Fuentes:
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/01/espana/1296569833.html
Uno de los tres teléfonos de la Subsecretaría del Ministerio del Interior desde los que se hicieron llamadas a los imputados por el chivatazo en los días anteriores y posteriores al soplo pertenece al secretario de Estado de este Departamento, Antonio Camacho.
Además, un segundo teléfono de esos tres, en este caso un número fijo, corresponde a una centralita del Ministerio del Interior, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación que, sin embargo, no lograron identificar al usuario del otro teléfono móvil.
Los tres números de teléfono han sido facilitados en su integridad en el auto firmado por el juez Ruz. De esta forma, el número 6867XXXXX pertenece a Antonio Camacho y el 9153XXXXXX es el de la centralita del Ministerio del Interior. El usuario del tercer número, el 6294XXXXX, es el que las fuentes consultadas no han podido identificar.
Esta tarde, Pablo Ruz había pedido identificar a los titulares de los tres teléfonos. En un auto el magistrado de la Audiencia Nacional considera "pertinente, necesario, útil y posible para los fines de la investigación" practicar ocho nuevas diligencias en el caso del chivatazo a la banda terrorista ETA. Algunas de estas pruebas fueron solicitadas por de la acusación popular –ejercida por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)-; otras, por el Ministerio Fiscal –que tras cambiar de criterio pide ahora investigar los hechos- y, una última, por uno de los imputados en el soplo a la red extorsión, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies.
Entre todas ellas, la más relevante por el calado político que conlleva es la orden de identificar a los titulares de los tres números de teléfonos dependientes de la subsecretaría del Ministerio de Interior que en los momentos previos y posteriores a que se produjera el soplo en el bar Faisán de Irún mantuvieron constantes contactos con los presuntos responsables del delito.
Actualmente, en la causa están imputados el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, un inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros y Pamies. Detrás del soplo, según el juez, podrían haberse cometido dos delitos: uno, de revelación de secretos por parte de un funcionario público y, otro de colaboración con banda armada. El primero de ellos está penado con hasta tres años de prisión, mientras que el segundo de ellos con un máximo de diez años de cárcel.
En la resolución judicial, Ruz accede este martes a que se identifique a los usuarios de los teléfonos dependientes del Ministerio que encabeza Alfredo Pérez Rubalcaba pero no a su citación en estos momentos, tal y como pedían las víctimas. Sin embargo, el magistrado no cierra la puerta a que los miembros de Interior sean citados cuando ya hayan sido identificados. "Una vez realizada dicha identificación se dictará por este instructor el pronunciamiento oportuno respecto de la solicitud interesada de declaración testifical por parte de quienes resultaran identificados como tales usuarios", subraya el juez en el auto.
Además, el magistrado que sustituye a Baltasar Garzón –quien tuvo paralizada la investigación de los hechos durante más de tres años- pide al equipo investigador del chivatazo, dirigido por Carlos G., un "informe ampliatorio" sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar de Joseba Elosúa y reclama a sus miembros que las pongan en relación con su anterior informe, en el que no aparecían por carecer de "relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados".
Testificales el próximo día 8
Asimismo, Pablo Ruz solicita a la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía que le explique si hay algún informe sobre la actuación llevada a cabo por los propios investigadores del escándalo que el juez califica como "hechos criminales graves" hasta en dos ocasiones en la citada resolución judicial.
Por otro lado, el juez también ordena la citación judicial en calidad de testigo del comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), que elaboró un informe en el que defendía que durante el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, Carlos G. "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre". Este agente fue apartado posteriormente del caso por el Ministerio de Interior.
El instructor también acuerda citar a declarar el próximo lunes al jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de San Sebastián, para que explique su participación en la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA. Dos de sus subordinados declararon durante la instrucción que "conocía todas y cada una de las informaciones restringidas que se transmitieron" al propietario del bar 'Faisán'.
De la misma forma, Ruz solicita, a instancias de la AVT, que se cite ese mismo día al comisario provincial de San Sebastián, Fernando Amo García. Su nombre aparece en una conversación en la que el jefe superior de Policía en el País Vasco le indicaba al periodista de La Razón, Jesús María Zuloaga, que Amo le había pedido que le asignara unidades de intervención policial (UIP) porque, según decía, "los de Madrid iban a tirar, que será lo de Faisán".
Además, está previsto que el día 8 también comparezcan como testigos tanto Zuloaga como el inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián y la jefa de la Sección de Análisis de este cuerpo. Con estas dos últimas declaraciones, el juez pretende aclarar las "contradicciones apreciadas" en sus diversos testimonios.
Diligencias rechazadas
Pero no todas las pruebas solicitadas han sido aceptadas por el instructor. Por el contrario, Ruz rechaza que se realice "un informe ampliatorio sobre los teléfonos prepago que efectuaron o recibieron llamadas en los alrededores del 'Faisán'", al considerar que "en el presente estadio" no es pertinente porque esta misma diligencia ha sido solicitada al Cuerpo Nacional de Policía.
El magistrado de la Audiencia Nacional tampoco acepta, como pedía la AVT, que se "identifique si hubo algún funcionario policial" que desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo de 2006 "accediera a la base de datos del DNI para realizar consulta alguna relativa a Joseba Elosua o al vehículo Ford Focus de su propiedad". El juez entiende que esta diligencia "ya fue practicada en el pasado, habiéndose agotado ya dicha línea de investigación".
Sin lugar a dudas, estas medidas adoptadas por el sustituto de Garzón suponen un impulso a la investigación del chivatazo a ETA. Aparte de las citadas diligencias, el magistrado ya ordenó el pasado día 24 practicar otras muchas. En tanto, Ruz mantiene secretos nueve folios de la comisión rogatoria enviada por la juez antiterrorista de Francia, Laurence Le Vert que, según sus pesquisas, son fundamentales para el "total esclarecimiento" del caso.
El juez Ruz pide la identificación de tres teléfonos que mantuvieron contacto constante y tráfico de llamadas con los supuestos responsables del caso Faisán. La titularidad de estos teléfonos sería de distintos cargos del Ministerio del Interior.
Parece ser que el sucesor de Garzón hace su trabajo. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Se pedirán responsabilidades? ¿Dimitirán los responsables? Obviamente, no.
