Que España tiene un problema mayúsculo con su sistema de pensiones no es ningún secreto. La hucha para garantizarlas en el futuro está prácticamente vacía, la generación más numerosa de la pirámide de población comenzará a jubilarse pronto y quienes tendrán que soportar el peso del sistema, además de ser una cohorte mucho más reducida, reciben salarios bajos. Además, todo apunta a que el deseable aumento en la esperanza de vida previsto para los próximos años prolongará el periodo de cobro de unas pensiones que cada vez son más cuantiosas.
La cuentas resultan difíciles de cuadrar. Si se toman los últimos datos disponibles, los jubilados que se incorporaron al sistema de pensiones en septiembre cobraron una prestación media de 19.887,8 euros en 14 pagas, mientras que el sueldo medio de los menores de 30 años fue de un máximo de 17.772,3 euros anuales en 2019, una diferencia de más de 2.000 euros en ingresos.
Si bien es cierto que los salarios que cobran ahora los menores de 30 previsiblemente aumentarán a lo largo de su vida laboral, también lo es que la cuantía de las pensiones de jubilación seguirá en ascenso. La prestación media que corresponderá a los baby boomers -una generación que engloba a los nacidos entre 1958 y 1978 aproximadamente- es mayor a la de cohortes anteriores dado que, en general, han disfrutado de mejores sueldos y de carreras más estables que los que vienen detrás.
Sin embargo, el desequilibrio más preocupante viene del lado de la demografía. Según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) -un organismo encargado de supervisar las finanzas públicas nacionales- en 2050 habrá un solo trabajador por cada pensionista, frente a los dos que hay actualmente. A esto hay que añadirle que un empleado que se jubila actualmente recibe una pensión media bruta de un 72,3% de su sueldo, una cuantía notablemente superior al 52% de media en los países de la Unión Europea.
Para afrontar el reto que supondrá para el sistema la jubilación de los baby boomers, el Gobierno ha planteado -con el apoyo de los sindicatos- subir las cotizaciones sociales seis décimas a partir de 2023 y hasta 2032. La idea es que lo que se recaude con esta medida -unos 40.000 o 50.000 millones de euros, según estima el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá- se destine a llenar de nuevo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (conocido popularmente como la "hucha de las pensiones"), que actualmente cuenta con poco más de 2.000 millones de reservas.
Si lo recaudado fuera insuficiente para afrontar las jubilaciones futuras, el Gobierno prevé entonces negociar en el Pacto de Toledo un recorte del gasto, una subida mayor de las cotizaciones u "otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos" que no concreta.
La medida, bautizada con el nombre de mecanismo de equidad intergeneracional, carga el peso de las futuras jubilaciones en los trabajadores actuales y pretende evitar así recortes en las pensiones presentes y futuras. Cuando se le preguntó al ministro Escrivá por qué razón el nuevo mecanismo es equitativo, este arguyó que sustituye y deroga el factor de sostenibilidad, "que a partir del año 2023 iba a recortar las pensiones entre un 2 y un 3%". El ministro añadió que el mecanismo anterior, aprobado por el PP en 2013 y que nunca llegó a aplicarse, habría supuesto "un recorte de entorno un 20%" en la pensión para un joven que empezara a trabajar ahora.
Los expertos apuestan por recortar las prestaciones
Sin embargo, no todo el mundo ve con buenos ojos la reforma que pretende el Ejecutivo. Tres expertos en finanzas públicas consultados por 20minutos.es coinciden en señalar que el nuevo mecanismo perjudicará a los jóvenes, no logrará cubrir los costes del sistema y tampoco evitará que se aplique una reforma más drástica en el futuro.
"Es una medida que, desde mi punto de vista, va en la dirección equivocada. Estás subiendo algunos impuestos muy distorsionadores como son las cotizaciones en un país con tasas de paro muy elevadas", defiende José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid, y subdirector de Fedea. Conde-Ruiz, que formó parte del comité de expertos que diseñó el factor de sostenibilidad aprobado por el PP en 2013, considera solidario "que si las futuras generaciones van a vivir por más tiempo, la pensión que se vaya a percibir sea más baja".
"El sistema no es sostenible. Hay relativamente pocos jóvenes para sostener las pensiones de tanta gente mayor. Necesita recursos adicionales para mantenerlo tan generoso", explica Sergi Jiménez, catedrático en Economía y Empresa en la Universidad Pompeu Fabra. Jiménez recuerda que destinar dinero procedente de los impuestos a pagar pensiones deja menos saldo en las arcas públicas para gastar en materias como investigación, sanidad o educación. "Es lo peor que pueden hacer de cara a los jóvenes. Comprometer que vas a pagar las pensiones sí o sí quiere decir que los recursos van a ir a pagar las pensiones, no a ellos", agrega Conde-Ruiz.
Los expertos consultados cuestionan las cifras de recaudación adicional por la subida de las cotizaciones ofrecidas por Escrivá (entre 40.000 y 50.000 millones) sean realistas. "50.000 millones no cubren ni el déficit [de la Seguridad Social] de dos años. No le veo sentido por ningún lado, por ninguna parte, me froto los ojos cuando leo todo esto", sostiene María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas.
Según datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda, la Seguridad Social cerró el año pasado con un déficit de 29.344 millones de euros, una cifra algo engañosa, dado que no refleja las transferencias recibidas desde el Estado para cubrir gastos vía Presupuestos. Según recoge el diario económico Cinco Días, el déficit entre los ingresos por las cotizaciones que recibe la Seguridad Social y los gastos en prestaciones sociales fue superior a los 45.000 millones en 2020.
"El sistema actual es muy generoso y alguien va a tener que recibir el coste. Puede hacerse poco a poco o, si se dilata, probablemente tenga que ser de golpe", apunta Sergi Jiménez. "Prácticamente todos los países de la UE tenían un sistema parecido al español y prácticamente todos van en la línea de reformarlo. No creo que España acabe siendo el único caso que no siga en esa , agrega.
Finalmente, los tres especialistas coinciden en que esta reforma no aborda el fondo del problema y no evitará un ajuste drástico en el futuro. "Lo que nos estamos jugando ahora mismo no es no hacer la reforma. Es hacerla bien, con tiempo y de una forma más justa", defiende Conde Ruiz. "Esto no soluciona nada. Dentro de dos o tres años va a haber que hacer otra cosa. Se irá posponiendo hasta que llegue el momento en que todo explote. Y el hachazo que va a haber que pegar entonces va a ser tremendo. Habría que haber empezado a actuar hace ya tiempo", concluye Fernández.
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