Una declaración unilateral expulsaría a Cataluña de la UE y el BCE; con deslocalizaciones, subida del déficit y bloqueo financiero. Pero las dudas ya se están plasmando: la inversión cae y las agencias e inversores recelan.
El panorama que se abre en Cataluña entra ya en aquel nuevo escenario desconocido que Artur Mas profetizó ante la suspensión de la consulta. La preocupación por unas elecciones plebiscitarias y la toma de decisiones unilaterales empieza a calar en los empresarios. La incertidumbre financiera sobre el final de esos derroteros se convierte ya en temor palpable. Muchas empresas ya no preparan planes de contingencia, sino que han empezado a tomar decisiones. El motivo, un más que probable hundimiento de la economía catalana en caso de secesión.
Una decisión unilateral de independencia acarrearía la salida inmediata de la Unión Europea, quedar al descubierto del paraguas del BCE y perdería su liquidez: aranceles, hiperinflación, salida de capitales, corralitos... Pero vayamos por partes. Este panorama descrito por la Unión Europea, el Banco de España, las agencias de calificación, el Gobierno y varios centros de estudios se subordina a una preocupación anterior: qué quedará de Cataluña el día de la independencia si escala la tensión institucional.
El deterioro ya está aquí
Varias señales apuntan ya a un deterioro de la economía catalana ante la falta de estímulos al diálogo institucional. La inversión extranjera toca fondo en la comunidad autónoma. En el primer semestre, la autonomía recibió 522 millones, frente a los 1.267 millones del mismo período de 2013, y los 1.156 millones de 2012. Son caídas del 60% y el 50%, cuando este año hay recuperación, y los anteriores, no. Un informe de Convivència Cívica Catalana señala por otro lado que las inversiones de las empresas catalanas en el exterior se han colocado en lo que va de 2014 en mínimos de los últimos 17 años.
Los inversores extranjeros están poniendo en pausa sus iniciativas a la espera de dilucidar el panorama. Las empresas consultoras explican varios casos en que potentes inversores, entre los que destacan asiáticos, han desistido de destinar dinero a Cataluña, por una simple pregunta. Un consultor explica la pérdida de un importante proyecto chino. «¿Puede usted asegurar que lo del independentismo no será un problema serio?» «No», respondió el agente, y aquí terminó el proyecto. Muchas empresas están, por otro lado, condicionando sus inversiones en España, bajo cláusulas que exigen mantener una relación en euros, ante los temores de que el nuevo país se enfrascara en una moneda propia.
La percepción de los inversores ya ha empezado a empeorar de forma palpable. La agencia de calificación Fitch (cuya sede española se encuentra en Barcelona) puso en perspectiva negativa el ráting de la Generalitat por las tensiones que supone elevar la apuesta catalana. «La declaración unilateral» puede «complicar la relación» con el Ejecutivo central, para decirlo de forma eufemística. Tras asegurar que «los inversores extranjeros no parecen dispuestos a comprar bonos emitidos por el gobierno regional, dada la incertidumbre política actual», la agencia advirtió, el día en que el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la consulta, de que si el auxilio del Estado a la autonomía desapareciera, su ráting sería bono basura.
El Estado es acreedor del 50% de la deuda pública de la Generalitat, que según datos del Banco de España se encuentra en 61.8356 millones al cierre del segundo trimestre, de los que más de 30.000 millones corresponden a los préstamos del Tesoro mediante Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y Fondo de Proveedores. Por ahora, el Gobierno mantiene la asistencia financiera.
El día después
Pongamos que Cataluña es capaz de alcanzar el supuesto día de la declaración unilateral de independencia con sus finanzas a flote, y sin intervención del Gobierno. El nuevo Estado sería expulsado automáticamente de la Unión Europea, como ha señalado en varias ocasiones la Comisión Europea y el Consejo Europeo.
Una de las consecuencias económicas sería una caída de las relaciones comerciales, tanto con España como el resto de la UE, que levantaría aranceles de importación de los productos catalanes. La nueva Cataluña debería aplicar a su vez barreras de entrada a sus productos. Se encarecerían los costes de importación de materias primas y bienes intermedios, y disminuirían los ingresos por exportaciones. Un documento del Ministerio de Exteriores apunta a una caída del PIB del 18,8%, 36.699 millones: 7.400 millones de euros menos por exportaciones a la UE, 28.000 millones menos en ventas al resto de autonomías, y una pérdida de 1.269 millones en fondos regionales.
Esta es una de las consecuencias, pero ni la más inmediata ni la más grave. Lo es la falta de liquidez y la fuga de capitales. Una Cataluña fuera del paraguas del BCE se quedaría sin financiación directa del sistema de pagos ni del MEDE. Sus bancos podrían recurrir a la liquidez interbancaria, pero como admitió hace dos semanas el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, los depósitos serían menos seguros. Eso si los bancos no marchan de Cataluña, como ya dejan entrever CaixaBank y Banco Sabadell, que solo tienen un plan: mantenerse en el euro.
Cataluña difícilmente podría mantener la divisa europea por su falta de equilibrio presupuestario (este año volverá a rebasar su límite de déficit).
Una moneda propia supondría la necesidad de mantener una equivalencia con el euro para no caer en un proceso de hiperinflación, casi necesario en una situación de déficit, aumento de la deuda pública y potentes obligaciones financieras. Aun así, el desconcierto provocaría una fuga de depósitos, y un posible corralito, como han venido a coincidir entidades como UBS, RBS o Nomura. En caso de que existiera cierto acuerdo con el Gobierno español, la deuda del Estado catalán debería más que duplicarse, hasta el 78,4% del PIB (datos de UBS de 2012), 156.000 millones de euros.
La solución catalana
¿Con qué cuenta Cataluña para hacer frente a todo esto? Pues unos 16.000 millones de euros, según la Generalitat y ERC, fruto del déficit fiscal catalán. Esta cifra no es más que un espejismo en la época actual, donde apenas alcanza 800 millones (véase las últimas balanzas fiscales del Ministerio de Hacienda sobre 2012). El propio Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), es decir, la independencia, advierte de que el coste de una secesión no pactada, la única posible, supondría un coste mensual de entre 4.500 millones y 5.000 millones de euros. Este es un coste incluso demasiado alto para el independentismo.
http://www.expansion.com/2014/10/15/economia/1413400131.html?cid=SIN8901
