El nuevo proyecto para Formación Profesional, presentado por Pedro Sánchez, estará dotado con 1.500 millones para cuatro años
Ante las previsiones de un empeoramiento del desempleo, con un probable retorno a los peores años de la crisis económica precedente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha marcado una prioridad dentro de su estrategia para fomentar la Formación Profesional: conseguir que, al menos, 3,3 millones de españoles con experiencia profesional pero sin titulación puedan acreditar sus años de trabajo. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno en una rueda de prensa en la que ha presentado la segunda fase del Plan Estratégico de Formación Profesional, que prevé una inversión de 1.497 millones de euros en cuatro años.
La FP, con su “capacidad de incorporar innovación con la agilidad que los sectores productivos necesitan”, se perfila “como uno de los motores en el crecimiento económico y social tras esta crisis”, defiende el texto del plan, cuya primera parte se inició en 2018. La iniciativa también contempla ampliar la oferta de Formación Profesional con 200.000 nuevas plazas en cuatro años y la creación de nuevas titulaciones vinculadas al mundo digital.
La inversión inicial del programa para 2020 es de 316 millones de euros, y la mayor partida (127 millones) se destinará a la llamada acreditación de competencias básicas y profesionales. Se trata de un proceso con el que aquellas personas que han adquirido sus destrezas laborales desarrollando una actividad profesional, pero que no cuentan con una titulación, puedan someterse a unas evaluaciones, que suelen incluir pruebas prácticas, para demostrar sus conocimientos y recibir a cambio un reconocimiento oficial de sus habilidades. Esta, además del valor que puede tener en el mercado laboral, les permitirá seguir estudiando para obtener un título de FP, ahorrándose la parte de los temarios que han acreditado que ya dominan.
Con el modelo actual, son las comunidades autónomas las que convocan de forma puntual los procedimientos para la acreditación de competencias, un hecho que según el Gobierno “limita enormemente” el proceso. Por ello, la principal novedad es que esas convocatorias serán a partir de ahora permanentes, es decir, los aspirantes podrán solicitar en cualquier momento la evaluación.
