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Exteriores pagó 12.000 euros a una asociación afín al etarra Landa
El Ministerio de Asuntos Exteriores subvencionó durante dos años consecutivos —2008 y 2007— con una dotación total de 12.000 euros a una organización que denunció en mayo de 2009 ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que la detención en febrero de 2008 del etarra Karmelo Landa Mendibe era “arbitraria e ilegal” y, por ello, solicitaba a la institución comunitaria su libertad.
La organización, denominada Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), recibió de la cartera de Moratinos dos subvenciones por organizar, según consta en el BOE, un seminario con expertos africanos sobre el derecho humano a la paz y una reunión regional de expertos surafricanos sobre el derecho a la verdad y la justicia en el contexto del derecho humano a la paz. Estas ayudas fueron concedidas por la secretaría del ministerio en el marco de “subvenciones concedidas para actividades de divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos”.
El Ministerio de Exteriores no es la única administración que colabora con esta controvertida asociación. Las actividades de la AEDIDH se realizan también, según su web, “con el patrocinio de los Gobiernos regionales del Principado de Asturias, País Vasco y Cataluña, a través de sus respectivas agencias regionales de cooperación al desarrollo”. La Fundación Cultura de Paz de Madrid también ha contribuido a la financiación de esta organización, y el Centro Unesco del País Vasco es, además, “socio estratégico” de la asociación que dirigen Carlos Villán y Carmelo Faleh, presidente y secretario general, respectivamente.
Ambos remitieron el 18 de mayo de 2009 una queja ante la ONU en nombre del ex líder de la ilegalizada Batasuna y de sus familiares por la detención “arbitraria e ilegal” de Landa. En ese escrito, los miembros de la asociación subvencionada por el Gobierno, solicitan a Naciones Unidas “que declare la arbitrariedad de la detención” y “recomiende a España la adopción de una reparación económica”. En el cuarto punto de dicha queja piden “que se restauren todos sus derechos humanos y libertades fundamentales”, así como que se le permita “ejercer sus actividades políticas de manera libre y pacífica”.
El etarra para el que piden la libertad es un histórico dirigente de la ilegalizada Herri Batasuna (H, que fue detenido en numerosas ocasiones y en 2005 fue procesado por pertenencia a ETA y nuevamente detenido en febrero de 2008 por orden del juez Baltasar Garzón, motivo por el que permanece en prisión incondicional. En el arresto, por el que AEDIDH se quejó ante la ONU, se produjeron “tratos crueles, inhumanos o degradantes”. “Nuestro defendido —continúa el escrito— fue sacado de la casa y expuesto a cámaras de televisión”, en lo que tachan de “asalto policial-mediático”.
Contra la tortura
Coincide que AEDIDH es uno de los firmantes del Manifiesto de Madrid para la Erradicación de la Tortura y los Malos Tratos, en el que numerosas organizaciones afirman que se “debe terminar la jurisdicción especial de la Audiencia Nacional para la represión de los delitos de terrorismo”, argumento utilizado repetidamente por ETA contra la Justicia española.
Por este mismo motivo, la asociación afín a Landa presentó ante la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas un informe pagado por el Gobierno de Juan José Ibarretxe, en la que se denunciaba que “la tortura es un serio problema en España”.
En ese informe, como en el remitido por los promotores de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) a la ONU para solicitar la liberación de Karmelo Landa, se carga contra la "incomunicación de los detenidos", una de las batallas que han planteado en innumerables ocasiones las asociaciones vinculadas a ETA. Para los miembros de esta asociación, el momento en el que los detenidos están incomunicados es en el que se producen la mayoría de los malos tratos. En ese estudio, pagado por el Gobierno vasco se detallan numerosos métodos presuntamente frecuentes utilizados por la Guardia Civil para torturar a los detenidos por terrorismo, según denuncian los afines a Karmelo Landa.
Eso sí, dicho informe exculpa a la Ertzaintza de la etapa de Ibarretxe de ser responsable de alguno de esos malos tratos dcontra detenidos.
Vergonzoso. Dinero público para una organización que se dedica a denunciar a España de torturar etarras. Siento asco.