1- La Policía francesa encuentra un recibo de 64.000 euros del 'impuesto revolucionario' cobrado en junio
2- En otra de las inspecciones fueron hallados 40.000 euros, en billetes pequeños
3- El Gobierno dice que no se 'altera el curso de ruta' y Otegi habla de 'ataque frontal'
4- La Fiscalía informa de que en el sumario no figuran cartas de extorsión posteriores al alto el fuego
ELMUNDO.ES | AGENCIAS
MADRID.- La Policía francesa ha encontrado, en una de las intervenciones que ha terminado con la red de extorsión de ETA, un recibo del cobro del 'impuesto revolucionario' fechado este mismo mes de junio por valor de 64.000 euros, según publica EL MUNDO.
Aunque corresponde a una extorsión realizada por primera vez en 2001, el citado documento implica que la banda terrorista no ha renunciado, al menos, a seguir cobrando los plazos de 'deudas' actuales y antiguas.
El recibo está a nombre de dos empresario que habrían pagado hace escasos días un total de 64.000 euros.
Según informa Ángeles Escrivá en EL MUNDO, en otra de las inspecciones, la efectuada en Irún en el domicilio del empresario hostelero Joseba Elosua, fueron halladas dos tandas de dinero de más de 40.000 euros, en billetes pequeños -que es el modo como ETA suele solicitar que los pagos le sean entregados- y un listado de matrículas de coches de policía.
Este martes la policía francesa y española ha asestado un gran golpe a la red de extorsión de la banda terrorista ETA. En una operación conjunta han desarticulado, con la detención de 12 personas, un aparato que actuaba desde hace 20 años recaudando el 'impuesto revolucionario'.
De acuerdo con las investigaciones, era en Francia donde la dirección de la red de extorsión coordinaba y canalizaba las peticiones exigiendo el pago del impuesto revolucionario. En España, ETA invertía presuntamente los beneficios obtenidos y también hacía desaparecer ese capital de los circuitos financieros regulares y fiscalizables, trasladándolo a paraísos fiscales.
Estas funciones las realizaban, bajo la dirección de Ángel María Iturbe Abásolo, 'Ikula', de 53 años y hermano del que fuera máximo dirigente de ETA, 'Txomin'; José Luis Cau Aldanur, de 62 años; María Cristina Larrañaga Arando, de 52 años; Eloy Uriarte Díaz de Guereñu 'Señor Robles', de 48 años y José Ramón Badiola Zabaleta, también de 48 años; todos ellos detenidos en Francia, así como Ramón Sagarzazu Olazaguirre, de 69 años, arrestado en España.
Además de los ya citados se han producido los arrestos del histórico Julen Kerman Madariaga y Aguirre, cofundador de ETA y miembro de Aralar; y de María Izaskun Gantxegi Arruti.
Los otros cinco miembros de la red de extorsión han sido detenidos en España. Además del ya citado Ramón Sagarzazu Olazaguirre, las identidades del resto son: Ignacio Aristizábal (Oyarzun), Jean Pierre Harocarene (Irún), Joseba Imanol Elosúa Urbieta y su yerno, José Carmelo Luquín Vergara (Santa Pola). Urbieta, de 72 años y con domicilio en Irún, regenta en ese pueblo guipuzcoano un local de hostelería conocido como El Faisán, el cual ha sido clausurado y embargado por el juez junto con otros bienes. [MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS DETENIDOS]
Seis registros en Francia y 14 en España
En la operación, que aún continúa abierta, los agentes han practicado seis registros en Francia y 16 en España, 14 en la provincia de Guipúzcoa y dos en la de Alicante, y han sido embargados bienes patrimoniales con un valor superior a los 700.000 euros.
La operación, fruto de dos años de investigación, ha sido dirigida por los jueces Fernando Grande-Marlaska desde España y Laurence Le Vert, en Francia, y tiene su origen en un sumario de 1998, abierto por el juez Baltasar Garzón. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha precisado que los jueves fijaron la fecha de la acción policial la pasada semana y que el Gobierno "la conocía".
Fuentes de la Audiencia Nacional explicaron que todos los detenidos actuaban presuntamente como intermediarios para hacer llegar a ETA lo recaudado por el llamado 'impuesto revolucionario' y que, según denuncias de empresarios navarros, la banda terrorista ha tratado de recaudar a pesar del alto el fuego del 22 de marzo.
No obstante, en el procedimiento judicial que ha dado origen a la última operación policial no figura ninguna carta de extorsión posterior al anuncio de alto el fuego permanente, según aseguraron fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La causa -que está declarada secreta- se abrió en 1998 y se reactivó a finales del pasado mes de febrero.