La desalinizadora de Escombreras (Murcia) multiplica su coste inicial por cuatro
A la Comunidad le supone unos 600 millones hasta 2034 que no puede pagar
Quiere renegociar su precio para reducirlo un 40%
El Ente Público del Agua piensa renegociar el contrato para reducir el precio en un 40%
Cuando termine de pagarla, en el año 2034, el coste de la desalinizadora de Escombreras para las arcas de la Comunidad Autónoma habrá ascendido a 600 millones de euros. Cuatro veces más de lo previsto inicialmente. Tal es la consecuencia del contrato de arrendamiento de la planta que suscribió el Gobierno regional con la sociedad Hydro Management, participada en un 80% por ACS, el grupo empresarial propiedad de Floirentino Pérez, y un grupo de empresarios de la Región. La Comunidad está tratando de renegociar el contrato y de lograr reducir el precio un 40%, ya que ahora no puede afrontar los pagos. MURCIA.
La desalinizadora de Escombreras le costará a las arcas de la Comunidad Autónoma 600 millones de euros cuando termine de pagarla en el año 2034, según el contrato de arrendamiento de la planta que firmó el Gobierno regional con la empresa Hydro Management, participada en un 80% por el grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, y el resto por empresarios de la Región, entre ellos Miguel Caballero, que fue director general en la etapa de Carlos Collado y se vio envuelto en el caso ‘Casa Grande’. El desembolso que tendrán que hacer las arcas autonómicas supone abonar al final cuatro veces más de lo que costó la desalinizadora, el depósito y un canal que lleva el agua hasta Fuente Álamo, que en conjunto supera los 145 millones. El gerente del Ente Público del Agua, José Manuel Ferrer, explicó que quedan por pagar 580 millones de euros y recalcó que hay que tomar como referencia en valor en euros del año 2034. Precisó, no obstante, que el Gobierno regional no puede afrontar los pagos comprometidos, por lo que está tratando de renegociar el contrato para reducir el precio en un 40%.
La desalinizadora de Escombreras se puso en marcha en el año 2009 con una capacidad máxima de producción de 21 hectómetros cúbicos anuales, aunque el año pasado solo produjo 4. Su tamaño es inferior a las plantas que tiene la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con capacidad para 24 hectómetros cada una y unos costes que oscilaron entre los 72 y 109 millones de euros, parte con financiación europea. La mayor desalinizadora de Europa, la de Torrevieja, tendrá una capacidad de 80 hectómetros –cuatro veces más que la de Escombreras– y su coste ha sido de 300 millones de euros.
La planta de Escombreras es privada y fue alquilada por el Gobierno regional en el año 2007 para asegurar los abastecimientos al turismo y a las nuevas urbanizaciones, como respuesta a la gestión del Ministerio de Medio Ambiente, entonces en manos de Cristina Narbona, que no autorizó temporalmente nuevas concesiones de agua para la expansión urbanística hasta que no estuvieran garantizados nuevos recursos a través de las desalinizadoras.
El Ejecutivo de Valcárcel empleó otra modalidad de financiación extrapresupuestaria por medio de sociedades instrumentales, como ha reflejado el Tribunal de Cuentas en su informe de los años 2008 y 2009. El Gobierno regional constituyó el Ente Público del Agua (EPA), vinculado a la Consejería de Agricultura y Agua, del cual dependía la sociedad pública regional Hidronostrum S.A. De esta última colgaba la sociedad Desaladora de Escombreras S.A., que fue la que firmó los contratos de arrendamiento y mantenimiento con Hydro Management por un periodo de 25 años, según explicó Ferrer. Estas dos sociedades han quedado refundidas en una.
«Tenemos un contrato de arrendamiento que nos llevará de 150 a 600 millones de euros en un periodo de 25 años», señaló el gerente del EPA, que accedió al cargo después de que se firmara el contrato. Subraya que el acuerdo se firmó en un momento en el que había que asegurar el suministro de agua a la población. «Hay que trasladarse a un momento en el que se nos negaba el agua, el pan y la sal. El Gobierno regional pensó que era bueno tener un generador propio de agua. Creo en esta desalinizadora porque es una necesidad, aunque a efectos financieros las circunstancias han cambiado y hay que ajustarse a la situación actual», recalcó.
Ferrer discrepa del criterio expresado por el Tribunal de Cuentas de que esta instalación está infrautilizada y rechaza que se tengan que emplear factores puramente económicos en una instalación que tiene la misión de cubrir el déficit de agua en la Región de Murcia. Otro de los reproches del organismo fiscalizador es que se ha estado subvencionando hasta en un 95% el coste de producción del agua al municipio de Cartagena. El gerente del EPA contesta que en el primer año se ofreció el agua más barata «para ser competitivo y ofrecer tarifas por debajo del precio que oferta la Mancomunidad de Canales del Taibilla». «Esos cálculos entran dentro de los costes de explotación para llegar después a un punto de equilibrio».
Fuente: http://www.lasportadas.es/d/20130224/405/La-Verdad
No sé ni que opinar entre esto, el aeropuerto que no sirve para nada, las autopistas vacías y los hijos de puta ladrones que aún siguen en sus puestos. No hay quien nos saque de esta.
Mi comunidad está en bancarrota y lo que es peor, nadie hace absolutamente nada por enmendarlo. Es mejor que paguemos sus deudas a 200 años vista si total... Es lo único que se puede hacer...
