Más de 133.000 euros en multas lingüísticas en Cataluña.
El Govern abrió 88 expedientes que acabaron en sanción en 2013.
Sanciones de hasta 7.000 y 8.000 euros por no rotular en catalán o no tener en este idioma alguno de los servicios que se prestaban. Son ejemplos de las 88 multas que el Govern de CiU impuso el año pasado por vulnerar los derechos lingüísticos del Código de Consumo de Cataluña. En concreto, la Generalitat impuso el año pasado 133.850 euros en multas lingüísticas, de las cuales ha cobrado unas 50.350 euros. Según una respuesta parlamentaria del consejero Felip Puig a petición del PP, estas infracciones se imponen a pequeñas empresas y comercios por incumplir la normativa que establece que los ciudadanos tienen el «derecho a recibir en catalán las informaciones necesarias para su consumo».
El PP denuncia que es 'un atentado a la libertad de expresión'
La diputada del PP en el parlamento catalán, María José García Cuevas, explicó a este diario que estas sanciones suponen un «atentado a la libertad de expresión» ya que usar el castellano es «un derecho de elección dentro de un ámbito privado». Además, destacó que se trata de importes «altos» y que las 88 sanciones no corresponden a los expedientes que se iniciaron sino a los que acabaron. «Hay muchas personas que se han sentido coaccionadas en sus derechos lingüísticos y han tenido que usar el catalán para evitar la multa», afirmó la diputada. Además, recordó que los sancionados son aquellos que «no han cedido en su derecho a usar otra lengua».
Se ha multado a empresas de Madrid, Alcobendas, Las Rozas y Murcia
La Generalitat destaca que el catalán debe estar presente en los productos y servicios que ofrezca cada comercio y estas informaciones deben referirse a la salud y la seguridad de su consumo. Además, establece que las empresas de fuera que desarrollen su actividad en Cataluña deben seguir este código. Entre las empresas sancionadas, y con cantidades más altas que las catalanas, hay de Alcobendas, Madrid, Murcia, Pozuelo de Alarcón y Las Rozas.
María José García destacó que estas sanciones a sociedades de estas localidades suponen «un desincentivo económico adicional a cualquier empresa que quiera instalarse e invertir en Cataluña» y destacó que el Govern «está más preocupado en el proyecto secesionista usando la lengua como instrumento que en el bien de la economía».
En este sentido, la diputada recordó que la Generalitat utiliza el catalán con «una finalidad política» de conseguir la independencia y que este uso «ahora se ha intensificado pero hace años que se veía venir». El PP presentará de nuevo una moción para que se modifique la ley de Consumo y evitar estas sanciones por cuestiones lingüística.
En la respuesta parlamentaria también se indica que este año la Agencia Catalana de Consumo tienes 78 expedientes en tramitación, de los cuales 38 parten de denuncias de particulares. García lamentó que durante años se haya «fomentado» desde la administración catalana estas denuncias de particulares.
Las sanciones se pueden poner por no tener en catalán los rótulos de un comercio, las condiciones de un servicio o la carta de un restaurante. Entre las empresas sancionadas hay de todos los ámbitos, ya sea de transportes, telecomunicaciones, telefonía, servicios inmobiliarios, alimentación y tiendas de muebles. En su mayoría son pequeños comercios y la media de las multas supera los 1.500 euros.
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/07/25/53d21010ca47413a2f8b456f.html
