Los vecinos de Leganés han conseguido hoy impedir el desahucio de una mujer y sus dos hijos, quienes residen en una vivienda de protección social pero no pueden afrontar los pagos del alquiler.
La movilización fue convocada por la Asamblea Popular del 15M en ese municipio madrileño en apoyo de Conchi G. y su familia, quienes viven en el número 36 de la avenida María Moliner.
Como se trataba de un alquiler y no de una hipoteca bancaria, en esta ocasión la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, que ayer consiguió en Ciudad Lineal frenar por tercera vez un desahucio, no se sumó oficialmente a la convocatoria.
La Asamblea de Leganés ha remarcado en un comunicado que "esta vez se trata de un desahucio por impago de alquiler, pero es un caso especialmente grave, no solo por la maltrecha situación de la afectada, sino porque el arrendador es el Ivima" (Instituto de la Vivienda de Madrid).
Según han informado sus integrantes, la afectada es madre de dos hijos, "a los que ha criado sola", y actualmente se encuentra en paro.
"No se trata exactamente de impagos de renta, sino que la afectada ha intentado hacer frente a ciertas cantidades que el Ivima ha rechazado", añade el 15M.
Esto ha hecho que se movilizaran para intentar ayudarla. Para ello, esta mañana a partir de las 11 los vecinos se han concentrado frente a la vivienda, a la espera de los funcionarios judiciales que se debían acercar a ejecutar el desahucio.
Pasado el mediodía, el abogado de la familia recibía la notificación judicial de la paralización del desalojo.
Anoche algunos medios habían informado ya del aplazamiento del desahucio por decisión del Juzgado de Primera Instancia número 69 de Madrid. No obstante, los miembros de la Asamblea de Leganés decidieron mantener la convocatoria a la concentración de hoy hasta que la familia en riesgo "recibiera una comunicación oficial".
Fuentes del Ivima consultadas por Europa Press han indicado que la inquilina se enfrenta al desahucio por una deuda de más de 22.000 euros en impagos de alquiler, después de que el Instituto intentase llegar a un acuerdo.
En este sentido, han explicado que la mujer reside en el inmueble desde 1999 y que, desde 2003, dejó de abonar la mayor parte de los recibos a pesar de que se le redujo el arrendamiento a 34 euros mensuales.
Según el Ivima, se firmaron tres compromisos de pago entre las partes en tres años, pero fueron incumplidos. Tras ello, el Ivima presentó el correspondiente recurso de desahucio que el juzgado admitió para poder recuperar la vivienda y adjudicársela a otra familia.
Las mismas fuentes han precisado que el objetivo es que "nadie abandone su piso" por las circunstancias que atraviesa y, en este sentido, han recordado que más de 5.200 adjudicatarios han pedido la reducción de renta en los dos últimos años, de los que hasta el 95 por ciento ha sido contestado de manera favorable.
