MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Gobierno del PP decidió el 29 de agosto de 2003 no pedir a Argentina la extradición de 40 presuntos represores que actuaron durante la dictadura en aquel país, en contra de lo solicitado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló ayer esa decisión.
En su sentencia, el Supremo señala que el Gobierno del PP no tenía potestad para negarse a tramitar las peticiones de extradición cursadas por Garzón, ya que la decisión de solicitar esas entregas era judicial y el Ejecutivo debió actuar como mero transmisor de las solicitudes a las autoridades argentinas.
Lo dicho ayer por el Supremo rebate el argumento dado por el Gobierno en 2003 para no pedir la extradición. Según el Tribunal Supremo, en contra de los postulado por el Gobierno, Argentina estaba en condiciones de iniciar la fase judicial en su territorio para enjuiciar los delitos de genocidio, terrorismo y torturas a que se referían los hechos que motivaban las peticiones de extradición, al haberse derogado el 21 de agosto de 2003 las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en relación con la represión durante la dictadura militar.
En opinión del Supremo, la decisión que en el 2003 tomó el Gobierno del PP vulnera el Tratado bilateral de extradición hispanoargentino, ya que priva al Gobierno argentino de adoptar la decisión que le corresponde en uso de su soberanía en relación a autorizar o no estas extradiciones.
LAS CONSECUENCIAS
La consecuencia de la sentencia es que el Consejo de Ministros deberá cursar las peticiones de extradición por vía diplomática a Argentina, para que las tramite conforme a su derecho interno y comunique su decisión al Gobierno español. De las 40 personas para las que se solicitó la extradición, 26 fueron detenidas en Argentina en julio de 2003 y 14 se desconocía si estaban arrestadas. 39 de ellas eran militares y una civil.
Dos de los seis magistrados que han dictado la sentencia, Agustín Puente y Francisco González Navarro, se manifestaron en contra de la resolución y opinaron que debió rechazarse el recurso presentado por Iniciativa per Catalunya e Izquierda Unida, y confirmarse el acuerdo del Consejo de Ministros de no tramitar las extradiciones, al entender que el Gobierno sí tenía competencia para tomar una decisión de ese tipo.
PD: asi se ve que clase de gente son los del PP, q luchan contra el terrorismo internacional, pero no extraditan a genocidas...