El Gobierno cargará el canon digital a todos los españoles vía impuestos.
El borrador de Cultura establece que el canon digital lo pagarán todos los contribuyentes mediante impuestos a partir del 1 de enero de 2013.
El Gobierno ya tiene encima de la mesa el nuevo borrador para regular el canon digital en España mediante un Real Decreto-Ley por el que se adoptan "medidas urgentes en materia de Propiedad Intelectual" y que, según el texto, entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero, una vez aprobado.
Tras llegar al poder, el PP adoptó dos medidas relevantes en materia de derechos de autor: en primer lugar, ratificó la denominada Ley Sinde mediante la aprobación de su su reglamento, en donde se permite a una autoridad administrativa el cierre de páginas web sin la debida intermediación judicial bajo la excusa de vulnerar derechos de propiedad intelectual; en segundo lugar, suspendió la aplicación del polémico canon digital, algo obligado después de que la Justicia europea declarara ilegal el método de cobro vigente hasta entonces.
Sin embargo, dicha suspensión era tan sólo temporal. A finales de diciembre de 2011 (disposición adicional décima del Real Decreto-ley 20/2011), el Gobierno eliminó el canon digital para sustituirlo por un nuevo sistema "con cargo a los Presupuestos Generales del Estado", y cuyas características concretas serían determinadas mediante un futuro reglamento. El citado mecanismo fue presentado al Consejo de Ministros por el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, el pasado junio, y aunque todavía no se ha aprobado, el texto acaba de salir a la luz, tras ser filtrado por Pirates de Catalunya, cuyo candidato a las elecciones catalanas del próximo 25N, Josep Jover, fue, precisamente, el artífice de tumbar el anterior canon digital en Bruselas.
El citado Real-Decreto supone una especie de reforma exprés de la Ley de Propiedad Intelectual y, entre otros aspectos importantes, confirma que el canon digital será sufragado por todos los españoles vía impuestos, al tiempo que prohíbe reclamar la devolución de todas las tasas cobradas antes de 2012, pese a que el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que el canon impuesto a empresas, profesionales y administraciones era ilegal.
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