Francisco Serrano, juez de Sevilla y presidente de la Plataforma ciudadana por la igualdad, ha sido suspendido cautelarmente en sus funciones por el CGPJ debido a la acusación de prevariación en que está inmerso por haber ampliado en un día y medio el régimen de visitas de un padre para que su hijo saliera en una procesión de Semana Santa.
Es cierto que la modificación de medidas debe realizarse por el Juzgado que las emitió, en este caso el de Violencia contra la mujer, pero lo más llamativo de este último capítulo es la condena que se solicita para este hombre:
Por estos hechos, la Fiscalía solicita para el magistrado diez años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación dolosa. De otro lado, la acusación particular que ejerce la madre pide para el juez 20 años de inhabilitación y el pago de una multa de 14.400 euros por un delito de prevaricación dolosa, mientras que, en concepto de responsabilidad civil, solicita que indemnice a la madre con 60.000 euros por los daños morales y físicos sufridos; al menor con 100.000 euros por los mismos daños, "en particular el gravísimo estigma público", y al otro hijo menor de la querellante con 12.000 euros.
Daños incluso físicos a la madre y al hijo, indemnización para el otro hijo y veinte años de inhabilitación para ejercer como juez. Sólo les falta pedir que lo cuelguen de la Giralda. Aprovecho para recordar que este hombre ha sido objeto de muchísimas críticas por sus entrevistas, conferencias e informes en contra de la Ley de Violencia de Género y que los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por el Congreso y el Senado.
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