El Gobierno agilizará la construcción de vivienda con licencias rápidas y busca limitar los pisos turísticos en zonas tensionadas
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado este jueves que es necesario "limitar" los alojamientos turísticos en zonas tensionadas, ya que considera que este modelo de alquiler está tensionando el mercado residencial. Para facilitar el acceso a la vivienda, Rodríguez ha anunciado también que agilizará la construcción mediante licencias rápidas y contará con la colaboración del sector privado, con el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dado cita este jueves en un encuentro que ha despertado críticas desde Sumar, el socio de coalición.
"Donde hay una mayor concentración de pisos turísticos, hay parejo una tensión en el mercado", ha afirmado Rodríguez en una comparecencia ante los medidos tras reunirse, junto al presidente del Gobierno y al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con varios representantes del sector inmobiliario para afrontar el problema de la vivienda. Aunque la titular de la cartera ha reconocido que los alojamientos turísticos no son el único elemento que está detrás del encarecimiento de los precios, ha recalcado la necesidad de aplicar medidas con "bisturí" para logar que ningún ciudadano destine más del 30% de su renta al pago de la hipoteca o del alquiler.
No obstante, Rodríguez ha subrayado la necesidad de actuar desde el respeto a las competencias autonómicas y locales en este ámbito, en el que cuenta con un grupo de trabajo junto al Ministerio de Industria y Turismo. "Yo quiero, junto con el ministro de Industria, reunirme con las comunidades autónomas sobre este asunto, porque no quiero entrar en sus competencias, pero esto es de mi incumbencia porque está tensionando el mercado residencial", había señalado previamente en una entrevista en la Cadena Ser, donde recordó que comunidades como Cataluña, Andalucía o Canarias están "dando pasos" en esta materia.
La ministra de Vivienda ha recalcado la importancia de atender las distintas realidades existentes, apuntando a que los alojamientos turísticos pueden ser una "oportunidad" para reactivar zonas rurales, pero al mismo tiempo están conduciendo a problemas de acceso a la vivienda y de gentrificación en algunas grandes ciudades. "Reivindico un concepto de ciudad en el que cabe el turismo, que es un sector estratégico para nuestro país, pero en el que quede espacio también para la convivencia, en el que la gentrificación no expulse a los vecinos", ha expresado.
"Medidas excepcionales"
La ministra de Vivienda también ha tendido la mano a las comunidades autónomas para poner en marcha las zonas tensionadas previstas en la ley de vivienda, que permiten aplicar "medidas excepcionales" para controlar los precios y facilitar el acceso. Rodríguez ha señalado que el Gobierno cuenta con herramientas para actuar en estas áreas mediante iniciativas específicas y "diferenciadas" de las emprendidas a nivel nacional, como financiación o ayudas públicas adicionales, aunque ha reconocido que corresponde a las comunidades autónomas solicitar la declaración de zona tensionada en su territorio.
"El Gobierno atiende a la ley y aquellas comunidades que vayan poniendo en marcha las zonas tensionadas, van a sentirse acompañadas", ha asegurado, haciendo un llamamiento a los Ejecutivos regionales para que den el paso, como ya ha hecho Cataluña. Las comunidades donde gobierna el PP ya han evidenciado su negativa a solicitar la declaración de zonas tensionadas, a pesar de que algunos municipios ubicados en esos territorios les piden hacerlo. "Si ellos no lo hacen, yo intervendré de manera diferenciada con las zonas que cumplan con la ley", había advertido previamente en los micrófonos de la Cadena Ser, avisando de que no aplicar las zonas tensionada supondrá renunciar a un apoyo extra por parte del Estado para abordar el problema de la vivienda.
Reunión con el sector
Como medida concreta fruto de la reunión mantenida con el sector inmobiliario, Rodríguez ha anunciado la modificación de una orden del Ministerio de Economía que agilizará los tiempos en la construcción de vivienda, permitiendo a aquellos promotores que cuenten con licencias rápidas acceder a financiación. "Hay licencias que se llaman abreviadas, básicas, sencillas... que ya están en el argot y en la práctica urbanística en nuestro país, pero que por la norma no incorporaba y estaba propiciando sobre todo un problema a la hora de acceder a la financiación'" ha explicado. Este cambio complementará la modificación de la ley de suelo que el Gobierno pretende sacar adelante en el Congreso de los diputados para simplificar la gestión de los desarrollos urbanísticos.
La ministra ha asegurado que el encuentro de este jueves, en el que han participado las patronales de promotores y constructores, el sector bancario y los sindicatos y al que han criticado no ser invitados el sindicato de inquilinos y la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, ha sido "muy productivo" y ha anunciado su compromiso de mantener este tipo de reuniones de forma semestral, contando una vez al año con la presencia del presidente del Gobierno. "Coincidimos en el objetivo de aumentar la oferta para garantizar el derecho a una vivienda asequible y nos comprometemos a fortalecer la colaboración público-privada", ha explicado sobre los objetivos compartidos con el sector, que ha pedido al Ejecutivo mantener su inversión en vivienda.
Choque con Sumar
Desde el otro ala del Gobierno, Sumar ha criticado la sintonía de Rodríguez con el sector privado, acusándola de ofrecer "negocio" a las promotoras. "Esperamos más de una ministra de Vivienda que debería defender a los vecinos sobre los especuladores", ha escrito en la red social X la portavoz adjunta de la formación en el Congreso, Aina Vidal. "No puede primar el negocio de unos pocos sobre el derecho de muchos", ha añadido. "O hay negocio o hay derecho", ha coincidido Íñigo Errejón. "Intervenir en el mercado de la vivienda es una urgencia social: regulación estricta del alquiler de temporada y turístico, un índice de alquiler efectivo que baje los precios, prohibir la compra especulativa de fondos buitre. Insistiremos hasta que sea un derecho y no un negocio", ha escrito el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
También en Podemos han hecho explícitas sus críticas hacia los socialistas. "Mientras lo consideréis como un negocio para los buitres y los especuladores no vais a poder garantizar el derecho a la vivienda", ha lamentado en redes sociales Irene Montero, que ha insistido en la necesidad de "hacer cumplir la ley de vivienda a las comunidades autónomas y limitar el precio de los alquileres". "No nos merecemos tener un Gobierno que está mas preocupado de la apariencia, de la superficialidad y de sacar un buen titular que de resolver una emergencia como la que tenemos en España con el derecho a la vivienda", ha añadido.
No obstante, los socialistas insisten en la necesidad de contar con la colaboración del sector privado para ampliar el parque de vivienda y facilitar el acceso. En ese sentido, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que el Gobierno tiene la voluntad de escuchar las demandas de los promotores "para que ellos sean también un elemento de negocio, un elemento de interés, aunque la rentabilidad de todas esas operaciones no sólo hay que mirarla desde el punto de vista económico, también hay que mirarla desde la reputación y desde la aportación que puedan hacer al conjunto de la sociedad".
El FMI pide a España construir más casas para atajar el problema de vivienda y ve mal topar precios: "No funciona y afecta al vulnerable"
El Fondo Monetario Internacional (FMI), apenas un día después de que el Gobierno anunciase su intención de aligerar la construcción de viviendas para atajar el problema de los altos precios inmobiliarios, ha publicado un informe sobre la economía española que redunda en la cuestión y con una receta parecida. España, dice el organismo, tiene que aumentar el parque de viviendas. Y debe priorizar esta medida sobre otras, como la reciente introducción de un tope de precios en zonas tensionadas, de la que advierte además de su riesgo para la población más vulnerable.
"Para mejorar la asequibilidad de la vivienda, las autoridades deberían priorizar el aumento de la oferta en lugar del apoyo distorsionador a la demanda", asegura el organismo dirigido por Kristalina Georgieva en su Artículo IV para España, un informe que evalúa el estado de la economía española, sus problemas y sus nichos de mejora. Es decir, pide levantar más casas para que el exceso de oferta lleve al casero a bajar los precios en su intento de conseguir inquilinos. Esa situación, según el FMI, daría la vuelta al panorama actual de poca oferta y mucha demanda que deja el mango de la sartén de los precios en mano de los propietarios.
El FMI valora que el Gobierno esté "avanzando en el aumento de la oferta de viviendas" —el anuncio de la ministra Isabel Rodríguez de este pasado jueves va en este sentido—; también aprecia que esté dedicando parte de los fondos del programa Next Generation en "financiar el desarrollo de viviendas asequibles en terrenos públicos y expandir el actualmente pequeño parque de viviendas sociales"; y por último, da la "bienvenida a la actual racionalización de la planificación urbana, incluida la reducción de la burocracia en la concesión de licencias a nivel regional y local".
Esa reducción de la burocracia a la que se refiere el FMI es la que ayer mismo avanzó la ministra Rodríguez tras la reunión en Moncloa con las patronales inmobiliarias y financieras. El Gobierno modificará una orden del Ministerio de Economía para agilizar los tiempos en la construcción de vivienda, permitiendo a los promotores que cuenten con licencias rápidas acceder a financiación. "Se eliminaría así todo un problema a la hora de acceder a la financiación', explicó la titular de Vivienda.
Pero el organismo internacional también ve sombras... y subraya una: los precios de referencia para alquiler en zonas tensionadas de grandes ciudades que se introdujeron en la Ley de Vivienda de 2023 y que hasta ahora solo se han implementado en algunas partes de Cataluña. "Las experiencias pasadas sugieren que ese control de precios pueden reducir la oferta de viviendas de alquiler", dice el FMI. Es decir, introducir topes de precios ahuyentaría a los dueños de casas de ponerlas en el mercado si no pueden cobrar por ellas lo que libremente quieran.
Ese sería el primer efecto nocivo observado por el FMI. Pero también señala una segunda consecuencia: si el tope de precios reduce la oferta de pisos —por el citado efecto miedo sobre el casero— ese recorte de stock en alquileres provocaría un aumento mayor de precios que "limitaría aún más el acceso entre los grupos desfavorecidos, socavando los objetivos mismos de la ley". O en otras palabras, que una medida que busca ayudar a quienes cobran menos para poder acceder a una casa... acabaría teniendo el efecto contrario y les expulsaría aún más del mercado. "Así ha sucedido en otros países cuando se han introducido estos límites", ha explicado este mismo viernes en rueda de prensa Romain Alexandre Duval, jefe de la misión del FMI en España.
