseria si queremos que nuestros hijos se puedan ganar la vida trabajando de algo más que camareros”, clamó De Pablos durante su intervención en un debate organizado por la asociación Sociedad Civil por el Debate moderado por el periodista Manuel Campo Vidal.
El encuentro pretendía ser un cara a cara de personalidades de la ciencia, la empresa y el Gobierno bajo el título “La Ciencia busca socios para la excelencia”. A primera hora de la mañana la representante del Gobierno, Clara Eugenia García, directora general de Política de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, declinó su asistencia por motivos de salud, según fuentes de la organización.
Pilar Garrido, jefa de oncología médica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, señaló que en España “es muy difícil consolidar los puestos de los científicos y por eso no hay acicate para que los jóvenes comiencen una carrera en investigación”. Eduardo Oliver, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, es el portavoz de más de 3.500 investigadores adscritos a la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior, presente en 14 países. “Muchos quieren volver y no pueden porque no ven un sistema atractivo de carrera, ni garantías suficientes de estabilidad, incluso algunos regresan y se vuelven a marchar. Es una desgracia para nuestro país”, resaltó Oliver, que cifra en más de 12.000 los científicos que ha perdido España desde el inicio de la crisis. El investigador opinó que la comunidad científica debe dirigir sus reclamaciones directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “La política científica de un Gobierno debe empezar por el presidente. En Reino Unido todos los ministerios tienen asesores de ciencia y hay una preocupación para hacer políticas basadas en la evidencia científica”.
Entre las reformas urgentes está el establecer modelos de gestión más “innovadores”, sobre todo porque “se está haciendo mejor en algunas comunidades que otras”, opinó Mónica Melle, economista de la Universidad Complutense y Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. “Hay que aprender las lecciones de regiones como el País Vasco, que ha invertido más en I+D que otras comunidades y que ahora sufre menos paro”, abundó De Pablos.
Nazario Martín, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España, denunció que cada convocatoria de becas y puestos para científicos que realiza la nueva Agencia Estatal de Investigación debe ser aprobada por el Consejo de Ministros, con lo que se pierde la independencia que debía tener este organismo. El catedrático de química orgánica de la Universidad Complutense, que representa una organización de 40.000 científicos, aseguró que “hay que reinventar la universidad y establecer evaluaciones reales de los investigadores cada cinco años, no como las que hay ahora”. El científico también pide que haya un pleno anual en el Congreso de los Diputados dedicado exclusivamente a la ciencia. “Cambiar el modelo del ladrillo por el de la neurona no es fácil, hace falta inversión”, concluyó.