El Gobierno español admite la ruptura de la neutralidad de la Red
Un documento remitido a la Unión Europea acepta acuerdos de tarifas entre operadores y suministradores de contenidos siempre que no supongan una vulneración de la competencia
El Gobierno español ha respondido a la encuesta pública de la Unión Europea sobre la neutralidad en la Red aceptando que se limite y que las operadoras de comunicaciones y proveedores de servicios o contenidos puedan acordar tarifas específicas. El principio de la neutralidad de la Red establece que los operadores no pueden priorizar un servicio en la Red en perjuicio de otro. La condición que impone a estos acuerdos es que no vulneren la competitividad. Esta posibilidad la contempla particularmente en el caso de las redes de telefonía móvil.
Actualmente, las operadoras, de hecho, restringen la velocidad de acceso a Internet si el cliente supera un determinado volumen de tráfico, una medida que perjudica, por ejemplo, el intercambio P2P o el uso de servicios de telefonía por Internet como Skype.
El documento asegura que "es importante mantener el principio de neutralidad tecnológica". No obstante, prosigue, "es evidente que las características, físicas y tecnológicas, de las redes sobre las que se implanten los mecanismos de gestión de tráficos serán asimismo elementos cruciales en su definición, y por tanto cabe esperar que, en la práctica, se sigan criterios diferentes para las redes fijas que para las móviles, fundamentalmente por las limitaciones de capacidad que estas últimas presentan en el tramo de acceso radioeléctrico".
El texto acepta que se implanten mecanismos específicos de restricción y gestión de tráfico "tanto en los equipos terminales (y en las aplicaciones sustentadas en los mismos) como en otros elementos gestionados por los llamados "intermediarios de Internet", como serían las redes de distribución de contenidos (CDNs), buscadores o agregadores de contenidos, etc". El análisis de si las técnicas de restricción o gestión de tráfico o los acuerdos con los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas llevan a discriminaciones indebidas "deberá desarrollarse tanto en el contexto del marco regulador de las comunicaciones electrónicas como en el del derecho de la competencia".
El Gobierno considera que "debe considerar adecuado el que exista una variedad de servicios de comunicaciones electrónicas, de diferentes características y precios, que se ofrezcan a los diferentes prestadores de contenidos y aplicaciones online, y asimismo que estos prestadores lleguen a acuerdos particulares con los operadores para obtener servicios adecuados a las características específicas de los productos que pretenden ofrecer, sin que quepa calificar a priori como "discriminación indebida" la coexistencia de esta variedad de servicios y acuerdos".
El texto se muestra partidario de que se adopten acuerdos marco o de códigos de conducta entre las principales empresas involucradas, tanto del lado de las comunicaciones electrónicas como de la provisión de contenidos o aplicaciones, que evitaran situaciones en las que las autoridades de competencia tuvieran que intervenir en los acuerdos celebrados entre unos y otros. "Los operadores habrán de encontrar entre estos modelos de negocio aquellos que les permitan mantener una inversión adecuada en infraestructuras, a través de ingresos que provengan tanto de los usuarios finales, a los que ofrezcan servicios de acceso convencionales, como de otros usuarios (como los proveedores de contenidos o aplicaciones) a los que ofrezcan accesos especializados y otras facilidades específicas (como capacidades de albergamiento o enrutamiento, gestión de clientes, tarificación por cuenta de terceros...) expandiendo así el modelo que, históricamente, vienen desarrollando las redes tradicionales con los servicios Premium". En cualquier caso, estas políticas deberían ser transparentes para el cliente.
Esta posición se aproxima a la defendida por los principales operadores de telefonía móvil en España y su enunciado más claro lo hizo el presidente de Telefónica, César Alierta, cuando en febrero afirmó que "es evidente que los buscadores de Internet utilizan nuestra red sin pagar nada, lo cual es una suerte para ellos y una desgracia para nosotros. Pero también es evidente que esto no puede seguir. Las redes las ponemos nosotros; los sistemas los hacemos nosotros; el servicio posventa lo hacemos nosotros, lo hacemos todo. Esto va a cambiar, estoy convencido". Esta posición recibió el respaldo del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que propuso aquel mismo mes que la Unión Europea estudiase la creación de una tasa para los buscadores de Internet, como Google, por el uso de las redes de los operadores de telecomunicaciones, tal y como han reclamado Telefónica y Vodafone. Sebastián señaló que, si finalmente se introduce esta tasa, los operadores deberán trasladar a los usuarios parte del beneficio que obtengan de los buscadores en forma de "un Internet de más calidad y más barato".
Telefónica también responde
Telefónica también ha respondido al cuestionario europeo. Telefónica defiende como vital la gestión del tráfico por parte de las operadoras para prevenir congestiones. "Cualquier limitación impuesta por una regulación de la neutralidad de la red" en este sentido, afirma el texto, "afectaría a la sostenibilidad económica, la innovación, futuras inversiones y a la experiencia de los usuarios de Internet".
Los hábitos de uso de las redes cambian rápidamente por lo que, según Telefónica, las predicciones son difíciles. Telefónica defiende que se abran nuevas vías para organizar y suministrar servicios de diferente cualidad, precios, orientados a diferentes tipos de usuarios y que permitan desarrollar nuevos modelos de negocio dentro de un Internet abierto. "En nuestra opinión, el principio de no discriminación debe preservar el acceso a cualquier contenido, aplicación o servicio, pero no puede servir de excusa para prohibir cualquier tipo de diferenciación de servicios". Ello, asegura, no debe verse como una amenaza a la neutralidad.
Una solución "podría ser el desarrollo de nuevas ofertas de venta al por mayor para los proveedores de contenido". Para Telefónica, supondría un incentivo para que los proveedores de contenido utilizaran las redes de manera más eficiente. "Ya hay algunas señales de que la actual interconexión / modelo de tráfico se encuentra bajo estrés", comenta en referencia a la decisión de ATT de limitar el tráfico P2P.
Telefónica sostiene que hay distintos perfiles de clientes y fijar distintos tipos de productos dependiendo del uso que hagan estos de los mismos será beneficioso para los clientes en la medida que se distingan perfiles tan diferentes como quien apenas envía correos o quien hace un uso intensivo de material audiovisual.
Las quejas de Skype
Skype, el suministrador de telefonía a través del protocolo de Internet, también ha enviado su respuesta. En la misma, describe que se produce "un abuso generalizado en el actual mercado como el bloqueo o la degradación del tráfico".
La compañía asegura que "la capacidad de los usuarios finales para acceder a y distribuir la información o ejecutar las aplicaciones y usar los servicios de su elección en Internet está gravemente limitada en toda la Unión Europea"
España va bien
