Hacienda exige a la Generalitat detallar los pagos a personas y empresas afines al ‘procés'
El Gobierno central a través del Ministerio de Hacienda ha enviado un nuevo requerimiento a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, para que remita un prolijo informe detallando al extremo los pagos a empresas, personas y entidades afines al ‘procés’ desde 2015 hasta la actualidad. Pero se trata de remitir “la totalidad de los pagos efectuados” y “por cualquier concepto”, presumiblemente con el objetivo de fundamentar un posible delito de malversación como consecuencia de las diferentes causas relacionadas con el ‘procés’ que se instruyen actualmente. De hecho, la minuciosa petición reclama a la interventora que haga todo lo que sea necesario para recabar esa información aun cuando ella no tenga acceso directo a la misma, en cuyo caso le insta a reclamarla a los órganos competentes.
Pero el requerimiento no se limita a reclamar el importe detallado de lo abonado en los casos que se indican sino que también se exige “identificar a los funcionarios, empleados públicos o autoridades responsables de dichas actuaciones”. Por si fuera poco, Hacienda apercibe a Vidal Planella por la respuesta remitida anteriormente para evitar el envío de documentación. En este sentido, el Gobierno le recuerda que está habilitada a través de una orden “de medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de Catalunya la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general”, para obtener la información relativa a gastos y pagos “del conjunto de entidades dependientes de la Generalitat”. La información que debe recabar la interventora debe ser remitida a la Secretaría de Estado de Hacienda antes del día 12 de marzo a las 10:00 horas.
La información que debe recabar la interventora debe ser remitida a la Secretaría de Estado de Hacienda antes del día 12 de marzo a las 10:00 horas
En la lista de Hacienda aparecen numerosos medios de comunicación o empresas ligados a ellos, pero se centra sobre todo en el posible pago, partidas, ayudas o subvenciones a las diversas sociedades vinculadas al grupo Mediapro y al diario Ara . En este último caso, Hacienda también incluye en la lista los nombres de periodistas del diario como Antoni Bassas, Toni Soler, Albert Om o Xavier Bosch. De la misma forma también figura la empresa Agroalimen, propiedad como el diario Ara de la familia Carulla.
En el ámbito de la comunicación, la publicidad o la organización de eventos también aparecen Editorial Alpha, Trotemi SL, y algunas empresas administradas por Oriol Soler Castanys, como Democratizing the Future Society SL, Dilema Comunicació, Ara Llibres, Contrapunt, Grup Cultura 03 y Sapiens Publicaciones, todas ellas incluidas en la lista que remite Hacienda a la interventora en esta ocasión. Oriol Soler, empresario de largo recorrido en el ámbito de los medios de comunicación, es presidente de la cooperativa editorial SOM (antes Grup Cultura 03), fue uno de los fundadores del diario Ara y está considerado como uno de los cerebros en la sombra de la hoja de ruta de ruptura llevada a cabo por Carles Puigdemont en la anterior legislatura.
En la lista de Hacienda aparecen numerosos medios de comunicación o empresas ligados a ellos, pero se centra sobre todo en el posible pago, partidas, ayudas o subvenciones a las diversas sociedades vinculadas al grupo Mediapro y al diario ‘Ara’
En la lista se apunta a destacadas publicaciones como la revista Sapiens , así como al periodista y editor catalán Eduard Voltas, exdirector de Sapiens y actual consejero delegado de la revista Time Out.
La relación de Hacienda también afecta directamente a ERC a través del entramado de empresas que el partido creó a través de la Fundació Josep Irla allá por el 2006 bajo la dirección de exconseller Xavier Vendrell y que tuvo a Santiago Bracons como fundador y tesorero de algunas de ellas. De hecho, todas las sociedades surgidas entonces aparecen en la lista: Gis Const Arq SL, Eix de Serveis i Projectes Societaris, Origen Televisió SL, Radio Fusté SL, Produccions La Terra Jove SL, Empreses i Recursos Contemporanis SL o Filtrajes Industriales SL. Todas ellas tenían el domicilio en la sede social central de ERC, en la calle Calabria de Barcelona.
La relación de Hacienda también afecta directamente a ERC a través del entramado de empresas que el partido creó a través de la Fundació Josep Irla allá por el 2006 bajo la dirección de exconseller Xavier Vendrell
La lista de los señalados por Hacienda es extensa y también incluye peticiones concretas que afectan al extinto Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA), en cuyo caso se solicitan los pagos con cargo a fondos públicos para “cada una de las becas, artículos y capítulos de libros” que detalla la propia lista de Hacienda. También se apuntan a casi una treintena de seminarios multimedia y conferencias organizados por el mismo organismo creado en 2016, dirigido por el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, dependiente del Departament de Presidència y que se encargó de desarrollar el autogobierno de Catalunya.
El citado organismo, que acumuló un gasto de 1.046.298,53 euros en 2016 y aumentó ese importe en 120.000 en 2017 hasta los 1.166.927,67 euros, también organizaba la concesión de un premio dotado con 20.000 para premiar estudios científicos sobre la autonomía política y el federalismo, sobre el que Hacienda también pone el ojo, así como el coste del informe del IEA que estudiaba los procedimientos legales a través de los cuales los catalanes pueden ser consultados sobre el futuro político, elaborado por el exresponsable de la entidad.
Incluye peticiones concretas que afectan al extinto Institut d’Estudis d’Autogovern, en cuyo caso se solicitan los pagos con cargo a fondos públicos para “cada una de las becas, artículos y capítulos de libros” que se detallan
El requerimiento de Hacienda también es especialmente exigente a la hora de reclamar información relativa a empresas relacionadas con los medios informáticos, telemáticos y de seguridad informática de la Generalitat. Señala directamente a “la totalidad de los pagos efectuados por cualquier concepto” a T Systems ITC Iberia, IBM Global Services España, International Business Machines y DXC Technology Spain. En este capítulo también reclama que se detalle en forma y contenido “cualquier contrato menor, de servicios, de obra, de suministro...” celebrado por parte del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) o del CESICAT desde 2015.
Por último, el requerimiento se refiere al DIPLOCAT para aclara dos cuestiones concretas: una relativa a las cuentas anuales de la entidad de 2016, en particular “por qué no se han aprobado todavía dichas cuentas”, y identificar a la persona u organismo que llevó a cabo la auditoría de las mismas. En segundo lugar, Hacienda pide aclara si existe algún pago a la entidad Wim Kok Refund, un concepto que desde la Agencia Tributaria recibieron información, a instancias del juez de instrucción número 13 de Barcelona y a través de la entidad bancaria, del cobro por parte del Diplocat de 54.030 euros mediante una transferencia realizada el 6 de octubre de 2017 y procedente de una cuenta en Reino Unido.
También se reclama “cualquier contrato menor, de servicios, de obra, de suministro...” celebrado por parte del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) o del CESICAT desde 2015
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, recuerda a Vidal Planella la “habilitación legal” para recabar y remitirle la información solicitada en anteriores requerimientos. Al no haber satisfecho anteriormente las solicitudes previas, el número dos de Hacienda vuelve a reclamar que se detalle “la concesión de ayudas y/o subvenciones” entre 2015 y 2017 por parte de cualquier entidad pública a la AMI, la ANC, Òmnium Cultural, Súmate, Assemblea.cat, Procés Constituent, así como a personas vinculadas a estas entidades, como Neus Lloveras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Antoni Carner o Alícia Casals.
Fuente original de La Vanguardia.
Lo dicho, tanto quejarse del PP pero resulta que ellos no sólo son iguales, son peores. Espero que paguen por cada uno de los delitos y robos que han hecho a la Generalitat y España en general.
