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El Gobierno actuará contra Mas por fraude de ley si saca urnas a la calle.
El Gobierno estudiaba ayer minuciosamente la declaración de Artur Mas y las distintas vías a las que podría intentar acogerse para llevar a cabo el «sucedáneo» de referéndum independentista del próximo 9 de noviembre. A la espera de que el president oficialice a través de un instrumento formal su decisión y desvele el marco legal al que se acoge, el Ejecutivo cree que todo apunta hacia un proceso en fraude de ley.
Los servicios jurídicos del Estado analizan ya los «marcos legales preexistentes», como los definió el propio Mas, que podrían ser utilizados por la Generalitat.
Para recurrir nuevamente por inconstitucionalidad es necesario que el president formalice mediante un acto legal su decisión, ya que en caso contrario no habría objeto a impugnar. Esta formalización podría hacerla basándose en el título III de la Ley de Consultas, una parte del texto que no ha sido cuestionado por el Gobierno; en el artículo 122 del Estatut que le reconoce facultad para convocar encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular en el ámbito de sus competencias, o incluso en la Ley de Consultas de 2010.
Las fuentes gubernamentales consultadas advierten, no obstante, que aun cuando encontrara un marco al que agarrarse, el objetivo último que pretende es una ilegalidad puesto que no puede preguntar a los ciudadanos, con urnas y en locales oficiales, sobre la unidad del Estado. Recalcan que todo el proceso constituiría un fraude de ley. La evidencia del fraude, y también del vicio de inconstitucionalidad, sería meridiana si además planteara las mismas dos preguntas que incluyó en el decreto inicial de convocatoria, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Insisten también en que la pretensión de Mas sigue siendo la de enmascarar como sondeo lo que en realidad pretende que sea un referéndum y recuerdan que esta estrategia ya fue desvelada por el Consejo de Estado. «Su objetivo es una ilegalidad porque no quiere hacer una encuesta, sino poner en marcha un proceso consultivo», señalan.
En este sentido, apuntan el símil que puso sobre «el que sortea la ola sumergiéndose para sacar la cabeza después y seguir nadando». En estas palabras advierten una confesión explícita de que su plan pasa por recurrir al recoveco y al subterfugio. En definitiva, «intenta burlar la ley», pero «con la ley en la mano los tribunales lo impedirán».
En el Ejecutivo señalan, además, que con la «ceremonia de la confusión» que ayer escenificó el presidente de la Generalitat es «evidente» que ya está cometiendo también un «fraude contra la ciudadanía».
En un análisis más político las opiniones recabadas interpretaban el movimiento de Mas en clave de «electoralismo a la desesperada».
De sus palabras deducen que, más allá de que considere al Estado y al Gobierno central como su «adversario», el contrincante que ahora tiene más próximo es ERC, la formación que lidera Oriol Junqueras, y el creciente número de simpatizantes que aglutina.
Creen que, tras haber anunciado sin fecha la celebración de unas elecciones plebiscitarias, lo que pretende Mas es hacer de las semanas que restan hasta el 9 de noviembre una suerte de precampaña personal alimentando la ilusión de la consulta y en la que jugará con los silencios y sin mostrar todas las cartas para mantener a los rivales descolocados. «Todo indica que ahora lo que busca es pelearle los votos a ERC», mantienen.
En el Ejecutivo aseguran observar con sorpresa, pero con tranquilidad, los pasos del president. Afirman que son un «disparate» y garantizan que su objetivo no prosperará. Pese a esta calma en La Moncloa sí admiten estar preocupados por el tono «belicoso» que utilizó en su declaración. Temen que la animadversión pueda prender en una ciudadanía que hasta el momento ha expresado su discrepancia con contención.
Una votación sin ley, sin censo y sin convocatoria oficial
Los mimbres sobre los que Artur Mas quiere sostener el sucedáneo de la consulta del 9 de noviembre dejan en el aire contradicciones, cabos sueltos e inconcreciones que el president no quiso aclarar ayer «para no dar pistas al adversario». A la espera de conocer al completo su contenido, el plan B del Govern nace sin una ley clara, sin una convocatoria oficial y sin censo previo.
¿Bajo qué marco legal se celebrará la votación?
Es el aspecto más endeble de la nueva propuesta. Con la Ley de Consultas no refrendarias que amparaba el 9-N suspendida por el Tribunal Constitucional, Mas aspira a aprovechar las pocas rendijas que le quedan. Entre ellas aludió a las competencias que el Estatut y la Constitución otorgan a la Generalitat en materia de «participación ciudadana». La falta de transparencia del president, sin embargo, deja en el aire otras opciones, las cuales nacerían sin recorrido si el Gobierno recurre contra ellas, tal y como está previsto.
¿Una ley anterior o la actual?
Mas se limitó a mencionar como paraguas «marcos legales preexistentes» a la actual Ley de Consultas. De esta forma, apuntó a una Ley de Consultas anterior, aprobada en 2010 por el tripartito y en vigor actualmente, pero cuya aplicación es compleja al estar a la espera de una sentencia del Constitucional.
La versión ofrecida ayer por Mas también resulta contradictoria con la tesis que sostienen desde la Vicepresidencia del Govern, responsables últimos de organizar la votación. Fuentes consultadas ayer aseguraron que la nueva consulta se sostendría en los artículos de la ley actual que no han sido todavía suspendidos por el TC. Sin embargo, el Gobierno también los tiene en su punto de mira.
Precisamente, en un intento de evitar nuevos recursos Mas eludirá en esta ocasión la firma de un decreto de convocatoria oficial como el que protagonizó solemnemente con la consulta original el 27 de septiembre en el Palau de la Generalitat.
¿Quién puede votar?
La población llamada a las urnas no sólo sería la misma que en su formato original, sino que podría incluso ampliarse. Se mantiene la llamada al voto a los mayores de 16 años, a catalanes residentes fuera del Estado y a extranjeros residentes en Cataluña. Pero ahora también se abre la puerta a que participen catalanes con residencia en otros puntos de España y que fueron excluidos en la consulta original. Eso sí, deberán estar en Cataluña ese día para votar de forma presencial.
¿Habrá censo?
La nueva convocatoria carecerá de censo previo. A diferencia de la versión anterior -en la que existía un registro oficial-, quienes quieran votar deberán apuntarse con el DNI el mismo 9-N en los puntos donde la Generalitat instale urnas. Así se evitarían denuncias de ciudadanos ante Protección de Datos por utilizar su información personal. «Un ridículo internacional terrible que no estoy dispuesto a asumir», dijo.
20.000 voluntarios y «ayuda» de los ayuntamientos
Mas recurrió ayer de nuevo a la población y al movimiento soberanista para su nueva estrategia. Dejó claro que serán «necesarias» las manos voluntarias que ya estaban reflejadas en el decreto original. Exactamente el Govern recurrirá a 20.000 personas que velarán para que «puntos de votación, urnas y papeletas» estén listos. También reclamó la colaboración de la «sociedad civil», eufemismo bajo el que se refiere a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a Òmnium Cultural. El president también pidió la «ayuda» de los 920 ayuntamientos -de los 947 de toda Cataluña- que aprobaron mociones en favor de la consulta.
¿Dónde estarán las urnas?
Es uno de los aspectos que evidencian la fragilidad de la nueva votación. De los 4.000 puntos de votación que se preveían en la Ley de Consultas suspendida por el TC se pasará a sólo unos «centenares». Fuentes presentes en la reunión del lunes donde se rompió la unidad soberanista cifraron en 700 dichos puntos, con toda probabilidad institutos de enseñanza secundaria y centros propiedad de la Generalitat, para evitar problemas legales a los ayuntamientos.
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/10/15/543db745ca4741081c8b458d.html?a=a882941d8f1f999fbae3a4e3d9ef4085&t=1413358226