Durante su etapa como alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón firmó un contrato muy suculento para Ferrovial y ACS gracias a la M-30 que les permitía ganar dinero durante 20 años por intereses en sobrecostes por obras que ni siquiera ejecutaron. Así se desprende de los documentos de la comisión de investigación del Ayuntamiento a los que ha tenido acceso El Confidencial.
Emesa, empresa que gestiona la M-30 de Madrid participada por Ferrovial y ACS, solicitó modificar el contrato en 2007 para introducir nuevos costes (valorados en 1.632 millones de euros) que se inflaron con unos intereses del 5,5% anual durante 20 años hasta la amortización del principal. Una parte de estos sobrecostes se pagan en forma de intereses que van directamente al beneficio de las empresas, según informa El Confidencial.
Según la citada documentación, estos beneficios en forma de intereses para Ferrovial y ACS ascienden ya a los 12,7 millones de euros. El motivo es que la firma que se encarga de la gestión de la autopista, Emesa, logró incluir en el contrato que firmaron en 2007 varias modificaciones en inversiones que consideraba necesarias. El Ayuntamiento nunca habría sido informado porque estos documentos no habrían sido incluidos en la memoria económica y técnica que se entregó al Consistorio.
El informe asegura que "estaremos pagando a la finalización de los 20 años un 60% más por la sobrefinanciación dirigida a empresas privadas", como resultado del abono anual de intereses.
Según El Confidencial, el pago de los intereses se hizo desde el primer año, pero las constructoras no cumplieron tan a rajatabla con la ejecución de las obras. De hecho, estuvieron cobrando durante nueve años sin hacer las obras a las que se comprometieron. Algunas incluso no llegaron a ejecutarse hasta que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, amenazó con expedientar a Emesa.
El pufo dejado por Gallardón no se queda ahí. Según los informes de la comisión de investigación, el Ayuntamiento no sólo tiene que pagar a Ferrovial y ACS durante 20 años, sino hasta 2040, cuando finaliza la concesión de la gestión de la M-30.
Público ya informó en marzo de este año de que la comisión de investigación había detectado opacidad en materia de contratos y partidas presupuestarias; externalizaciones de dudosa eficacia; y cientos de millones de euros en sobrecostes de obras públicas para multiplicar el volumen de deuda de la capital por siete en apenas una década. Entre estas dudosas operaciones se hacía referencia a la M-30, cuyas obras costaron 1.632 millones de euros más de lo presupuestado.
Los pufos de Gallardón relacionados con la M-30 no quedan ahí. Hace unos días, se informaba de proyectos de soterramiento y remodelación de la M-30 que no se llegaron a realizar por parte de la adjudicataria, Inocsa.
Desde luego que son unos gestores de puta madre
