Cobra más de un millón de euros en ayudas con 50 pasaportes falsos...

Un ciudadano senegalés de unos 40 años de edad ha cobrado de forma ilegal 1.097.000 euros en ayudas sociales del Gobierno vasco. La Policía Nacional atribuye a O.N. un fraude que se ha prolongado durante la última década al utilizar medio centenar de identidades falsas para percibir tanto la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Efectivos de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional detuvieron a O.N. tras una investigación policial que se inició el pasado mes de marzo. Los agentes de la Policía Nacional constataron que O.N. viajaba con frecuencia a Senegal y utilizaba varias identidades para cobrar las ayudas sociales de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo. También han sido detenidos varios colaboradores de O.N. que se hacían pasar por él ante las oficinas de empleo vascas.

O.N. subarrendaba habitaciones para conseguir empadronarse en un domicilio y completaba los años previos de residencia requeridos mediante certificados de empadronamiento falsos. Seguidamente abría una cuenta en una entidad bancaria y acudía a las oficinas de Lanbide a solicitar la RGI y la PCV.

Según fuentes de la investigación, O.N. ingresaba mensualmente hasta 10.000 euros al percibir ayudas cuyo importe actual es de 1.002 euros para una única persona (727 euros de RGI y 275 euros de PCV).

Para obtener estas prestaciones sociales el ciudadano senegalés, que se encuentra ahora en libertad provisional, se empadronó en diferentes localidades de Vizcaya como Bilbao, Durango, Getxo, Gernika o Iurreta. Empadronamientos que en los ayuntamientos vascos se realizan con una simple declaración y la conformidad del propietario o arrendatario, algunos de los cuales están imputados por colaboración.

Los pasaportes presentados a las instituciones y a las entidades bancarias corresponden a ciudadanos de Senegal, Congo, Gambia, Mali y Ghana. Además, con el objetivo de cobrar la prestación por alquiler de vivienda de 250 euros mensuales (actualmente, 275) el presunto defraudador registraba en Lanbide contratos de subarriendo de habitaciones en pisos alquilados por él mismo, por cómplices y por otros ciudadanos que desconocían su actividad delictiva.

Los agentes de la Brigada de Extranjería, además, han aportado al sumario judicial abundante documentación sobre la ausencia de mecanismos eficaces de control en Lanbide. El Servicio Vasco de Empleo que desde 2020 depende de la vicelehendakari Idoia Mendia reconoció en 2020 que había pagado un total de 10,4 millones de euros de más a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos. Del total de estos 'cobros indebidos', Lanbide aseguró que había recuperado 8,6 millones, por lo que la pérdida constatada de recursos públicos en ese ejercicio fue de 1,8 millones. En 2021, sin datos sobre la cuantía, sí que consta que alrededor de 10.000 perceptores que han recibido más dinero que el que les correspondía ni lo han devuelto ni han respondido a la petición del Gobierno vasco para hacerlo.

Un ciudadano senegalés, de unos cuarenta años de edad, ha cobrado de forma ilegal más de 1 millón de euros en ayudas sociales del Gobierno vasco. La Policía Nacional atribuye a O.N. un fraude que se ha prolongado durante la última década al utilizar 62 identidades falsas para percibir tanto la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

La Delegación del Gobierno ha confirmado esta mañana el operativo policial que ha permitido desarticular el fraude liderado por O.N. Hasta 23 detenciones ha practicado la Policía Nacional en una extensa investigación en la también se han localizado 22 pasaportes falsificados, 16 libretas bancarias a nombre de identidades falsas, 17 tarjetas de crédito, nueve teléfonos móviles, un disco duro externo y diversa documentación relacionada con Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo.

El delegado del Gobierno, Denis Itxaso, ha renunciado a explicar ante los medios de comunicación el alcance del trabajo realizado por la Brigada de Extranjería antes de participar en un acto con víctimas del terrorismo al que también ha acudido la cúpula de la Policía Nacional en Euskadi incluido el jefe superior del País Vasco, Jesús Herranz Torrubia. Sin embargo, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha utilizado las redes sociales para dar la "enhorabuena" al trabajo de los agentes policiales por "destapar un nuevo fraude en la RGI que nos indigna a todos los vascos". "El Gobierno vasco está de nuevo inmerso en un gravísimo escándalo porque no ha hecho bien su trabajo y los controles han brillado por su ausencia", ha advertido Iturgaiz.

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha tenido que reconocer la existencia de "fraude" en el cobro de las ayudas sociales vascas aunque ha asegurado que es "minoritario" y "existe un control permanente".

El jefe de la banda creó 62 identidades falsas sirviéndose de otras personas con el fin de cobrar ayudas públicas para el alquiler de vivienda (PCV) y de renta básica (RGI) destinadas a personas y familias sin recursos suficientes, por lo que de media consiguió 857 euros mensuales por cada persona dada de alta (625 por la RGI y 250 por la PCV), lo que ha supuesto un desfalco de 1.091.416 euros.

Según fuentes de la investigación, O.N. ingresaba mensualmente hasta 10.000 euros al percibir ayudas cuyo importe actual es de 1.002 euros para una única persona (727 euros de RGI y 275 euros de PCV).

Para obtener estas prestaciones sociales el ciudadano senegalés, que se encuentra ahora en libertad provisional, se empadronó en diferentes localidades de Vizcaya como Bilbao, Durango, Getxo, Gernika o Iurreta. Empadronamientos que en los ayuntamientos vascos se realizan con una simple declaración y la conformidad del propietario o arrendatario, algunos de los cuales están imputados por colaboración.

Los pasaportes presentados a las instituciones y a las entidades bancarias corresponden a ciudadanos de Senegal, Congo, Gambia, Mali y Ghana. Además, con el objetivo de cobrar la prestación por alquiler de vivienda de 250 euros mensuales (actualmente, 275) el presunto defraudador registraba en Lanbide contratos de subarriendo de habitaciones en pisos alquilados por él mismo, por cómplices y por otros ciudadanos que desconocían su actividad delictiva.

Los agentes de la Brigada de Extranjería, además, han aportado al sumario judicial abundante documentación sobre la ausencia de mecanismos eficaces de control en Lanbide. El Servicio Vasco de Empleo que desde 2020 depende de la vicelehendakari Idoia Mendia reconoció en 2020 que había pagado un total de 10,4 millones de euros de más a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos. Del total de estos 'cobros indebidos', Lanbide aseguró que había recuperado 8,6 millones, por lo que la pérdida constatada de recursos públicos en ese ejercicio fue de 1,8 millones. En 2021, sin datos sobre la cuantía, sí que consta que alrededor de 10.000 perceptores que han recibido más dinero que el que les correspondía ni lo han devuelto ni han respondido a la petición del Gobierno vasco para hacerlo.

O.N., el ciudadano senegalés de 41 años de edad acusado de cobrar más de un millón de euros en ayudas sociales, comenzó a cobrar las prestaciones vascas en 2008. Una constante vía de ingresos que se truncó solo cuando agentes de la Brigada de Extranjería le detuvieron el pasado 21 de marzo cuando prácticamente se bajaba del avión y tres días después de que la Policía Nacional detuviera a uno de sus colaboradores, F.A. natural de Camerún. O.N. llegó a utilizar 62 identidades falsas para garantizarse el cobro del 1.091.416 euros, utilizó 22 pasaportes, se aprovechó de empadronamientos ficticios en cuatro municipios vizcaínos y falsificó documentación para mantener estas ayudas hasta el pasado mes de marzo.

La detención de O.N por la Policía Nacional puso fin al mayor fraude en las ayudas sociales vascas que desde 2012 gestiona el Servicio Vasco de Empleo pero que con anterioridad eran una competencia de las tres diputaciones forales. De hecho, según la información obtenida por la Brigada de Extranjería que forma parte de la investigación judicial, el presunto defraudador de ayudas sociales comenzó a cobrarlas en abril de 2008 cuando aún se concedían por los servicios sociales de Vizcaya.

Desde entonces, como adelantó ayer EL MUNDO, N.O. amplió con hasta 62 identidades falsas el cobro de estas ayudas que el País Vasco concede de forma indefinida a quienes documentan llevar tres años empadronados en algún municipio vasco y carecer de ingresos y propiedades.

O.N., en libertad provisional a la espera de juicio, contó con la colaboración de otras 23 personas de nacionalidad extranjera para garantizarse la continuidad de su actividad delictiva. El ciudadano senegalés logró empadronamientos ficticios en las localidades vizcaínas de Bilbao, Getxo, Iurreta y Santurtzi. Con 22 pasaportes falsificados -al sustituir la foto de sus titulares por imágenes suyas- más los empadronamientos ficticios y contratos de subarriendo de habitaciones en pisos de alquiler, O.N. se aseguraba cobrar por cada una de los supuestos perceptores 625 euros mensuales por RGI y otros 250 euros por el alquiler ficticio de habitaciones.

El Gobierno vasco evitó ayer aclarar cómo se ha permitido un fraude continuo y de más de un millón de euros. Su portavoz, Bingen Zupiria se limitó a asegurar que es «minoritario» y existe un «control permanente» pese a ser evidente lo contrario. El Gobierno vasco no facilita datos sobre el fraude y solo cuantifica lo que denomina "cobros indebidos" en los que se incluyen las prestaciones que se han realizado a perceptores de la ayuda que luego son revisadas. Según datos del Servicio vasco de Empleo, en 2021 alrededor de 10.000 perceptores de ayudas sociales vascas no devolvieron las cuantías que habían cobrado de forma indebida.

El Gobierno vasco reclama por correo certificado a estos perceptores la devolución de las cantidades pendientes de devolución y, si no logra respuesta, publica en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPVA) estas reclamaciones. Todos los días el Boletín de País Vasco publica una relación de expedientes de ayudas sociales que no han podido ser notificados a quienes reciben las ayudas cuando se les ha intentado localizar en sus domicilios. En el día de ayer 7 de junio, la orden firmada por la directora de Lanbide Gloria Sánchez incluía 532 notificaciones fallidas a perceptores de estas ayudas sociales vascas.