La nueva norma de revisión de ascensores afectará a entre un 35 y un 40% de los instalados en toda España, que tendrán que acometer unas reformas cuyo coste puede llegar a rondar los 30.000 euros en los casos más complejos y que se estima que puede tardar unos siete años en realizarse al completo.
La Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda) apunta que a cierre de 2023 había 1.180.000 de ellos en España, de los que estima que entre un 35 y un 40% estarán afectados, en menor o mayor medida, por esta nueva regulación de seguridad.
El Consejo de Ministros aprobó a comienzos de abril la Instrucción Técnica Complementaria ITC relativa a la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, dos semanas después se publicó en el en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor el 1 de julio.
Marta Ladero, asesora legal de la Feeda, explica que la reciente normativa busca implementar medidas de seguridad que actualmente incorporan los nuevos ascensores en los elevadores más antiguos. Entre los requisitos que se incluyen está, por ejemplo, la nivelación de los elevadores para limitar el desnivel entre el interior del mismo y la parte exterior, con el objetivo de evitar accidentes.
La norma también recoge la detección en puertas con cortinillas no solo por haz puntual, para evitar atrapamientos por las puertas de cabina. Los más antiguos suelen tener instaladas dos fotocédulas en la parte inferior, mientras que los más modernos disponen ya de sistemas de barreras fotoeléctricas que cubren una mayor superficie.
Otra de las condiciones que añade la regulación es que los ascensores cuenten con una sistema de comunicación bidireccional para que en caso de encierro, la persona pueda comunicarse con el exterior. Así, como la protección del usuario contra los movimientos ascendentes incontrolados de la cabina y los movimientos incontrolados de cabina en reposo y puertas abiertas o modernizar el contrapeso.
Aplicación
Javier de Pedro, responsable de Marketing de la empresa de ascensores Duplex, explica que al entrar en vigor la norma el 1 de julio, los ascensores que tengan que pasar una revisión a partir de esta fecha deberán estar preparados para cumplir con estos nuevos requisitos de seguridad.
En el caso de que les falte alguna de estas condiciones deberán solventarlo en el plazo previsto para ello, que depende del tipo de arreglo que sea necesario.
El arco de precios para llevar a cabo las mejoras es muy amplio, explica de Pedro, que apunta que el coste puede oscilar entre los 800 euros por una instalación sencilla de comunicación bidireccional hasta los 30.000 euros que puede costar el trabajo de una adaptación del contrapeso muy complicada.
Mantenimiento
Esto afectará, sobre todo, a los ascensores más antiguos que no hayan sido revisados recientemente. Se calcula que alrededor de unos 400.000 de los elevadores en servicio en España tienen más de 30 años de funcionamiento.
Fuentes de la empresa de ascensores Otis apuntan que los nuevos equipos ya disponen de casi todos los elementos que la norma indica como cortinas de infrarrojos a lo largo de toda la puerta o comunicador bidireccional. Desde el punto de vista del mantenimiento, calculan desde la firma, que a nivel sectorial puede suponer entre un 20 y un 30% más de tareas de mantenimiento dependiendo de la compañía.
Comunidades de vecinos
Peio Mendia, tesorero del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas explica que los administradores de fincas están muy acostumbrados a normativas del Ministerio de Industria y que en este caso, esta supone una mejora de la seguridad.
Mendia apunta que hay que tener en cuenta la vida útil de los ascensores, que en otro tipo de productos está más interiorizado, pero que cuesta más de percibir en el caso de los ascensores o en la vivienda. Aunque admite que afectará a muchas comunidades de vecinos y que dependerá de la situación de cada una de ellas.
España es el país europeo con más ascensores instalados por habitante y unos de los primeros del mundo, según recuerdan desde Otis, y es una industria que emplea a casi 20.000 personas de manera directa.
Parece que no saben como apretar ya el cuchillo al cuello del ciudadano.
