Soy alcalde de Sant Vicenç dels Horts, al frente de un equipo de gobierno del que también forman parte ICV y CiU. El mío, el nuestro, es un municipio del Baix Llobregat con un 80% de vecinos castellanohablantes, es decir, vicentinos que habitualmente hablan en castellano. De hecho, es una tónica generalizable a toda la comarca.
Sant Vicenç dels Horts, con cerca de 30.000 habitantes, también es el municipio más grande del Baix Llobregat con un alcalde independentista. Para alguien podría parecer una paradoja, para mí no lo es. En la candidatura que representé en las últimas elecciones municipales se reflejaba claramente la idiosincrasia de Sant Vicenç, con personas de diferente extracción social. Todas, sin embargo, comprometidas con un mismo proyecto y dispuestas a trabajar para que nuestros vecinos vivan mejor en un momento tan duro como este.
Hace pocas semanas, el pleno de Sant Vicenç dels Horts se adhirió a la Associació de Municipis per la Independència (AMI). Y es que la independencia es un proyecto que abraza a todos los ciudadanos de Catalunya, hablen la lengua que hablen. Del mismo modo, la crisis económica amenaza con desmenuzar el Estado del bienestar y golpea a la ciudadanía, no importa si hablan una lengua u otra, catalán o castellano, o cualquiera de las otras lenguas que se hablan en nuestras calles. La crisis y el drama del paro -cerca de un 30% en mi pueblo-afectan transversalmente y son muchas, muchísimas, las familias que lo están pasando mal. La constitución de Catalunya como un Estado de pleno derecho en el marco de la Unión Europea debe tener como prioridad garantizar la cohesión social. Vamos a construir un país más libre y justo, al servicio de las personas, que cree riqueza, que vele por la economía productiva pero que esté también al servicio de los más débiles. Necesariamente debe ser así, hay que poner los recursos que genera nuestro país al servicio de una mayoría social, de una buena sanidad y escuela públicas, de una agenda social y económica próspera. Se acabó hacer carreteras sin coches, aeropuertos sin aviones o kilómetros y kilómetros de AVE sin pasajeros y hacia ninguna parte.
Pero, desgraciadamente, cuando una mayoría creciente de catalanes -hablen la lengua que hablen- avala la independencia y se manifiesta a favor de la independencia, y por lo menos cuando una mayoría abrumadora se manifiesta partidaria de ejercer el derecho a decidir, vivimos la amenaza de aquellos que pretenden azuzar un enfrentamiento entre nosotros recurriendo al discurso del miedo y la intimidación.
Un conocido empresario del mundo editorial aseguraba hace unos días que trasladaría su negocio a Madrid si Catalunya se declaraba independiente y esgrimía razones lingüísticas. No hay que preocuparse, no lo hará. Ningún buen empresario cambia su negocio de país por razones lingüísticas, lo que impera son razones económicas y logísticas. Pero a propósito de lenguas, dejémoslo claro de entrada, en la Catalunya independiente el catalán será la lengua propia y oficial del país, la lengua común de todos. Pero el castellano también será oficial en la República catalana. Evidentemente, por si alguien tenía alguna duda.
Por tanto, que no sufra este editor, los derechos lingüísticos de todos los catalanes y catalanas, de todos los vicentinos y vicentinas, estarán garantizados. Como los derechos de los ciudadanos araneses, allí también será oficial el aranés, es más, lo reconoceremos como lengua propia del Vall d'Aran, como de hecho ya repetidamente hemos tenido voluntad de hacer si no fuera por los repetidos impedimentos del Estado español a su reconocimiento. Hablar más de una lengua no solo es enriquecedor, es cada día más indispensable. Y esto no genera ningún tipo de conflicto, todo lo contrario.
¿Cuál será, pues, la diferencia lingüística esencial en la Catalunya independiente? Muy sencillo. Que las instituciones del país, del nuevo Estado, estarán al lado de la Escola Catalana, la ayudarán, la apoyarán, la mimarán, conscientes del papel fundamental que representa; que el aparato judicial respetará la Escola Catalana y no tendrá la tentación de atacarla o de sustituir la comunidad educativa. Pasará lo que pasa en un país normal: que la justicia no atizará un conflicto que no existe y que esa misma justicia no se dedicará a sabotear la inmersión lingüística, un sistema avalado por la Unión Europea y que garantiza el perfecto conocimiento del catalán y el castellano a nuestros jóvenes. Esta será la gran diferencia lingüística, la voluntad de vivir y convivir.
