El hecho de la falsificación de una firma en el acta tiene consecuencias jurídicas desde el punto de vista del derecho administrativo, pero al no ser un acta verdadera, sino presuntamente simulada, las profesoras no se enfrentarían al artículo 309 del Código Penal, que castiga la falsificación en documento público con cárcel para el funcionario (de 3 a 6 años), según aseguran algunas fuentes jurídicas. Otras, en cambio, opinan que dar forma de documento público a algo que no lo es, y que además tiene firmas falsificadas de funcionarios públicos o personal de una universidad, sí podría encuadrarse dentro de ese delito.
El acta que presentó Cifuentes como prueba de su máster tiene dos firmas falsificadas