Grandes empresas españolas timando a otras durante años con probable factura final para el consumidor, según la inquietante resolución sancionadora de la Comisión Nacional de mercados y de la Competencia (CNMC) contra un enorme cártel de servicios industriales al sector energético.
Filiales de ACS y Sacyr engañaron a Repsol, Cepsa, CLH o Endesa durante casi dos décadas encareciendo precios a través de un consolidado pacto ilegal, según CNMC. El organismo ha incautado documentos, correos y whatsapp de altos directivos de hasta 19 empresas del cártel incluido lo que puede considerarse el acta fundacional. La primera reunión detectada fue un restaurante el 18 de enero de 2001 al máximo nivel y llegaron a este acuerdo ilegal, según el acta aparecida en un correo electrónico de la época: «Se comenta y se reconoce por unanimidad que tiene que subirse el precio hora de administración y que esto sólo es posible habiendo diálogo entre las empresas, como ya ha sucedido en Cartagena y Huelva. En próxima reunión se tratará de llegar a un acuerdo para fijar precio hora administración según zonas (...) Se manifiesta unánimemente que las relaciones entre las empresas que participamos en este foro tienen que ser de absoluta confianza y no pueden existir dudas, siendo el foro el último juez para definir posturas y limar posibles enfrentamientos». En un comunicado oficial, el organismo que preside José María Marín da por desactivado esta organización que llegó a operar hasta, al menos, 2017.
«La CNMC ha desmantelado y sancionado el cártel organizado por 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial, que fue creado para encarecer los servicios prestados fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico. Las sanciones al conjunto de las empresas se elevan a 54,26 millones de euros y, en el caso de los directivos implicados, a un total de 280.500 euros», resume.
Repsol, Cepsa, CLH, Endesa o Iberdrola, entre otras, licitaban sus contratos de almacenamiento de combustible, paradas de refinerías o revisión de calderas, entre otros servicios y el cártel se los repartía subiendo o bajando ofertas para que el ganador fuera la empresa elegida. Masa, filial del grupo ACS, encabeza el castigo con una multa de 14,6 millones y le sigue la asturiana Imasa con 9,2 millones. Destacan en la lista la también filial de ACS, Maessa con 3,4 millones, Duro Felguera, con 1,3 millones y Sacyr Nervión con 1,1 millones.
Un correo electrónico en uno de los miembros, el grupo Tamoin, deja claro cómo trabajaban: «No podemos hacer una oferta muy "para arriba" para no suscitar mosqueos ni quedar fuera (sigue habiendo 2 competidores, aunque quizás solo uno con interés), pero no es necesario asumir excesivos riesgos».
Las filiales del grupo ACS, Masa y Maessa son empresas destacadas del cártel. Un correo de 2011 de Maessa a Imasa, otro miembro del cártel, lo demuestra: «Si Endesa os pidiera revisar a la baja vuestro precio no contempléis ninguna rebaja a los mismos».
También Imasa fue coordinadora en otros contratos. «Estamos en espera de que nos remitáis el cuadro con vuestros precios, para que todos estemos enterados y conformes y a su vez esto quede lo más cristalino posible entre todos nosotros», dice uno de sus envíos al resto del cártel en 2014.
A veces había enfados. «Está visto que no sé si es que no lo entendéis o no lo queréis entender. No se trata de que bajarais los precios como dices que te comentó (Director General de Meisa) que no se podían bajar más, se trataba de SUBIR (los vuestros) en las instalaciones», se queja un directivo de Imasa a otro de Meisa.
¿Cómo es posible que la CNMC haya tardado tanto en descubrirlo? «La conducta era muy difícil de detectar por las autoridades de competencia e incluso por las entidades contratantes y se ha podido conocer gracias a la existencia de una solicitud de clemencia [delación]. Las partícipes en los acuerdos realizaban una eficiente labor de ocultación de los hechos, conscientes de su ilegalidad, realizando ofertas de cobertura detalladamente diseñadas para dar apariencia de competencia al cliente adjudicador. Además, existen pruebas de medidas adoptadas por los partícipes en el acuerdo para mantener su secreto y estabilidad en el tiempo e incluso represalias ante posibles incumplimientos», justifica la CNMC.
El principal delator es el grupo Navec, que aportó entre otros este correo interno al cártel: «Os explico ahora solo a vosotros el tema de las ofertas en Repsol. Como sabéis, ha habido acuerdos entre varias empresas para poner buenos precios en estas licitaciones. Los participantes hemos sido Meisa, Tamoin, Imasa, Tamesur, Masa y nosotros. En el nuevo archivo ofertas 2015 podéis ver la distribución y las adjudicaciones».
Aunque el cártel operó sobre todo con empresas privadas -que a su vez han sido también en su mayoría sancionadas por formar otros cárteles-, la CNMC solicita al Gobierno que no se les permita concurrir a concursos públicos. Las empresas castigadas niegan irregularidades y preparan recursos.
https://www.elmundo.es/economia/2019/10/10/5d9e20a1fc6c8354228b4609.html
Flipante cómo se ríen de nosotros las grandes empresas de este país.
