CiU prevé suprimir la Oficina Antifraude si Mas logra la mayoría absoluta.
La lucha contra la corrupción nunca ha sido una prioridad para los dirigentes de Covergència i Unió, la federación nacionalista que gobierna Cataluña y que trabaja para que Artur Mas sea reelegido el 25 de noviembre como presidente de la Generalitat.
Si CiU obtiene un resultado electoral igual o superior a los 68 escaños que delimitan la frontera de la mayoría absoluta, fuentes próximas a la federación y a la propia Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) aseguran que los nacionalistas catalanes tienen previsto desmantelar la institución dedicada a controlar las irregularidades de la Administración en tiempo real y de modo independiente, a diferencia de lo que la Sindicatura de Comptes, el equivalente catalán del Tribunal de Cuentas, en la que las plazas se reparten por cuotas, en función de la representación parlamentaria de cada partido.
La OAC fue creada a imagen y semejanza de la Oficina Antifraude de la Comisión Europea, como uno de los compromisos con los que Esquerra Republicana se presentó a las elecciones autonómicas en las dos legislaturas que gobernó el tripartito compuesto por el PSC, ERC e ICV-EUiA. La OAC investiga y recibe denuncias de comportamientos irregulares o claramente ilegales de servidores públicos para remitirlos a la Fiscalía sin tener que esperar los más de cinco años con los que la Sindicatura de Comptes audita las cuentas de administraciones y empresas públicas.
Ya desde el primer momento, la propuesta de los republicanos generó suspicacias entre los dos grandes partidos de Cataluña, tanto CiU como el propio PSC. En la primera legislatura fueron los impedimentos que puso el hermano del president Pasqual Maragall y secretario general del Gobierno de la Generalitat, Ernest Maragall.
A diferencia de lo que pretendía Esquerra, Ernest Maragall pretendía que la OAC estuviera subordinada al Govern y que no fuera un organismo completamente independiente elegido por el Parlament. Eso impidió que durante la legislatura 2003-2006, se avanzara un solo paso en la creación de la OAC. La excusa: el hecho de que la legislatura se había dedicado casi de forma exclusiva a la redacción del nuevo Estatuto de Autonomía.
En Esquerra se hacían cruces, porque, a pesar de que la formación independentista tiene poco predicamento en el estamento judicial, contaba con el candidato perfecto desde el primer momento y el apoyo de ICV-EUiA: el fiscal anticorrupción David Martínez Madero, nacido y criado en el Masnou, y muy afín al exfiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.
Un órgano independiente
Ernest Maragall intentó un requiebro de última hora y propuso que la OAC dependiera de la Sindicatura de Comptes, para controlar el perfil de francotirador de Martínez Madero, un fiscal audaz que logró el procesamiento de la dirección del BBVA que representaba a la burguesía de Neguri por los planes de pensiones y los productos opacos que ofrecían a sus clientes más importantes en paraísos fiscales a través de BBVA-Privanza. Tampoco le tembló el pulso a la hora de propinarle el golpe más fuerte que había recibido en Europa Occidental la mafia georgiana en lo que se conoció como operación Avispa.
Los constantes retrasos que sufrió la ley para la creación de la OAC acabarían por desanimar a Martínez Madero. Regresó a Barcelona a ocupar una plaza como fiscal Anticorrupción entre estancias en Rumanía, donde como asesor de la Comisión Europea puso en marcha un sistema similar. Y donde podía mantenerse a salvo de los mafiosos georgianos que operan en España.
Finalmente, ante el avance electoral de CiU y la falta de maniobra de José Montilla como presidente de la Generalitat, el PSC accedió a crear la OAC en 2008 con cinco años de retraso. Martínez Madero fue nombrado director de la OAC.
La muerte prematura de Martínez Madero
La OAC se estrenó oficialmente en 2009, cuando fue elegida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para la administración judicial de Gramepark, una de las compañías municipales de Santa Coloma de Gramenet implicadas en la operación Pretoria. Pero Martínez Madero apenas duró tres años en el cargo. El 21 de enero de 2011, con CiU ya en el poder, el jefe de la OAC sufrió un infarto en el avión que le llevaba de vuelta a Barcelona en una escala técnica en el aeropuerto de Milán. E incluso así había remitido 80 expedientes a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Ni CiU ni el PSC consideraron prioritario encontrar un sustituto para el fallecido director de la OAC. Finalmente llegaron a una solución de compromiso. Convergència propuso como director al magistrado de la sección séptima de Barcelona Daniel de Alfonso, mientras los socialistas impusieron a Albert Batlle como director adjunto. Ya entonces en Esquerra y en Iniciativa se sospechaba que la misión de De Alfonso y Batlle era desmantelar de forma ordenada la Oficina Antifrau.
CiU logró la victoria en noviembre de 2010 con una exigua mayoría simple de 62 escaños y necesitaba recurrir a la geometría variable para sacar adelante sus proyectos. Desmantelar entonces la OAC le habría impedido contar con el apoyo de ERC en algunas de las iniciativas parlamentarias en las que no podía negociar con el PP.
Algunas operaciones iniciadas por la OAC demostraron la necesidad de la oficina, como la condena de algunos exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat, o el último escándalo protagonizado en Girona por responsables de Gestió d'Infraestructures, la encargada de adjudicar las obras públicas de la Generalitat. Sin embargo, antes del verano, la Generalitat ya comunicó que la OAC quedaba congelada y que el incremento de personal hacía poco viable el proyecto en la actual coyuntura. Un presagio de lo que hará Artur Mas si obtiene la mayoría absoluta el 25 de noviembre.
El 'caso Caféambllet'
La Oficina Antifrau era una de las escasas posibilidades con que contaban Albano Dante y Marta Sibina para acreditar las informaciones sobre la corrupción en la Sanidad catalana publicadas en su revista, Caféambllet. Dante y Sibina han dedicado los dos últimos años a publicar en su revista casos palmarios de comportamientos irregulares en materia sanitaria en Girona.
Denunciaban especialmente que un exalto cargo de Jordi Pujol, que se ha convertido en un poder fáctico en la zona, Ramon Bagó, compatibilizaba la presidencia del Consorci Sanitari de Catalunya con la condición de propietario del grupo SEHRS, que ha recibido múltiples adjudicaciones del consorcio.
El País se ha ido haciendo eco de la investigación de los dos periodistas de Girona y, antes de que el Govern anunciara que congelaba la OAC, Antifau también abrió un expediente.
Sin embargo, el Juzgado de primera instancia número 37 de Barcelona ha condenado a los dos editores de Caféambllet a pagar 10.000 euros al dirigente convergente Josep Maria Via por vulnerar su derecho al honor, en una sentencia que muchos juristas consideran inexplicable, porque a Via sólo le mencionaron como firmante de un artículo en El País. Ni Bagó ni los otros implicados han sido parte en el procedimiento.
La investigación de Antifrau era una de las bazas que podían jugar los dos periodistas condenados en su recurso. Si Convergència i Unió, a la que pertenecen tanto Bagó como Via, no la cierra antes.
Fuente: http://www.eldiario.es/politica/CiU-suprimir-Oficina-Antifraude-absoluta_0_68943416.html
PD:
Tots-amb-il-lu-sió! 
