Operación con registros en varios ayuntamientos por la gestión irregular de las multas y gestión del tráfico
FERNANDO LÁZARO / MARISA RECUERO / LUIS F. DURÁN / 3 jul. 2018 14:14
Una macrooperación contra la corrupción en ayuntamientos prevé 60 detenidos / EL MUNDO
La Policía está llevando a cabo una nueva macrooperación contra la corrupción a la que ha bautizado con el nombre de operación Enredadera en poblaciones de tres zonas: Madrid, Cataluña y León. La trama, en la que están implicados empresarios, alcaldes y hasta policías locales, adjudicaba contratos administrativos a la empresa Aplicaciones Gespol para colocar semáforos a cambio de comisiones y manipulaba los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), que dirige la operación, ha ordenado 49 registros en varios ayuntamientos, despachos y sociedades, así como 19 requerimientos de documentación en varios municipios de al menos cinco autonomías distintas. Se prevén más de cuarenta detenciones, entre cargos técnicos municipales, y casi cincuenta registros, por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico.
De todas las detenciones realizadas en la operación de hoy, está previsto que inicialmente sean quince los arrestados que permanecerán en comisaría antes de pasar en los próximos días a disposición del titular del juzgado de instrucción 2 de Badalona.
Entre los arrestados figura el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, primer regidor de Ciudadanos arrestado por corrupción. El juez ha autorizado la práctica de entradas y registros en los Ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabbrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Torrelodones, y Villarquilambre.
La causa, declarada secreta, está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.
Investigada la Diputación de Alicante
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/03/5b3b1565e2704eb15d8b45aa.html
Buen trabajo de Udef (Policía Nacional).