Othmane llegó a Euskadi hace dos años. Entonces tenía 9, una insuficiencia renal crónica y una sordera neurosensorial de nacimiento que incluso hoy le impide hablar. Vino con un visado de turista para tres meses. Sus padres no ocultan que dejaron atrás a otros cuatro hijos en Dajla, la antigua Villa Cisneros, en el Sahara Occidental, con un único objetivo: proporcionar a su pequeño los cuidados médicos que en Marruecos «no iba a conseguir».
Othmane tuvo problemas prácticamente desde que llegó, cuando empezó a ser monitorizado por los servicios de Nefrología infantil del hospital de Cruces. Se había sometido a un programa de diálisis crónica desde 2015 y tuvo «numerosas complicaciones» en Marruecos. Pero en marzo de 2018 ingresó «en situación crítica» y en julio de ese mismo año recibió un trasplante de riñón. Desde entonces necesita «medicación inmunosupresora de por vida», con los «riesgos infecciosos y tumorales» que conlleva este tratamiento. Su enfermedad también ha derivado en «complicaciones cardíacas».
Othmane y su madre presentaron a finales del pasado enero ante la Subdelegación del Gobierno -ya en situación administrativa irregular- una solicitud de residencia temporal al concurrir «circunstancias excepcionales» y por «razones humanitarias». Es decir, por su grave estado de salud. Su solicitud fue rechazada en un escrito fechado el 30 de abril y suscrito por el subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Vicente Reyes. Además, en la misma resolución le dan 15 días para abandonar el país, un plazo que empieza a contar a partir de la fecha de notificación.
Según este documento, la Ley de Extranjería sólo permite autorizar la residencia en casos de «enfermedad sobrevenida de carácter grave» y que requiera una atención sanitaria especializada «no accesible en su país de origen». También se contempla como requisito que la interrupción de la atención sanitaria suponga «un grave riesgo para la salud o la vida».
Según el escrito de la Subdelegación, esta solicitud se rechaza porque, «con carácter de presupuesto básico», se requiere que la enfermedad «sea grave y sobrevenida». En este sentido, se cita un informe de Osakidetza de octubre de 2018 en el que se afirma que el niño ya estaba enfermo antes de llegar a España. El documento también dice que «no resulta probado» que esta enfermedad «ponga en peligro su salud o su vida».
«Queremos que se cure»
La familia de este niño de 10 años ha aportado, sin embargo, un informe médico de Osakidetza, fechado el pasado 22 de mayo en el hospital de Cruces, que subraya la gravedad de su estado. Este documento hace un repaso de los problemas del chico e insiste en que incluso podría morir si vuelve a Marruecos. Uno de sus párrafos es contundente. «La situación médica de Othmane es grave con un riesgo infeccioso. No podrá regresar nunca a su país de origen por riesgo de pérdida de trasplante y de presentar infecciones graves que puede llevar al paciente incluso al fallecimiento». Su familia ha presentado un recurso judicial para dejar sin efecto esta orden de expulsión. «Si no hubiese estado aquí, ya estaría muerto. Sólo queremos que se cure», explican.
«No es algo arbitrario. La ley está hecha para evitar la llegada masiva de enfermos»
El subdelegado del Gobierno central en Bizkaia, Vicente Reyes, aseguró ayer que la decisión de rechazar la petición de residencia de Othmane y su familia por motivos humanitarios «se sustenta en la ley». «No se trata de una decisión arbitraria, ni está tomada a la ligera. La ley impide que se conceda la residencia si ya estaba mal. Lo que se pretende es evitar la introducción masiva de enfermos de otros países», explica Reyes.
El subdelegado insiste en que, al margen de excepciones concretas, la legislación está concebida para evitar la «picaresca» de las personas que entran en España con visados de turista para tratar sus enfermedades y luego quieren quedarse de forma permanente. «Si esta práctica se extendiese, el sistema no lo aguantaría», afirma el máximo representante del Gobierno central en Bizkaia.
