Investigan el mayor fraude en la historia española

Griñán aprobó una ley en 2009 que facilitó el fraude masivo de los fondos de formación


La investigación para esclarecer el alcance del presunto fraude masivo de las subvenciones para formación de desempleados en toda Andalucía está dando los primeros pasos, pero los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya manejan numerosos indicios que apuntan a que la estafa habría contado con la colaboración imprescindible de los diferentes Ejecutivos socialistas que han gobernado la Junta en los últimos años. Según fuentes próximas a las pesquisas consultadas por El Confidencial, el Ejecutivo socialista que presidía José Antonio Griñán aprobó en 2009 una nueva regulación de las ayudas a la formación que habría favorecido intencionadamente el reparto descontrolado de esos fondos. Los agentes de la UDEF estiman que el fraude total podría acabar superando los 2.000 millones de euros, la mayor malversación de dinero público que se haya producido nunca en la historia de España.

La modificación legal que ha despertado la sospechas de los investigadores se produjo en el otoño de 2009, medio año después de que Griñán relevara a Manuel Chaves al frente de la Junta. La Consejería de Empleo sacó adelante una orden que estableció unos procedimientos completamente nuevos para la tramitación de las subvenciones de los cursos a desempleados. En teoría, esa orden tenía como único objetivo adaptar a la normativa andaluza un Real Decreto sobre la misma materia aprobado dos años antes por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (RD 395/2007). Pero, según fuentes de la investigación consultadas por este diario, “la Junta aprovechó esa orden para derogar toda la legislación previa sobre esta cuestión y colar agujeros legales que permitieron institucionalizar el fraude masivo con los fondos de la formación”. “En la práctica”, prosiguen estas fuentes, “la Junta eliminó cualquier tipo de control sobre estas ayudas”.
En concreto, la atención de los agentes se centra en la orden aprobada por la Consejería de Empleo el 23 de octubre de 2009 que publicó el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 3 de noviembre de ese mismo año, sólo unos días después. Una de las mayores innovaciones que introdujo esa normativa, según los expertos consultados, fue la posibilidad de que los solicitantes de las ayudas recibieran automáticamente en sus cuentas bancarias el 75% del importe total concedido sin la necesidad de someterse a un control previo.

Hasta que se aprobó esa orden, los fondos se entregaban tras la realización de los cursos. A partir de 2009, sin embargo, la Junta comenzó a repartir anticipos millonarios de forma incontrolada. Sobre el papel, las empresas, sindicatos y patronales interesados en acceder a este tipo de ayudas debían reunir una larga lista de requisitos. Pero los investigadores han detectado que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el organismo encargado de fiscalizar estos fondos hasta 2013, daba generalmente por buena toda la documentación que le llegaba. Sólo pedía a los solicitantes que declararan por escrito que cumplían los preceptos de la nueva orden. Con ese simple escrito, el 75% de la subvención era ingresado automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

La orden de la Consejería de Empleo dejaba el 25% restante pendiente de la presentación de una auditoría tras la finalización de los cursos. Sin embargo, los agentes han comprobado que las empresas, sindicatos y patronales implicadas en el presunto fraude renunciaban por sistema a cobrar ese último 25% o remitían falsas auditorías para conseguir el total de la ayuda. En casi ninguno de los casos estudiados hasta ahora el SAE habría actuado de oficio contra esas compañías o asociaciones sospechosas para averiguar el destino real que tuvieron los fondos de formación, y en menos supuestos aún se ha detectado que la Junta reclamara a esos beneficiarios la devolución total de la ayuda.

Subcontratación en cadena de los cursos

Las fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario también señalan que la orden de 2009 permitió que las sociedades receptoras de las ayudas subcontrataran la realización de los cursos con otras compañías, una opción que rechaza la Ley General de Subvenciones de 2003, una normativa de rango superior a la aprobada por la Junta y que por tanto el Ejecutivo socialista tendría que haber respetado. En concreto, esta otra presunta irregularidad habría promovido el fraude favoreciendo la subcontratación sucesiva de los cursos hasta crear una cadena inescrutable de sociedades que en la práctica impedía conocer la identidad del verdadero destinatario de la ayuda. Los agentes de la UDEF ya han constatado que detrás de sociedades mercantiles supuestamente distintas se encontraba en realidad la misma persona.

Asimismo, las mismas fuentes próximas a la operación Edu subrayan que la farragosa redacción de la nueva normativa generó un galimatías jurídico que abrió la puerta a todo tipo de irregularidades. Para ser una simple norma de rango autonómico, la orden en cuestión de la Consejería de Empleo consta de 108 artículos, ocho disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y cuatro anexos. Además, hay artículos que se contradicen entre ellos o son directamente desactivados por los siguientes. Según los expertos, la orden contiene tantas exenciones y es tan milimétricamente confusa que es difícil no concluir que se diseñó con el único propósito de favorecer que el riego por aspersión de los fondos empapara hasta en el último rincón de Andalucía.

La implicación del exconsejero imputado

La polémica orden de 2009 lleva la firma del entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández García, imputado en 2012 por el caso de los ERE, hasta la fecha, el mayor escándalo de corrupción vinculado con los gobiernos socialistas de la Junta. Fernández se convirtió en 2012 en el primer exconsejero andaluz en ingresar en prisión por una presunta malversación de fondos públicos. Se le acusa además de prevaricación y tráfico de influencias. Entró en la cárcel en abril de 2012 y salió cuatro meses después tras abonar una fianza de 450.000 euros.

Curiosamente, Fernández, antes de ser nombrado consejero de Empleo en 2004 por Chaves y mantenido luego en el puesto por Griñán, había trabajado como abogado laboralista para UGT y CCOO, dos de las organizaciones más favorecidas por las ayudas a la formación de parados. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ya ha iniciado los trámites para solicitar la imputación por el mismo escándalo del predecesor de Fernández en la Consejería de Empleo, el también socialista José Antonio Viera, actual diputado en el Congreso.