Imputados
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/10/24/580e2752e2704e4a018b456c.html
No sólo hay ex altos cargos del Gobierno andaluz imputados en el caso ERE o el presunto fraude de los cursos de formación. El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla investiga también a otra veintena de ex altos cargos de la Junta por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación relacionados con una serie de contratos privados a particulares que hizo la Consejería de Economía para que personal externo y sin competencias inspeccionara cursos de formación en economía social, entre otras tareas encomendadas de forma irregular.
El juez de refuerzo de este juzgado, José Ignacio Vilaplana, acaba de ampliar el número de investigados, con diez nuevas personas, entre las que está el alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, por su etapa como delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación entre 2010 y 2011, como ayer informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Cuenca ha sido citado por el juez para el próximo 12 de diciembre.
Los diez nuevos investigados -antes imputados- se unen a los once que ya acumulaba una causa que comenzó a investigarse el 9 de septiembre de 2013, tras la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios.
La denuncia inicial del sindicato, según ha podido constatar EL MUNDO, se dirigía contra cuatro personas: el entonces viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Luis Nieto Ballesteros; la secretaria general técnica de esta consejería, Ana María Robina; una jefa de servicio; y la firmante de un documento administrativo como inspectora de la Administración, sin ser funcionaria. Sin embargo, las pesquisas judiciales han terminado salpicando a una veintena de ex altos cargos, entre los que están los delegados provinciales de la Consejería de Economía e Innovación en Jaén, Almería, Málaga, Cádiz y Granada, y a los jefes de servicio de Huelva y Córdoba.
Entras las personas en el punto de mira de las pesquisas judiciales está también Pilar Serrano Boigas, ex senadora, ex diputada socialista en el Congreso de los Diputados y antigua delegada de Economía en Málaga. El 5 de octubre de 2015, este diario publicó la implicación de la entonces senadora Serrano Boigas en esta investigación judicial. El 26 del mismo mes dejó su escaño en el Senado.
En esta investigación judicial se están analizando las contrataciones a particulares que se hicieron desde la Consejería de Economía para realizar trabajos, atribuyendo funciones y potestades que sólo pueden realizar funcionarios públicos.
Además, se están estudiando las razones que han llevado a acudir a procedimientos de contratación excepcionales (como es el contrato menor que puede ser de adjudicación directa), alterando el procedimiento ordinario de publicidad y libre concurrencia.
Fuentes del Sindicato de Funcionarios indicaron a este diario que la investigación abarca contratos de todo tipo. Hay un sinfín de actos de la Administración andaluza que están bajo sospecha y con riesgo de ser declarados nulos, al no estar firmados por funcionarios. Los asuntos están relacionados con subvenciones, actas de infracción y sanciones.
Con el nuevo auto, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla amplía el número de investigados, solicita que se lleven a cabo nuevas diligencias, y archiva provisionalmente la investigación que afecta a un contratista y una funcionaria.
El auto de ayer destaca que «la atribución ilegítima de funciones públicas» que se hizo en la Consejería de Economía habría venido «acompañada de la entrega de documentación administrativa, posteriormente utilizada por cada contratista en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas».
Estos documentos cuentan con «membrete o encabezamiento oficial de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo y aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica 'Por la Administración (El Inspector)'; quedando así materializado por los contratistas el ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios y, por tanto, no ser inspectores oficiales de la Administración autonómica, figurando indebidamente como tales en el correspondiente expediente administrativo al que dicha documentación tenía por destino incorporarse», describe el auto.
El alcalde confía en el archivo del caso
El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, está «absolutamente tranquilo» ante la investigación del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que le ha citado a declarar junto a otros diez ex delegados provinciales de la Junta. «Según las noticias que están ofreciendo los medios», dice Cuenca, «intuyo que estamos hablando de cuestiones técnicas y jurídicas de procedimiento». Por su parte, el grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de Granada exigió al alcalde que «se aplique su propia medicina», sea «coherente» y presente su dimisión, una vez que se ha conocido que tendrá que declarará como investigado. Mientras, Ciudadanos, que firmó la moción de censura en Granada contra el ex alcalde del PP José Torres Hurtado tras su detención en el 'caso Serrallo', está ahora recabando información sobre la imputación de Cuenca. «En caso de que haya vinculación con el caso de los cursos de formación pediremos su dimisión», anunció este lunes Ciudadanos. [Ramón Ramos]
Más insaciables que se unen a la lista
