El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y su hijo Gorka —abogado deportivo— han sido detenidos este martes en una operación contra la corrupción que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y supervisa el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional.
Se prevén varios registros y más detenciones, según ha podido saber 20minutos de fuentes de la investigación. Otro de los arrestos, según Efe, es el de Juan Padrón, vicepresidente económico de la Federación. La operación afecta a la cúpula de la institución y a su gestión supuestamente irregular, con supuestos favores y lucros personales incluidos.
Los delitos que se les atribuyen son administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental, todo ello en relación con la organización de partidos internacionales. Los agentes están requiriendo en los registros numerosa documentación.
La investigación es secreta aunque, según fuentes consultadas por Efe, se sospecha que los investigados podrían haberse beneficiado personalmente a través de distintas empresas y en perjuicio de la Federación impulsado la celebración de partidos entre la selección española y otras selecciones, consiguiendo con ello contraprestaciones económicas.
Varios agentes, visiblemente acreditados, han invitado a salir a los empleados de la Federación de sus oficinas y comenzaron el registro para el que las fuerzas de Seguridad emplearon un dispositivo de almacenamiento que puede llegar a los 2 Teras (T
. Los empleados se han dirigido hacia el gran vestíbulo central de la planta baja.
Hace solo cuatro meses, un juzgado de Majadahonda (Madrid) decidió investigar a Villar y a la Federación por prevaricación, apropiación indebida y malversación de 1,2 millones de euros de dinero público por un posible trato de favor a los clubes Recreativo de Huelva y Marino.
A la espera de conocer más datos, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, por su parte, ha apuntado la posibilidad de que la operación podría ser consecuencia de una denuncia del Consejo Superior de Deportes a la Fiscalía por el hecho de que un dinero recaudado para ayudar a Haití, tras el terremoto sufrido por este país, no llegara a su destino.
"Tenemos que estar a lo que digan los jueces y los tribunales. Las leyes se cumplen, las leyes son iguales para todos y nadie está por encima de la ley", ha subrayado.
Es que en todas las instituciones hay ratas, es increíble, vaya país de broma.
