El hijo del expresident puso a disposición del juzgado Ferraris, Lamborghinis y Jaguars para sufragar sus eventuales responsabilidades penales
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha autorizado subastar la flota de vehículos de lujo del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola para cubrir su eventual responsabilidad civil en caso de condena. Así consta en un auto al que ha tenido acceso La Vanguardia respecto a la pieza separada sobre la responsabilidad civil que se instruye al margen de la investigación sobre el origen de la fortuna familiar de los Pujol.
El hijo mayor del expresident de la Generalitat ofreció al juzgado la posibilidad de vender su colección de coches de lujo que se encuentran inmovilizados en un aparcamiento de Teià, en el Maresme, desde 2015 para evitar su "deterioro y pérdida de valor". Desde 2017 que Pujol Ferrusola tiene prohibido gestionar por si mismo su patrimonio con lo que solicitó al juez si podía vender una flota cuyo valor de tasación asciende a 1,8 millones de euros.
La flota estaba inmovilizada desde 2015
El primogénito de los Pujol pidió vender la colección de vehículos para evitar que se deteriorasen
Los vehículos de la colección son un Ferrari Testarrosa valorado en 120.000 euros; un Lotus Elan, de 14.400 euros; un Lamborghini Miura, de 816.000 euros; un Ferrari F-40, de 300.000 euros; un Mercedes Benz 230SL, de 56.500 euros; un Lamborghini 132, valorado en 250.000 euros; un Ferrari 328 GTS, tasado en 77.500 euros; un Jaguar E-Type 3.8 Roadster, de 148.000 euros; y un Mercedes Benz SLR McLaren, de 62.725 euros.
A toda esta colección hay que añadirle tres coches más que no han sido tasados pero que el juez ha autorizado a poner a la venta. Se trata de un Porsche 356 B; un Seat 600 Abarth; y un Porsche 911 S Targa. La venta será siempre por un precio igual o superior al de tasación" obteniendo la actuación "más ventajosa" para Pujol. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se encargará de la subasta.
El juez José de la Mata propuso en julio sentar en el banquillo a toda la familia Pujol por los delitos de organización criminal, falsedad documental, contra la hacienda pública y blanqueo de captiales. En un auto, señalaba que la familia “había aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social, económica catalana durante decenios, para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”.
Describía que la familia funcionaba como una organización en la que todos sus miembros se repartían los ingresos ilícitos que obtenía de prácticas corruptas que tuvieron lugar “durante la presidencia de Jordi Pujol entre 1980 y 2003”.
