Otro político histórico del PSOE que no duda en poner los puntos sobre las íes al proyecto del estatut. Sublime, claro y sintético, su crítica al Estatut y al nacionalismo del PSC no deja títere con cabeza.
Si acaso le haría un sólo apunte, cuando dice que no cree que sean los inmigrantes quienes reclaman la nación y la inmersión lingüistica... He de decir que bajo mi experiencia la casi totalidad de nacionalistas "duros" que he conocido al cabo de un tiempo acaban confesando que tienen ascendencia inmigrante... No deja de ser una impresión mía, pero para mí ha sido siempre una constante.
PLURAL Y PASCUAL
Joaquín Leguina
Manuela de Madre, nacida en Huelva, ex – alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, diputada del PSC en el actual Parlamento de Cataluña y paradigma de inmigrante “integrada”, se quejaba hace unos días de que los “intelectuales españoles de izquierdas” estuvieran callados y no acudieran presurosos en defensa del Estatuto que ha presentado el Parlamento catalán ante las Cortes. Uno no sabe si la señora De Madre, al decir estas cosas, realiza un ejercicio de cinismo o, simplemente, ignora lo que significan esas dos palabras: “intelectual” e “Izquierda”. Porque, lo diré de una vez, al Estatuto de Cataluña le sienta el adjetivo “de izquierdas” lo mismo que a un Cristo dos pistolas.
Si los intelectuales “de izquierda” guardan silencio es porque no pueden apoyar un texto tan decepcionante y tampoco quieren unir sus voces a las de quienes ponen más énfasis en el rechazo, es decir, a las voces de la derecha no nacionalista. Porque la derecha nacionalista sí que apoya el proyecto de Estatuto –conviene recordarlo, no vaya a ser que este pequeño matiz se le haya pasado por alto a la señora De Madre-.
Enredarnos en elucidar qué significa hoy, en la teoría y en la práctica, la palabra izquierda puede resultar complicado y hasta tedioso, pero sí puede llegarse fácilmente a decidir lo que no es de izquierdas. Es decir, aquello que bajo ningún concepto se puede inscribir en la tradición ni en el pensamiento de la izquierda. Por ejemplo, ninguna izquierda se ha echado jamás en brazos de concepciones identitarias como las que rezuman por los cuatro costados del Estatuto.
Algunas izquierdas han defendido, y defienden, una concepción federal del Estado, pero el tan citado Estatuto reniega del Estado Federal. El Estatuto no responde siquiera a una concepción confederal del Estado. La concepción política acerca del Estado que subyace en el texto del Estatuto es, simplemente, un disparate. El disparate de la bilateralidad, que responde a la más rancia tradición catalanista y se puede resumir en una frase tan castiza como certera: “Lo mío, mío y lo tuyo, a pachas”. Mandar en exclusiva en Cataluña y, también, mandar en Madrid. Ése es el modelo que propone el Estatuto. Desde la discusión decimonónica acerca de los aranceles (altos para los textiles ingleses a fin de mantener el mercado español en manos de la producción textil catalana) hasta la discusión de la Constitución (1978) o el vigente Estatuto (1979), la actitud política del catalanismo respecto del Estado apenas ha variado, aunque, eso sí, ha tenido distintos nombres; Prat de la Riba, Cambó, Maciá... Pujol.
Lo que sí resulta original y novedoso es que un partido, que se hace llamar socialista, que nutre una gran parte de sus urnas con votos de gente de origen inmigrante, se haya subido con increíble entusiasmo a ese viejo carro identitario y ventajista. Actitud que no se entiende aquí, pero que tampoco se entiende en Cataluña. Y no es sólo ni principalmente una cuestión de dinero, de competencias o de financiación, es mucho más grave. Es la desconfianza –que cualquier lector del nuevo Estatuto no puede dejar de percibir- respecto al Estado Democrático y el desprecio hacia España como concepto y como sociedad. Hacia el Estado y la España democráticos que hunden sus raíces en la Ilustración y en el mejor liberalismo, la España que se perdió con la II República y que renació tras la Dictadura. Una España por la que han luchado y empujado muchos catalanes, aquéllos que en los años setenta reclamaban una nueva Constitución y el Estatuto de 1932.
Pero ¿qué ha pasado aquí? Si hubo un acuerdo en 1932 mediante el cual Cataluña se constituía en región autónoma dentro de la República, ¿ por qué andamos ahora discutiendo si Cataluña es o no es una Nación? Desde luego, han pasado setenta y tres años y, de ellos, treinta seis bajo una dictadura. Años en los cuales la sociedad catalana se ha transformado, entre otras cosas, bajo el impulso de una enorme inmigración procedente del resto de España. ¿Son estos catalanes castellanohablantes y sus hijos los que reclaman como reivindicación inaplazable que Cataluña sea considerada una nación? ¿Son ellos los que apoyan la inmersión lingüística y la obligatoriedad del catalán? ¿Son ellos los encargados de prohibir que en el Parlamento de Cataluña se pueda hablar en castellano? No lo creo. Es mucho más razonable pensar que, simplemente, son ellos los que se han quedado sin representación política en el Parlamento catalán. Son ellos los traicionados en su pensamiento y en sus intereses, diga lo que diga al respecto doña Manuela de Madre.
Tampoco pertenece a ninguna tradición progresista este asunto de “la España plural”. Porque, vamos a ver, sostener que España es plural o es una obviedad –porque toda sociedad democrática es plural- o bien con lo de la “España plural” se quiere decir otra cosa absolutamente inaceptable. Una interpretación según la cual la palabra “plural” es equivalente a “desmontable”.
Nadie debe engañarse: cuando Rodríguez Zapatero predica la España plural, he de confesar que yo no sé qué quiere decir Zapatero, pero lo que entienden los nacionalistas y catalanistas no es que España es una sociedad abierta, democrática, pluralista, no. Lo que entienden es que España es un conglomerado heterogéneo, una suma de “naciones” y regiones, un puzzle informe en el que las piezas son las únicas que tienen vida propia, vida de la que carece el conjunto. Desde la izquierda, desde ese pensamiento y esa tradición se puede admitir que España es plural si, y sólo si, se añade que Cataluña, Euskadi, Galicia... son también plurales, que no son entes homogéneos ni uniformes, que son plurales como cualquier sociedad democrática. En este campo, a mi juicio, el asunto del Estatuto catalán ha puesto de manifiesto un gran malentendido, una grave confusión, que afecta, sobre todo, a los socialistas. Me intentaré explicar.
Los dirigentes actuales del socialismo catalán nos han repetido muchas veces que ellos no son nacionalistas, sino catalanistas, y todo el mundo pareció quedarse tranquilo con una explicación tan etérea como difusa. En cualquier caso, y visto lo visto, puede sostenerse que las diferencias entre catalanismo y nacionalismo se reducen a una: los nacionalistas dicen querer independizarse de España. Los catalanistas, por el contrario, pretenden colonizarla. Es difícil aceptar que la mayor parte de los votantes del PSC pueda apoyar ninguna de las dos cosas, ni la independencia ni la colonización.
Ya con ocasión del debate acerca del Estatuto catalán durante la II República, Ortega, que era entonces diputado, dijo en las Cortes que con los nacionalismos periféricos teníamos que aprender a convivir. Pero convivir no significa que –de los dos convivientes- sea sólo uno de ellos el que tenga que ceder permanentemente, mientras el otro se dedica a denunciar cualquier acuerdo al día siguiente de haberlo suscrito (“El nuevo Estatuto es sólo un paso más hacia la independencia”, dijo Carod Rovira el mismo día de la aprobación en el parlamento de Cataluña). Y es eso lo que se ha venido haciendo, ceder, y en ello ha jugado un papel decisivo el sistema electoral, que ha demostrado sobradamente sus perversiones y ente ellas no es la menor, sino la mayor, la que nuestro sistema electoral produzca, inexorablemente, cuando no hay mayorías absolutas, la dependencia gubernamental no de otros grupos cualesquiera, sino de los grupos políticos que obtienen sus escaños en un reducido número de circunscripciones. Lo cual conduce a un peso desmedido de los nacionalismos a la hora de la toma de decisiones políticas, que no se compadece, ni de lejos, con el número de votos obtenidos por ellos en las urnas.
De las cesiones que el Estado ha permitido durante los últimos años es, a mi juicio, la más grave aquélla que atañe al uso de la lengua. Me refiero al ninguneo del artículo 3 de la Constitución. La lengua “propia” usada en Cataluña como muro para excluir a los foráneos y asegurarse el privilegio.
Durante el franquismo, la lengua catalana fue expulsada del foro público, reduciéndose su uso al ámbito privado, lo cual resultaba intolerable, pero hoy –y más si el Estatuto sale adelante en los términos actuales- es el castellano el expulsado del foro público y su uso reducido al ámbito privado, lo cual resulta, se pongan como se pongan los catalanistas y los nacionalistas, igualmente intolerable, además de inconstitucional.
En estas condiciones y ante esa deriva repetidamente constatada resulta sorprendente que un partido de ámbito nacional, que, además, está en el Gobierno, como es el PSOE, haya abierto el melón territorial, ofreciendo una nueva ronda de “más café para todos”. La cosa comenzó en Santillana con unos acuerdos más bien light y ambiguos, que se interpretaron como un aval a Pascual Maragall para que éste ofreciera la posibilidad de un nuevo Estatuto para ganar las elecciones en Cataluña (2003). Victoria que se daba por descontada, teniendo en cuenta que Convergencia i Unió no contaba con Pujol y sí con un desgaste notable tras casi treinta años gobernando la Generalidad. Pero las elecciones catalanas (2003) no le fueron propicias al PSC, pues obtuvo menos diputados que CiU, es decir, que perdió las elecciones y si formó Gobierno fue gracias a que una Esquerra Republicana, acrecida en votos y en escaños, decidió cambiar de caballo: abandonar CiU e irse con Maragall.
Los actuales dirigentes del PSOE, que apoyaron la formación del tripartito en Cataluña, decidieron entonces abrir todavía más el melón y presentarse a las elecciones generales (2004) con la “España plural” como bandera. Quizá pensaron que la cosa se quedaría en palabras, pues la probabilidad de ganar aquellas elecciones no era muy alta, pero la política es tan esquiva como caprichosa y el 14 de marzo de 2004 el PSOE obtuvo más votos y más escaños que el PP y a Rodríguez Zapatero no le fue difícil formar Gobierno, eso sí, con el mismo apoyo que tenía Maragall en Barcelona, es decir, el apoyo de ERC. Pero, a mi juicio, no es esa compañía de Esquerra Republicana la que explica el lío actual del Estatuto, sino que han sido las iniciativas y decisiones de Maragall y de Zapatero.
En efecto, no fue ERC quien impuso el invento de la España plural, ni quien le obligó a decir a Zapatero: “Apoyaré en las Cortes el texto del Estatuto que salga del Parlamento catalán”, tampoco fueron los republicanos catalanes quienes llamaron a Artur Mas y se entrevistaron con él en la Moncloa para que CiU apoyara el Estatuto cuando el proyecto ya estaba, prácticamente, embarrancado en el Parlamento catalán. La dirección del PSC y la del PSOE no han hecho nada para frenar el proceso estatutario. Todo lo contrario, Maragall y Rodríguez Zapatero han hecho cuanto han podido para empujar el proyecto. Ambos son sus grandes impulsores y, por lo tanto, los grandes responsables de lo que vaya a ser el producto final.
¿Qué producto final? El que salga aprobado en las Cortes Españolas y que, con toda probabilidad, no contará con los votos del PP, es decir, que se harán oídos sordos a la representación de diez millones de electores. Puestas así las cosas, el debate y la negociación finales volverán a tener los mismos protagonistas: los nacionalistas y el PSC por un lado y el PSOE por el otro. Un proyecto, el que se va a discutir, que cuenta, además, con el rechazo de la inmensa mayoría de los afiliados al PSOE.
La dirección actual del PSOE viene afirmando que el texto final cabrá en la Constitución... mientras que los nacionalistas y Maragall amenazan con retirar de las Cortes el proyecto si se tocan en él algunos asuntos relevantes. Pero son, precisamente, esos asuntos relevantes los que chocan estrepitosamente con la Constitución.
Mas, sea como sea, el debate acerca de cómo convertir el texto actual en constitucional es otro falso debate, un señuelo que pretende llevar el agua al terreno de los técnicos en constitucionalismo y “despolitizar” la discusión. Una misión imposible porque el debate es político y se trata de saber, en primer lugar, si el texto nacional-catalanista es o no es democrático y, desde luego, no lo es. Y no lo es porque pretende decidir sobre asuntos que no le corresponden. No lo es porque hace mangas y capirotes de la multilateralidad, concepto intrínseco a cualquier Estado compuesto (federal o de otro tipo). No lo es porque su sistema de financiación, caso de generalizarse, simplemente, haría desaparecer el Estado. No lo es, porque pretende crear catalanes de primera (los que hablan la lengua propia) y catalanes de segunda. No lo es porque –como dijo en privado un líder de Izquierda Unida- “no estamos ante un proyecto de Ley, sino ante un acta de rendición”. Ése es el gran problema que está detrás de este maldito embrollo.
