La electricidad sube un 27%

Los hogares que tengan contratada la tarifa regulada de la luz -denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)- tendrán que abonar alrededor de 530 millones de euros para financiar el recorte político sobre el precio del gas aprobado por el Gobierno. Esta cifra supone alrededor de un 14% de la compensación total a lo largo de un año según los primeros cálculos realizados por los especialistas técnicos de las grandes eléctricas a las que ha tenido acceso EL MUNDO.

Estos consumidores se verán en todo caso beneficiados por la medida, aunque mucho menos de lo previsto inicialmente por la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Según las mismas cifras del sector, la compensación del tope al gas durante los primeros meses se acabará comiendo hasta la mitad de la propia rebaja que supone aplicar al gas un tope de 40 euros por megavatio hora.

Hasta septiembre y octubre, la mayor parte de la financiación de la diferencia entre el coste político del gas y el que marque el mercado será asumida fundamentalmente por los propios clientes con tarifa regulada y aquellos industriales que tienen un contrato de abastecimiento ligado al mercado mayorista. Esto hará que la medida quede muy diluida, ya que pagarán los mismos que se verán beneficiados.

Según avancen los meses, la base de pagadores de la compensación se irá ampliando para ir recayendo poco a poco sobre aquellos usuarios (empresas y domésticos) que tengan contratado un precio fijo anual de la electricidad cuando se produzca la renovación de sus contratos. Al recaer la compensación sobre una base mayor de consumidores, el efecto comenzará a hacerse más visible en los últimos meses del año.

En cifras, el primer mes que esté en vigor el límite, la compensación irá a cargo de una demanda equivalente a 9,4 teravatios hora (TWh), lo que hará que cada megavatio de consumo tenga que asumir un coste de 27 euros tras beneficiarse de un descuento de 58 euros. Sin embargo, el último mes ya será costeada por una demanda de 18,9 TWh al haberse incluido todos los precios fijos, por lo que el sobrecoste será de apenas un euro. La propia Ribera es consciente de esta situación y por eso en una reciente entrevista con Expansión reducía el impacto de la medida a una rebaja del 15%, cuando en un primer momento elevaba esa cifra al 30%.

El coste total de la compensación rondará los 3.500 millones de euros, según por ejemplo las cifras que está elaborando de forma interna Endesa y a las que ha accedido este diario. El grupo pronosticó hace unas semanas que la compensación ascendería a 6.000 millones, pero finalmente esa cifra se ha reducido tras comprobar que la versión final del documento dejaba fuera del ajuste a la cogeneración industrial y el tope político al gas sería mayor del previsto por imposición de Bruselas.

La mayor parte de este importe irá destinado a cubrir a las propietarias de las centrales térmicas de gas por la intervención política, pero hay una parte relevante de la compensación que recaerá sobre el carbón. El Gobierno también ha introducido a las centrales térmicas que utilizan este combustible más contaminante dentro del mecanismo para evitar que sean expulsadas del mercado por el gas, lo que podría generar problemas de suministro en algunas zonas del país.

La subvención al carbón rondará los 230 millones de euros, y es llamativo que sea impulsada por un Ejecutivo que se ha declarado abiertamente ecologista e impulsor de que este mineral salga del mix energético nacional. Además, el pago irá dirigido en última estancia a otros países productores de carbón como Colombia, Australia y Estados Unidos a los que España compra este combustible tras haberse decretado el cierre de las minas nacionales.

Se trata, en todo caso, de cifras preliminares realizada por técnicos utilizando el coste actual de los futuros del gas para el próximo año. Precisamente, esta situación hace que se produzca una curiosa paradoja y es que durante el último mes del periodo de compensación el precio político del gas estará ya en niveles similares a los que prevé el mercado. Esto dejaría sin ningún efecto la compensación, ya que los consumidores pagarían en todo caso el precio real si este se redujera por debajo de los 70 euros por megavatio hora. La evolución del precio del gas dependerá fundamentalmente de cómo evolucione la guerra en Ucrania y el enfrentamiento diplomático y económico de la Unión Europea con Rusia.