El Índice Global de Delincuencia Organizada, que analiza 15 mercados criminales en 193 estados de la ONU, concluye que nuestro país obtiene una "puntuación de criminalidad" de 5,90, un guarismo que lo ubica en el furgón de cola del continente, únicamente superado por Serbia (6,22), Italia (6,22), Ucrania (6,48) y Rusia (6,87).
Ese dato supone un incremento de 0,12 puntos con respecto al anterior informe. España supera en más de uno la media europea y mundial (4,74 y 5,03, respectivamente), aunque no es una excepción. Ejemplifica una preocupante tendencia continental tras la pandemia del coronavirus, ya que únicamente siete de los 44 países estudiados mejoran su situación y reducen la influencia de esta modalidad criminal.
En este trabajo académico, en el que han participado 400 expertos de todo el mundo, se reafirma en que nuestro país es clave para las redes de trata de personas destinadas a la explotación sexual y laboral y, como constatan las imágenes de estos últimos días en la isla de El Hierro, un escenario ineludible por las organizaciones que se lucran con la inmigración irregular.
Sobre este último fenómeno delictivo, con un importante poder de desestabilización política y social porque aviva discursos extremistas, hace hincapié en que, además de los grupos criminales que operan fuera de las fronteras españolas, "también existen organizaciones de tráfico de migrantes asentadas en el país y que están utilizando las estructuras de las redes de narcotráfico para introducir personas en el país".
El estudio explica que en España "no existe una única organización poderosa, pero en lugar de convertirse en una zona de guerra al estilo mafioso, es un laboratorio del crimen organizado donde las bandas intercambian experiencias y desarrollan nuevos métodos para sus actividades ilícitas". Las organizaciones delictivas que operan en nuestro país "son grupos especializados interdependientes que se prestan servicios entre sí".
El aumento de la corrupción entre los actores estatales en el sur del país "plantea un desafío importante" a la hora de combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad pública, se plasma en el Índice Global de Delincuencia Organizada, que también apunta que sus niveles se consideran "generalmente moderados". “Si bien el Gobierno podría mejorar su transparencia y su marco institucional y legal anticorrupción, en gran medida, es capaz de combatir este problema y garantizar condenas”, aclaran los expertos.
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