El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró personalmente los mensajes de su teléfono móvil que busca el Tribunal Supremo para aclarar la filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Así lo han reconocido fuentes del Ministerio Público, que justifican esa actuación en el cumplimiento de una instrucción emitida en 2019 «sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal». Añaden que el fiscal general, investigado por un posible delito de revelación de secretos, hace un borrado regular de sus aplicaciones instantáneas como medida de seguridad para casos de pérdida o robo del terminal.
Diversas fuentes del Ministerio Público consultadas rechazan que el objetivo de la instrucción esgrimida sea la el de borrado de datos de en teléfonos de los fiscales. «Primera noticia que tengo», respondía ayer un fiscal perteneciente a la cúpula del Ministerio Público.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, rechaza que la instrucción pueda servir de coartada para el borrado. «No está pensada para eso. No se refiere a la limpieza de un teléfono, sino al tratamiento de archivos de datos que maneja la Fiscalía», afirma.
La instrucción referida recoge la «limitación del plazo de conservación, lo que supone que [...] se adopten medidas razonables para que los datos personales sean mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante el tiempo estrictamente necesario para los fines del tratamiento».
Otras fuentes fiscales subrayan que no se ha dictado ningún protocolo sobre que establezca qué datos hay que borrar, en qué dispositivos y con qué frecuencia. Ningún protocolo al que pueda acogerse el fiscal general. «Si lo ha hecho, ha sido porque ha querido. Que cada uno piense qué le llevó a hacerlo, si la protección de datos de terceros o la autoprotección», sostiene un fiscal que ha ejercido en al sede de la Fiscalía General.
Otros que conocen bien el puesto de García Ortiz despachan la explicación de la instrucción como «una ocurrencia» y destacan que la otra investigada en el Supremo, al fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, no había borrado los mensajes, puesto que de su móvil sí los pudo recuperar la Guardia Civil.
El examen del terminal de la fiscal jefe revela cruces de mensajes con el fiscal general la noche previa a la filtración del documento que ha llevado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid a querellarse: el escrito de su abogado ofreciendo reconocer la comisión de dos delitos de fraude fiscal.
También la documentación aportada por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra refleja el cruce de mensajes con García Ortiz sobre la investigación a Alberto González Amador, mensajes que no han aparecido en el móvil del fiscal general.
Desde las acusaciones que actúan en la causa abierta contra García Ortiz recuerdan que la Abogacía del Estado, que actúa en defensa del fiscal general, se opuso al volcado de datos del teléfono alegando que contenía datos muy delicados. Esa aparente preocupación se compadece mal, resaltan, con el hecho de que supuestamente Álvaro García Ortiz los borre con regularidad.
El oficio de la Guardia Civil enviado el jueves al Supremo informó al magistrado Ángel Hurtado de que la búsqueda de mensajes instantáneos en el terminal del fiscal general da un resultado de «cero mensajes». La misma cifra de mensajes recibidos por este diario en respuesta a los reiterados mensajes remitidos a la Fiscalía General del Estado para que diera detalles sobre la práctica de borrado de mensajes y el sustento en la instrucción de 2019.
Fuentes fiscales añadieron a Europa Press que la «guía básica de actuaciones a desarrollar» por el Ministerio Fiscal en materia de protección de datos, que se difundió entre la carrera fiscal en junio de 2022, recoge como medidas de seguridad a observar «no almacenar indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico» y «eliminar los mismos una vez dejen de ser necesarios, asegurándose de que no queden residentes en la papelera». La guía recomienda que «el almacenamiento de información que contenga datos personales en soportes electrónicos portátiles [...] ha de limitarse al máximo».
Las acusaciones personadas tienen previsto solicitar en las próximos días al juez Ángel Hurtado diversas diligencias. Entre ellas, las dirigidas a intentar recuperar los mensajes eliminados y a conocer las circunstancias precisas de su desaparición.
