Indultan a la presidenta de Infancia Libre aunque no se ha arrepentido

Tanto el juez que la condenó, como la Fiscalía que solicitó la condena, se declararon durante la tramitación del indulto en contra de devolver a María Sevilla la patria potestad del hijo que secuestró por espacio de varios meses, pero el Gobierno ha pasado por encima, ha obviado el criterio de ambos y condonó este miércoles esa pena por 180 días de trabajos «en beneficio de la comunidad».

Así el Ejecutivo -del que por ejemplo es ministra Ione Belarra, que llevó a Sevilla al Congreso en 2017 a hablar de abusos en el ámbito familiar- ha perdonado a la mujer medio año de cárcel para evitar su entrada en prisión (de dos años y medio pasó la condena a dos, que no se cumplirán a falta de antecedentes), y le ha devuelto la patria potestad del menor, que la Justicia le había quitado por espacio de cuatro años por el daño causado por ella al niño, a quien mantuvo durante dos años alejado de su padre, adoctrinándolo en la fe evangélica, sin atención médica ni escolar.

EL MUNDO ha tenido acceso a los documentos en que tanto el juez como la Fiscalía dejaban clara su oposición a la medida de gracia, y a que la mujer siguiera teniendo obligaciones, pero sobre todo derechos, respecto de su hijo.

Preferían, en definitiva, que dichas facultades las tuviera el padre, a quienes aún así desde el Ejecutivo se sigue vinculando con «violencia machista» -ayer mismo la ministra Irene Montero-, pese a que todas las denuncias contra él interpuestas por Sevilla han sido archivadas por falta de pruebas. Ahora, de hecho, él ha actuado contra su ex mujer por denuncia falsa y estafa procesal.

Juez y fiscal estimaron, de hecho, que no había motivos para revocar la condena en ese aspecto, y en realidad el Gobierno tampoco ha justificado por qué no sigue sus criterios y otorga ese perdón en concreto, más allá de explicar que lo hace atendiendo a «criterios de justicia y equidad», y «considerando los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal», según el decreto rubricado por Pilar Llop, ministra de Justicia. Un criterio no vinculante que, visto lo visto, el Gobierno considera pero no secunda.

En realidad, el magistrado titular del juzgado de lo Penal 23 de Madrid dejó muy claro que «no se debe aplicar indulto» respecto de la condena a la pérdida de la patria potestad por cuatro años puesto que, escribió, las «alegaciones» de María Sevilla no demuestran que exista un perjuicio en su cumplimiento», reza el auto, en el que el juez mostraba su posición sobre la petición de indulto, fechado el 31 de marzo pasado.

Es decir: Sevilla alegaba que esa parte de la pena le producía un perjuicio que el juez no veía cierto dado que, sigue el documento, aún sin patria potestad ella estaba en ese momento «visitando a su hijo en el Punto de Encuentro de Estepona (Málaga)», donde el menor vive con su padre y se recupera de los daños sufridos durante la sustracción cometida por su madre.

Taxativamente, pues, el juez informaba a continuación «DESFAVORABLEMENTE» (así, en mayúsculas) acerca de la condonación de la inhabilitación de la patria potestad de Sevilla con respecto de su hijo. Para él, según dejó por escrito, "no concurren los supuestos extraordinarios y excepcionales que hagan imprescindible la ejecución de la sentencia".

Fiscalía igualmente se manifestó por escrito contraria a la condonación de dicha pena, remarcó que la retirada durante cuatro años era «la mínima aplicable al presente caso», y remató con una razón de índole práctica: cuando dicha inhabilitación finalizara, explicó el Ministerio Fiscal, «el menor ya será mayor de edad». Es decir, se mantenía a Sevilla alejada de su hijo en cuanto a sus derechos y obligaciones de protección hasta que él fuera ya un adulto, se pudiera valer por sí mismo y fuera menos vulnerable a los potenciales daños que le pudiera causar su madre, que para parte del movimiento feminista es en cambio una heroína de la lucha contra el patriarcado.

La Fiscalía, incluso, apuntaba una razón más a la concesión de un indulto parcial y no total a Sevilla: evitar una sensación pública de impunidad que aliente la comisión de nuevos delitos», dejó por escrito el fiscal de la causa. Que apostilló: «Máxime cuando a raíz de estos hechos y otros similares parece que en la sociedad civil se están alentando campañas como la llamada 'Yo También Lo Haría', de la que se hace eco la prensa y que parece alentar actuaciones similares».

Cientos de asociaciones feministas pidieron el indulto para María Sevilla, y su concesión, siquiera parcial, fue saludada por ejemplo por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que tachó a la condenada como «madre protectora», como «patrimonio del movimiento feminista».

La acusación mantenida por el padre en la causa de la sustracción del menor se plantea ahora recurrir la concesión del indulto parcial, según ha podido saber este diario, al no fundamentar el Gobierno la condonación de la inhabilitación de la patria potestad, y al hacerlo además contra el criterio de juez y fiscal. Dichos informes no son, no obstante, vinculantes en ningún caso, pero el Ejecutivo sí debe fundamentar y explicitar las causas la concesión del perdón: ésa podría ser base del recurso.