El cinturón de los políticos
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, acaba de anunciar un plan de ahorro para reducir un 10% la dependencia del crudo. El propio presidente Zapatero, en el Parlamento, aseguró que el Gobierno impulsará un plan de austeridad para la Administración, con dos cosas claras: la congelación del sueldo de los altos cargos y la reducción en un 30% de la oferta de empleo público. En Andalucía, la Junta ha emulado el ejemplo, pero sólo para el salario de directivos. La previsión de la plantilla de funcionarios para 2009 se mantiene.
La bandera de la austeridad suele ser enarbolada por los políticos en tiempos de crisis. Y hay partidas para recortar. Por ejemplo, sin contar con las empresas públicas, la Administración andaluza cuenta con 343 cargos de alta dirección. La cifra, en comparación con otras comunidades, es alta. Esta semana ha trascendido que en Cataluña hay 236. En Madrid hay 235.
Otro ejemplo, recurrente, es el del coche oficial. El Gobierno de España no tiene más de cuatrocientos. En Cataluña, según los datos recabados por RdA, la cifra asciende únicamente a 96 en el ámbito de la Generalitat. En el de la Junta son 450, según una respuesta parlamentaria de hace unos meses de la Consejería de Economía. Su compra o uso ha sido objeto habitual de polémica. Carmen Fernández y María Luisa Pérez, elegidas por el PSOE para el Consejo Audiovisual, han llegado a gastar 24.000 euros en sus desplazamientos en coche oficial desde Cádiz y Jaén para las reuniones del ente. El PP tampoco se libra. En la pasada legislatura, los 16 ediles del PP estrenaran modelos por 400.000 euros en cuatro años, en régimen de alquiler.
Esta alegría en la compra y el uso del coche oficial contrastan con la situación en muchos países de Europa. Es norma habitual ver llegar al primer ministro danés o al belga a las reuniones de los consejos de ministros en su vehículo y conduciendo él mismo. El ejemplo no es sólo europeo. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, alardea de visitar la Moncloa en taxi. En Andalucía, municipios como Cádiz disponen únicamente de tres vehículos oficiales.
“En épocas de crisis es necesario predicar con el ejemplo y contener el gasto público. Pero parece que a la Junta de Andalucía no le preocupa el aspecto faraónico que ha tomado la Administración”. Es lo que afirma Jorge Ramos, secretario del Grupo Popular en el Parlamento Andaluz. Critica que haya 4.500 puestos de libre designación; que en la pasada legislatura la autonomía gastara 24O.000 euros al día en publicidad institucional; que se tienda al alquiler para sedes oficiales en vez de aprovechar o ampliar el patrimonio; o que el 70% de los contratos externos sean negociados y no por concurso.
En la Consejería de Economía se prefiere, de momento, guardar silencio sobre estas cuestiones, a la espera de la presentación del presupuesto de 2009. Las consejerías acaban de remitir sus propuestas de reducción a la Dirección General de Presupuestos. “Se ha reiterado a las Consejerías no vinculadas al gasto social la necesidad de acentuar la austeridad en el gasto corriente, particularmente en el gasto operativo no vinculado a las prestaciones de servicios fundamentales”. Esto es único que se manifiesta desde Economía. De cifras y de conceptos concretos aún no se quiere hablar.
El ahorro de energía, con el argumento del cambio climático, es otro de los caballos de batalla. Fuentes de la Consejería de Innovación aseguran que, según los estudios que manejan, el gasto por este concepto en la Administración andaluza puede bajar, en algunos casos, hasta en un 40% y puede suponer una reducción de costes de 25,7 millones de euros hasta 2010. Se han realizado cien auditorías en edificios públicos, entre ellos el propio Parlamento de Andalucía, para analizar las posibilidades de instalar sistemas de energía solar. De momento, este proceso se ha quedado ahí.
Otro de los apartados con margen para la austeridad es el gasto de personal. Y, por lo general, los políticos suelen empezar por ellos mismos. Se congelarán el sueldo en la Administración del Estado y en la autonómica. Pero, ¿y los ayuntamientos? La Federación Española de Municipios ya reclamó en su día una tabla de referencia para establecer , y contener, los sueldos de alcaldes y altos cargos, pero los propios interesados la rechazan por considerar que se vulnera su autonomía. Así se dan casos como que el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, era el sexto mejor pagado de España, con 97.210 euros. Zapatero cobra 89.303. En Estados Unidos no hay cargo público que cobre más que el presidente.
Municipios como Sevilla se han comprometido a congelar los sueldos de altos cargos, pero con una cierta trampa, ya que subirán un punto por debajo de la inflación prevista. Jerez ha vivido estos días una intensa polémica municipal por la subida de sueldo del jefe de Gabinete de la Alcaldía, Juan Carlos Jiménez, de 55.141 a 68.641 euros. La medida es casi paralela al anuncio de “ajuste” del complemento de productividad que reciben los empleados municipales. Y no ha sido entendida ni siquiera por el partido de la alcaldesa, el PSOE, que forzó a Pilar Sánchez a reconsiderar esta impopular medida. Huelva y Almería, por su lado, han presentado planes de austeridad, pero aún inconcretos. Hasta el otoño no se sabrá que partidas presupuestarias se van a recortar. El responsable de Economía del Ayuntamiento de Huelva, Juan Carlos Adame, prevé subsanar el déficit de 200 millones de euros del Ayuntamiento y alcanzar un superávit de 75 millones en cuatro años. Se recortará de todo lo posible, aunque no está previsto que se haga de los sueldos de directivos. “No lo contemplamos, a no ser que se promulgue una norma superior que nos obligue a ello”, afirma Adame.
La consultora KPMG acaba de terminar un estudio sobre estándares del buen gobierno en la función pública. La declaración de bienes y la austeridad en la manifestación del poder figuran entre ellos. Así, no es adecuado por norma general aceptar regalos, por ejemplo. De todas formas, José Luis Moreno, director de Sector Público de esta empresa, asegura que debería existir “un sistema retributivo ajustado a la medida del mercado para altos directivos. A veces, el sector público no es lo suficientemente atractivo y hay determinados puestos con mucha responsabilidad”.
La austeridad está más en el ejercicio del poder que en sueldo del cargo. Luis Roldán, el ex director de la Guardia Civil, invitó un día a varios alcaldes vascos del PSOE a una cena. Al terminarla, obligó a todos a pagarla de su bolsillo y cuando hubo reunido todo el dinero hizo uso de la visa del Ministerio, ante la estupefacción de los presentes. Roldán siempre alardeó de austero. Decía a todo el que lo escuchara que iba a dormir a un cuartel de la Guardia Civil por la noche, ajeno a todo lujo. Pero no consiste sólo en parecerlo.
http://www.huelvainformacion.es/article/rda77/177012/cinturon/los/politicos.html
Pero no pasa nada, porque como el dinero público no es de nadie...
