http://barrapunto.com/article.pl?sid=05/12/23/1914216&mode=nested
En vísperas navideñas, el Gobierno español ha filtrado una noticia al diario El País extraordinariamente preocupante: la creación de un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales que juzgará los contenidos de los medios de comunicación y podría poner multas, cortar temporalmente las emisiones de radios y televisiones y revocar licencias, todo ello sin necesidad de intervención judicial. El anteproyecto parece estar en la línea de la polémica ley catalana de lo audiovisual que acaba de aprobarse y que atribuye a un organismo (el CAC) designado por el poder político con potestad para juzgar los contenidos e incluso clausurar medios de comunicación.
Hasta ahora, como es normal en toda democracia, solo los jueces estaban facultados para interpretar las leyes y para juzgar los abusos relacionados con la libertad de expresión. Todos los medios (incluidos los afectos al Gobierno) han reaccionado con preocupación. Algunos comentaristas van más lejos y lo consideran una ruptura de la separación de poderes y una medida sin precedentes que devuelve España a la época de los tribunales gremiales de honor y abre la puerta a la censura gubernamental. Arcadi Espada, sugerente y pleno de ingenio como siempre, cree que la medida que usurpa a los jueces la capacidad de interpretar la ley tiene responsables muy concretos.
http://libertaddigital.com/noticias/noticia_1276268346.html
(Libertad Digital) Según informa "El País", el ministro de Industria prepara una ley para crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que imita a la de Cataluña. Este Consejo, cuyos miembros serán elegidos por el Parlamento y cuyo mandato será de seis años, tendrá competencias para "controlar, inspeccionar y sancionar a los operadores de radio y de televisión" que no defiendan "el pluralismo (incluido el lingüístico)" o vulneren "los principios de objetividad y veracidad de las informaciones, la no separación entre informaciones y opiniones, la vulneración del derecho al honor, la fama, la intimidad personal y familiar y la protección de la infancia y la juventud". La multas serán de hasta un millón de euros y la revocación de la concesión.
Serán faltas muy graves los mensajes o escenas que "fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social" y se sancionará al operador que incumpla las circulares y resoluciones dictadas por los órganos de control y supervisión.
Según "El País", la ley prevé la suspensión "temporal –de hasta tres días- mediante la emisión de una imagen en negro que ocupe toda la pantalla en los casos en los que las televisiones cometan infracciones muy graves". "La ley penalizará la emisión de mensajes cifrados o subliminales o aquellas señales de identificación que sean falsas o engañosas". Además, penalizará "la negativa, resistencia u obstrucción" a difundir "los comunicados o declaraciones" que el Gobierno "considere necesario difundir". El Consejo podrá, incluso, precintar los equipos y los aparatos de emisión.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mostró su apoyo a la ley Montilla. Según ella, tendrá como función "defender los derechos de los ciudadanos, no socavarlos" y se escuda en que las sanciones "son recurribles ante los tribunales". Según De la Vega, que se define como "defensora a ultranza de la libertad de expresión", considera que "la Ley fija los criterios a la hora de regular el sector, respetando algo tan sagrado como la libertad de expresión, pero si se ejerce un derecho de manera determinada... Hay una normas que hay que cumplir".
En declaraciones a la COPE, Enrique López, portavoz del CGPJ, ha explicado que "un órgano administrativo no puede tener competencias para tomar decisiones sancionadoras respecto a medios de comunicación por posibles vulneraciones o infracciones en el ejercicio de la libertad de prensa". Además, ha recordado que "estamos ante un derecho fundamental de la democracia" y que por esto confía en que el máximo órgano de los jueces sea consultado por el Gobierno para determinar las competencias del futuro órgano.
Desde el PP, su secretario general, Ángel Acebes, acusó al Gobierno de recuperar la censura para vigilar a los medios de comunicación a través de un órgano político. "No se trata –dijo Acebes– de un proyecto aislado, sino que se produce en todos los ámbitos", según Acebes, quién resaltó que diariamente medios de comunicación y periodistas sufren ataques por criticar a los socialistas, una situación "muy grave" al enmarcarse en la "Europa de las libertades".
Además, en rueda de prensa en la sede nacional del PP, se refirió a la "manipulación" y "purgas" que, a su juicio, están sufriendo los trabajadores de RTVE que "por no tener la fidelidad con el Gobierno, están menospreciados, infravalorados y se mantienen cruzados de brazos". Aseguró que esto es una realidad que no se producía desde hace mucho tiempo, por lo que manifestó su completo apoyo a estos empleados, ya que se trata de una situación difícilmente sostenible.
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/12/23/comunicacion/1135362635.html
MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el principal objetivo del Consejo Audiovisual, cuya ley para su creación estatal está pendiente de remisión al Parlamento, es "garantizar que se cumpla la ley". Pero para la oposición, es una manera de recuperar la censura.
En conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno hizo esta consideración al ser preguntada por la situación del anteproyecto del Consejo de lo Audiovisual, elaborado por el Ministerio de Industria, y también por el informe del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), respecto a la Cope.
Preguntada por el régimen sancionador del futuro Consejo Audiovisual, la vicepresidenta dijo que el régimen sancionador ya existe y corresponde a los tribunales ser la última garantía de los ciudadanos.
"Sobre todo -remarcó- lo que el Consejo va a tener es capacidad para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, no capacidad para sancionar; ahora, si se ejerce un derecho de una manera determinada, si se otorga una licencia con arreglo a unas condiciones, que luego no se producen, hay unas normas que hay que cumplir, y lo que hacemos no es socavar la libertad de expresión, sino establecer mecanismos para garantizarla; hablo en términos generales".
Tras indicar que el anteproyecto del Consejo Audiovisual está pendiente de los informes preceptivos para su remisión a las Cortes y su aprobación en el próximo periodo de sesiones, De la Vega recordó que España es el único país de la UE sin un órgano de autoridad audiovisual de ámbito estatal.
El PP dice que el asunto tiene una 'enorme gravedad'
Mientras, el secretario general del PP, Angel Acebes, ha acusado al Gobierno de recuperar la censura para vigilar a los medios de comunicación, mediante la creación del Consejo Audiovisual Estatal -que aprobará próximamente el Ejecutivo-, que tendrá la finalidad de controlar los contenidos de los mismos, e incluso, la capacidad de revocar las licencias, a través de un órgano político.
"No se trata de un proyecto aislado, sino que se produce en todos los ámbitos", según Acebes, quién resaltó que diariamente medios de comunicación y periodistas sufren ataques por criticar a los 'socialistas', una situación "muy grave" al enmarcarse en la "Europa de las libertades".
Los socialistas, abundó, quieren que no se les realice ningún tipo de crítica ni por la oposición ni por los medios de comunicación y "no están reparando en ningún medio para así lograrlo".
El PP, añadió, va a estudiar esto con todo detenimiento porque tiene una "enorme gravedad" y supone un "retroceso en la libertad de información".
Prensa en contra, periodistas a favor
Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Fernando González Urbaneja, advirtió de que "puede ser muy peligroso" que el Gobierno confiera al anunciado Consejo Audiovisual Estatal de capacidad de control sobre los contenidos de los medios.
En declaraciones a la Cadena COPE recogidas por Europa Press, González Urbaneja aseguró que cualquier Consejo Audiovisual "sólo debe servir para ordenar el sector y evitar el partidismo".
El presidente de la FAPE recordó también que en "España tenemos una corta tradición en la libertad de expresión y sería muy peligroso que este Consejo entrara en los contenidos puesto que además podría vulnerar el artículo 20 de la Constitución".
En cambio, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) defendió la necesidad de que el Consejo Audiovisual Estatal vigile el respeto de los medios audiovisuales a la Constitución y "sancione el incumplimiento de los criterios deontológicos periodísticos elementales".
La organización asegura que siempre ha defendido la necesidad de que la profesión periodística sea regulada por ley "para garantizar que se va a cumplir el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz".
Según informaron a Europa Press en fuentes oficiales, el anteproyecto de ley del Consejo Audiovisual Estatal, que ya se presentó en el Consejo de Ministros del pasado 23 de junio como parte de las reformas del sector audiovisual, ya ha sido visto por el Consejo de Estado y será remitido al Congreso junto a la Ley General Audiovisual en las próximas semanas.
