El TSJ suspende las pensiones y finiquitos de los diputados por crear «desigualdad»
La medida cautelar, que no entra en el fondo del recurso de Coalició Valenciana, deja en el aire el pago de las indemnizaciones a cerca de 30 parlamentarios salientes y las pagas a tres ya jubilados
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha acordado suspender cautelarmente la ejecución del acuerdo adoptado por la Mesa de las Corts el pasado 21 de diciembre por el que se aprobó el reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones a favor de los ex diputados. La medida, que no entra en el fondo del recurso de Coalició Valenciana, deja en el aire las pensiones y, sobre todo, los finiquitos que podrían beneficiar hasta una treintena de ex diputados, con un coste de hasta 860.000 euros.
J. G. G., Valencia
La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ ha acordado suspender cautelarmente la ejecución del acuerdo de la Mesa de las Corts del pasado 21 de diciembre, que aprobó el reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones en favor de los ex diputados. La medida preventiva, que había sido solicitada por Coalició Valenciana, no entra en el fondo del asunto, pero supone un revolcón sin precedentes contra el órgano rector de la Cámara, dejando en el aire el pago de indemnizaciones por cese a los cerca de 30 diputados salientes que, en principio, no tienen un sueldo público electo o político, así como a los tres ya jubilados que han pedido la paga del Parlamento. El auto basa su decisión en las «manifiestas desigualdades» que constata entre el régimen de pensiones y prestaciones asistenciales de los diputados y el resto de españoles, así como la aplicación del acuerdo por la disolución de las Corts y la rapidez con la que ha de resolver la demanda.
CV, el partido de Juan García Sentandreu, y el diputado del grupo mixto, Javier Tomás, presentaron un recurso de protección de los derechos fundamentales de la persona. Es un procedimiento especial que invoca la violación de derechos constitucionales -en este caso, el de la igualdad ante la ley- y que, de seguir adelante, acabará en el TC. Además, podría salpicar a las Cortes Generales, ya que las Corts copiaron la regulación pactada en Madrid meses antes.
El recurso denuncia la «grave discriminación» de una medida que da derecho a los ex diputados, cuando se jubilen, a una pensión de las Corts que complemente su paga, de forma que se les garantice el 80% de la pensión máxima con entre 7 y 9 años de mandato; el 90%, entre 9-11 años; y el 100%, más de 11. El resto de trabajadores necesita 15 años para tener pensión. Y para lograr la máxima, 35 años de cotización. La indemnización por cese es un salario por año de mandato y se puede cobrar de golpe.
Bajo la premisa de que su decisión no afecta al fondo y sin entrar en la cuestión alegada por CV de la reserva de ley estatal sobre esta materia, la sala entiende que «desde la óptica exclusiva del Derecho constitucional» que los recurrentes ven vulnerado, concretamente, «el derecho de igualdad ante la ley entre todos los españoles», «debe concluirse que se constatan manifiestas desigualdades entre sistemas de pensiones y regímenes de prestaciones asistenciales» derivadas de las medidas adoptadas por las Corts, cuya adecuación a la legalidad se abordará en la sentencia sobre el recurso, pero que «justifican a priori», recalca, la medida cautelar.
Sentandreu: «Es una chorizada»
Máxime, añade, cuando concurren otros factores como la disolución de las Corts, lo que supone la «inmediata o próxima» aplicación del acuerdo y el «breve plazo» en que, por el proceso especial abierto, debe fallar, «lo que minimiza los eventuales perjuicios» que podrían derivarse de la suspensión. El auto, comunicado ayer a las Corts, da 5 días para recurrir. Sentandreu proclamó que es para denunciar asuntos como este «para lo que hace falta un partido diferente a los que nos mandan», como CV. «Estamos ante una auténtica chorizada pactada por los tres partidos mayoritarios», dijo. Se lamentó de que los ciudadanos, con las elecciones, les hayan dado «carta blanca», pero advirtió que seguirá luchando «desde fuera de las instituciones para que la política valenciana no se convierta en un estercolero».
