Juristas claman contra decretazo de Sánchez para violencia de género

Esos cambios, aceptados en mayor o menor medida, contrastan con la crítica general por parte de la mayoría de los juristas especialistas en Derecho Civil y de Familia. Se refiere principalmente al cómo. Alertan del peligro de la modificación a golpe de Real Decreto del Código Civil, una norma "esencial de nuestro ordenamiento". No había ocurrido en los 40 años de Constitución y, además, afecta ahora a instituciones tan importantes como patria potestad o el reconocimiento de la violencia de género.

Los delitos de violencia de género precisaban hasta ahora de una sentencia o una decisión judicial a los efectos de acceso a prestaciones por parte de la víctima. El Real Decreto otorga el mismo papel a los servicios sociales o de acogida, a la Administración y a Fiscalía, además, "por cualquier otro título que ni siquiera se especifica". Entienden muchos juristas que esta equiparación no está sometida al principio de defensa, no exige ni siquiera la condición de víctima y que vulnera de forma flagrante la presunción de inocencia, la seguridad jurídica y el derecho al honor, por el baldón social que supone para el presunto autor de unos hechos gravísimos.

Se trata de la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, en el que se regula quién puede reconocer la existencia de una situación de violencia de género. La abogada Verónica del Carpio, profesora de Derecho Civil en la UNED, critica que el decreto-ley haga una "equiparación sin garantías" entre una sentencia y un informe administrativo, "no fiscalizable jurídica o judicialmente de ninguna forma porque los informes no se pueden recurrir y no sometido a las reglas del principio de defensa".

Una iniciativa así, añade Verónica del Carpio, en la que se declara delincuente a alguien por la vía administrativa, "puede tener efectos jurídicos demoledores". Aparte del baldón social, "incluso años después, en materia de patria potestad, herencia, adquisición de la nacionalidad española, apellidos de la prole y quién sabe cuántos más ámbitos".

Por otro lado, el Gobierno ha modificado la esencia de la patria potestad respecto al catálogo de actos que requiere la decisión común de los progenitores. De acuerdo con el nuevo artículo 156 del Código Civil, cuando haya una sentencia condenatoria o simplemente cuando se haya iniciado un proceso penal contra un progenitor "por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de éste –perjudicado o supuesto perjudicado– para la atención y asistencia psicológica de los menores de edad".

Priva a uno de ellos, por tanto, de la capacidad de decisión sobre la prole incluso sin que haya sentencia. Y regula también la capacidad de obrar de menores de 16 años. En el caso de los hijos e hijas mayores de dieciséis años, en cambio, se precisará en todo caso el consentimiento expreso de éstos para recibir asistencia psicológica.

Del Carpio recuerda que la patria potestad, la familia y las relaciones paterno-filiales están dentro del Título I de la Constitución. Por ello, no están sujetos a modificación mediante un Decreto Ley. A su juicio, el objeto no reúne los requisitos que exige la Constitución Española: ser caso de "extraordinaria y urgente necesidad" y, además, tratarse de una materia susceptible de regulación por esa vía.

Para la civilista, este ‘decretazo’ constituye un peligroso precedente. "Me resisto a creer que nadie que reflexione un poco pueda querer dejar en manos de un Gobierno el Código Civil por real decreto-ley. Habrá otros muchos sucesivos Gobiernos del mismo signo o de muy distinto signo. Absolutamente ninguna materia faculta a un Ejecutivo ni a ningún legislador a vulnerar principios esenciales de la Constitución y del Estado de Derecho, por muy loable y compartible que sea el objetivo".
Por otro lado, la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género compondrán uno de los ejes de competencias propias con la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. En este sentido, se valora la cercanía de la Administración municipal con las víctimas.