El Parlamento danés aprobó este miércoles por procedimiento de urgencia una reforma del código penal que permitirá castigar con dos semanas de prisión incondicional la mendicidad en ciertos lugares, si se considera que genera "inseguridad".
La modificación, que duplica el castigo y convierte en forzosa la estancia en la cárcel, va dirigida contra la mendicidad en calles peatonales, estaciones, medios de transporte público y supermercados y elimina el requisito de que los afectados reciban primero una advertencia.
La propuesta del Gobierno en minoría liberal-conservador salió adelante con los votos del xenófobo Partido Popular Danés, aliado del Ejecutivo, y del Partido Socialdemócrata, líder de la oposición.
El Parlamento rechazó, sin embargo, una propuesta de la derecha xenófoba de expulsar inmediatamente del país a los extranjeros castigados con prisión por mendigar, ya que violaría la legislación de la Unión Europea (UE).
La reforma se produce pocas semanas después de que varios políticos de Copenhague, incluido su alcalde socialdemócrata, criticaran la abundancia de indigentes extranjeros, muchos de ellos de etnia gitana, y pidieran medidas al Gobierno.
El Ejecutivo danés, que había aprobado recientemente otra ley para permitir a la Policía cerrar campamentos de indigentes que provocasen "inseguridad" en las áreas colindantes, respondió impulsando una reforma y tramitándola con carácter de urgencia. "No vamos a aceptar gitanos que creen inseguridad", dijo hace una semana el primer ministro danés, el liberal Lars Løkke Rasmussen.
Varios grupos políticos de centro e izquierda que votaron hoy contra la propuesta la calificaron de "vergonzosa" y "discriminatoria" y acusaron al Gobierno de atacar a los indigentes, en vez de ayudarlos.
"Esperamos que afecte a muchos criminales extranjeros ambulantes que tienen mucha presencia, piden y roban en las calles de Copenhague, así pueden volver a casa. Dinamarca no puede ser la oficina social de la UE", afirmó este miércoles el ministro danés de Justicia, el conservador Søren Pape Poulsen. La nueva ley dejará de tener efecto dentro de tres años, si el Parlamento no aprueba expresamente que sea prolongada.
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