Hace apenas un año que el buque japonés Chikyu batió el récord mundial de perforación científica para estudiar futuros terremotos en la falla de Nankai. Y lo hizo con varios investigadores españoles a bordo, e incluso liderando algunas de las divisiones científicas del proyecto. «Ahora sabemos que allí habrá un terremoto grande, de magnitud 8 o superior», asegura una de las investigadoras que participó en la perforación.
Pero eso no volverá a ocurrir a no ser que España retome la senda del compromiso con los pagos a los organismos científicos internacionales. El Programa Internacional para el Descubrimiento del Océano (IODP, por sus siglas en inglés) expulsó a nuestro país oficialmente en diciembre de 2013 y el Programa Internacional de Perforación Científica Continental (ICDP, en inglés) lo hizo en abril de 2014. Es decir, los dos grandes proyectos mundiales de estudio geológico en mar y en tierra ya no contarán con investigadores españoles. A nivel mundial, cada vez son más los países que se van incorporando a estos proyectos liderados inicialmente por EEUU, Alemania y Japón. Son miembros de IODP el consorcio europeo ECORD, Canadá, China, Australia, India, Corea del Sur, Brasil...y en ICDP además Finlandia, Islandia, Noruega, Suiza, Austria, Israel, Nueva Zelanda...
Estos programas han llevado a cabo los estudios pioneros de terremotos de gran magnitud como los causados por la Falla de San Andrés en California o el que provocó el terremoto de Japón de 2011 y que causó la catástrofe nuclear de Fukushima. Pero también había sobre la mesa proyectos para perforar y estudiar la falla de Lorca -que causó el seísmo que mató a nueve personas en Murcia en 2011- o la caldera del Teide para estudiar su vulcanismo. Con la expulsión de España de los programas, proyectos como estos, que podrían ayudar a comprender y a minimizar los riesgos de estos fenómenos naturales, quedan, como mínimo, paralizados.
Las cuotas del programa de perforación marina ascendían a 500.000 euros en el momento en que se dejaron de abonar. Y las del proyecto de perforación terrestre eran de unos 50.000 euros (70.000 dólares). Pero durante los cuatro años de impagos, los representantes españoles de ambos consorcios han renegociado posibles pagos a la baja y han llegado a plantear a la Secretaría de Estado de I+D+i pagos de 100.000 euros para el IODP y de 30.000 euros para el ICDP.
«El problema es que no ha habido la más mínima intención de negociar por parte del Gobierno», asegura Blas Valero, director del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC y miembro del Comité Científico de Evaluación de los proyectos ICDP durante el periodo 2008-2012. «El daño es muy importante y podría haberse evitado», asegura.
Las consecuencias de la expulsión son más graves para los investigadores más jóvenes. Los investigadores más senior ya no podrán proponer ni liderar proyectos. Pero aquellos que están realizando la tesis con sondeos obtenidos en estos programas ya no tendrán acceso a las muestras con las que están trabajando. «Tenemos un riesgo muy grave de perder una comunidad científica», explica Carlota Escutia, investigadora del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC-Universidad de Granada) y ex-delegada de España en el Comité Científico del consorcio europeo ECORD, miembro del IODP.
Este programa de perforación marina ha contado con investigadores de 23 instituciones españolas, 21 participantes en campañas de perforación y dos propuestas científicas lideradas por españoles, sólo superadas en Europa por Alemania y Reino Unido, que aportan seis millones de euros cada uno.
«La comunidad internacional reconoce a la ciencia española en este campo y la valora mucho y nuestro Ministerio no lo hace», dice Escutia. Sin embargo, los investigadores insisten en que aún es posible pagar la cuota y recuperar el prestigio perdido. «Después de negociar, tenemos una oportunidad de participar a bajo coste. Si queremos volver, no creo que nos cobren la deuda anterior. Con empezar a pagar a partir de este año sería suficiente», dice Escutia. Este diario intentó ayer conocer la versión de la Secretaría de Estado de I+D+i, pero no obtuvo respuesta.
