Durante dos años el ayuntamiento de Barcelona realizó un experimento de una renta mínima en barrios desfavorecidos que resultó exitosa para reducir la pobreza pero que generó desicentivos negativos en el mercado laboral
Uno de los experimentos más ambiciosos puestos en marcha en España fue el del Ayuntamiento de Barcelona, que durante dos años dio una renta básica a todas 1.000 familias de los barrios más pobres de la ciudad que cobraron, en su gran mayoría, una ayuda equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI), esto es, muy superior al ingreso mínimo vital (IMV).
Los resultados, publicados recientemente, muestran los buenos resultados de esta política a la hora de reducir los niveles de pobreza. Sin embargo, este avance parece lógico si se tiene en cuenta que se trata de una transferencia directa a los hogares. Sin embargo, esta renta básica ha generado un claro desincentivo al empleo que pone sobre la mesa el riesgo de que esta ayuda pudiese generar una trampa de la pobreza, esto es, personas que salen del mercado laboral voluntariamente para vivir de la renta pública de modo que siempre tengan una situación financiera muy precaria.
El experimento logró reducir los niveles de pobreza de estos barrios desfavorecidos. Por ejemplo, el riesgo de sufrir privación material se redujo en 8 puntos porcentuales y la probabilidad de ir a la cama con hambre, en 13 puntos. Además, esta ayuda permitió a muchas familias acceder a bienes que hasta entonces no podían adquirir como ropa nueva, equipamiento básico del hogar, como muebles, lavadoras, etc.
Sin embargo, en paralelo a este avance en la lucha contra la pobreza, la renta básica de Barcelona se topó con un importante desincentivo al empleo. En concreto, el informe del ayuntamiento señala que “recibir el SMI reduce la participación en el mercado laboral de la persona titular en comparación con los demás, siendo la probabilidad de trabajar 13 puntos porcentuales más baja en el grupo de tratamiento que en el de control”. Este desincentivo de 13 puntos es muy significativo. Sirva como comparación que la brecha de participación en el mercado laboral entre hombres y mujeres es de 10 puntos. El desincentivo a trabajar es incluso superior en los hogares que tienen una alta transferencia esperada, esto es, aquellos que consideran que su ayuda está garantizada y es elevada.
Se trata, por tanto, de una caída muy relevante de la actividad entre los beneficiarios de esta ayuda, que salen del mercado laboral ante la expectativa de conseguir unos ingresos recurrentes procedentes del sector público. La salida del mercado laboral fue mayor entre los hogares en los que la ayuda estaba vinculada a un programa de formación, con una brecha que alcanza los 17 puntos. Por el contrario, en los hogares sin esta política de cualificación, la caída de la participación fue de 10 puntos. Esta diferencia puede explicarse por qué las personas que tenían una formación no disponían de tiempo suficiente para tener un trabajo, o bien que priorizaron la mejora de sus cualidades sobre el empleo.
