El presidente anunció la próxima disolución de todas las policías municipales (repartidas en 1.800 entidades y con más de 170.000 agentes) y su integración en 32 cuerpos estatales, empezando por los convulsos estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán (en la parte sur-occidente del país) y Tamaulipas (al noreste). "Esta reforma implicará un enorme reto presupuestal. Y por ello requerirá un proceso de transición administrativa responsable, que dé prioridad a las entidades con mayor urgencia de atención", declaró Peña Nieto.
Cada día se registran por término medio 63 homicidios (en España no llega a uno), 20 desapariciones y 5 secuestros
Esta medida de choque se combinará con una ley que permitirá luchar contra la infiltración del narco en las corporaciones municipales, uno de los problemas que ha sacado a relucir el caso Iguala, donde tanto la policía local como el alcalde estaban en nómina del cartel de Guerreros Unidos. Ante esta lacra, la reforma permitirá a las autoridades federales asumir el control de los ayuntamientos o directamente su disolución cuando haya indicios de que actúan bajo las órdenes del crimen organizado.
A estas dos medidas de choque, Peña Nieto añadió el envío de un contingente policial (10.000 agentes federales, según fuentes parlamentarias) a Tierra Caliente, la violenta región que comparten Michoacán, Guerrero y el Estado de México, y que en los últimos años ha sido el principal foco de criminalidad del país. Uno de esos espacios en los que, como admitió Peña Nieto en su discurso, el Estado ha cedido terreno al crimen. El combate contra la impunidad lo completó el mandatario con una reordenación de competencias penales para clarificar la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala (“la base de la corrupción”, en palabras de Peña Nieto), la creación de un documento nacional de identidad, un reforzamiento de los sistemas de control de la tortura y las desapariciones forzadas, así como de la corrupción. En este último punto, anunció la entrada en funcionamiento de auditorias y sistemas especiales de vigilancia a las autoridades y empresas que trabajen con la Administración.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/27/actualidad/1417116838_759316.html
