Soledad Gallego-Díaz se moja
Demasiadas autoridades competentes
[El procedimiento] dice inspirarse en el Plan de Acción para la lucha contra la desinformación aprobado por el Consejo Europeo en 2018, pero éste trataba fundamentalmente de fortalecer la cooperación entre Estados miembros para hacer frente a las campañas de desinformación en época electoral. El texto español alude también al posterior European Democracy Action Plan, que habla efectivamente de la necesidad de elaborar planes nacionales contra esas campañas (pone como ejemplo la desinformación respecto a la epidemia de covid-19), pero, sobre todo, lo que el documento europeo pide es fortalecer el periodismo profesional, mediante el fomento del pluralismo y la mejora de las condiciones de trabajo de los periodistas, campañas de publicidad institucional para “alfabetizar” a los ciudadanos sobre los peligros de la desinformación, una transparencia total sobre la propiedad de los medios digitales y robots que nacen y desaparecen en virtud de esas campañas y, muy especialmente, apoyar las iniciativas de la sociedad civil. De todo esto no aparece, de momento, ni una palabra en el contexto del procedimiento español, dedicado casi en exclusiva a identificar la multitud de órganos, organismos y autoridades que forman el sistema de control, muchos de ellos peligrosamente cercanos al poder político.
Resulta particularmente inquietante que el Procedimiento hable del “Sistema Nacional para la prevención, detección, alerta, seguimiento y respuesta cuyas causas, medio y o consecuencias están relacionadas con la desinformación” pero que en ningún momento aclare cuál puede ser esa respuesta, (¿multas, prisión?). Tampoco tranquiliza la escueta mención a la sociedad civil y al sector privado: se reconoce que la sociedad civil es fundamental en la lucha contra la desinformación y a continuación se limita a señalar que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de aquellas organizaciones o personas cuya contribución considere oportuna y relevante”.