Que jodida vergüenza.
La crisis política catalana se está cobrando ya sus primeras víctimas. Y no son las que nadie hubiera esperado. Se trata de miles de discapacitados que, sin jugar ningún papel en todo este proceso, ven como hoy dejan de recibir servicios asistenciales por falta de dinero en sus respectivas entidades sociales. La explicación es sencilla: las ONG y organismos de ayuda a discapacitados, inmigrantes y personas con dificultades dependen en buena medida de las subvenciones públicas que reparte cada año la consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Al habitual retraso en los pagos, se añade que desde septiembre las cuentas de la consejería están intervenidas por el Gobierno por culpa del 'procés'. El resultado es que a punto de terminar el año, muchas no han cobrado ni un céntimo de las ayudas que necesitan para sobrevivir.
El caso más alarmante es el de la Federación de Sordos de Cataluña (Fesoca), que este mismo miércoles ha iniciado las negociaciones para lanzar un ERE. Su plantilla de 27 profesionales lleva cuatro meses sin cobrar y la consejería les ha dicho que, como mínimo, no va a haber dinero hasta el mes de enero. "Nos deben 450.000 euros. La consejería se lava las manos y dice que es el Ministerio de Hacienda quien debe desbloquear y aprobar el pago, pero ese dinero estaba aprobado ya desde principios de año y como siempre han dejado los pagos para el final. La consejería es igual de responsable que el Gobierno de esta situación", protesta Nuria Charneco, delegada sindical de Fesoca.
Y sigue...