Según puedo leer en la web de Amnistía Internacional:
Naciones Unidas pide al Gobierno "revisar" las medidas de austeridad por perjudicar los derechos humanos
Tras la comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el Comité ha expresado su preocupación por la reducción de los niveles de protección efectiva de derechos como la vivienda, salud, educación, trabajo, entre otros, como consecuencia de las medidas de austeridad.
El Comité hace especial hincapié en la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Estado para paliar los efectos negativos de la crisis en los sectores más desfavorecidos de la población y establece la necesidad de realizar mayores esfuerzos para que los derechos humanos guíen sus estrategias de recuperación económica. El Comité también le recomienda a España que garantice que todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el nivel alcanzado de protección de los derechos económicos, sociales y culturales y sean en todo caso, temporales, proporcionales y no perjudiciales para estos derechos.
Recomendaciones a España
En sus recomendaciones finales, publicadas el pasado 21 de mayo, el Comité pide a España revisar las medidas de austeridad por perjudicar de forma "desproporcionada" a los colectivos más vulnerables y marginados, especialmente a las personas pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y jóvenes desempleados, las personas mayores, las personas sin hogar, la comunidad gitana, los migrantes y los solicitantes de asilo. Asimismo, recuerda al Estado que es precisamente en tiempos de crisis económica cuando los esfuerzos deben ser redoblados para garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, y en especial de las personas en mayor situación de vulnerabilidad.
El Comité recomienda "vigorosamente" que el Estado adopte un nuevo programa nacional de lucha integral contra la pobreza que incluya "medidas específicas y estrategias para mitigar los efectos adversos de la crisis". El Comité destaca las altas tasas de pobreza infantil y la situación de las personas mayores que viven con pensiones cuya cuantía es, en muchos casos, inferior al nivel de subsistencia mínimo.
En materia laboral, muestra su preocupación por el incremento de las tasas de desempleo, que afectan especialmente a las personas jóvenes, inmigrantes, gitanas y las personas con discapacidad. Pide al Estado "evitar cualquier retroceso" en este ámbito, šincluyendo en materia de protección de los derechos laborales de los trabajadores”. Muestra inquietud ante la congelación del Salario Mínimo Interprofesional a un valor que no permite un nivel de vida digno y recomienda su ajuste periódico al costo de la vida.
En cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, el Comité pide redoblar los esfuerzos para combatir la brecha salarial y los estereotipos de género, así como fomentar la igual representación en los sectores públicos y privados. El Comité muestra especial preocupación por la "persistencia de altos niveles de violencia doméstica" e insta al Estado que garantice que los recortes "no perjudiquen la protección de las víctimas ni sus derechos". También recomienda garantizar el acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional.
Refiriéndose al reciente Decreto-ley 16/2012 sobre la reforma sanitaria el Comité pide al Estado que asegure el acceso a los servicios de salud de todas las personas que residen en el Estado, cualquiera que sea su situación legal, en consonancia con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias. También insta al Estado "dar pleno efecto a las nuevas regulaciones para mejorar las condiciones de vida en los centros de internamiento de extranjeros (CIE)."
Reconociendo la situación de las personas con hipotecas impagables, recomienda al Estado que "impulse una reforma legislativa que faculte la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, de modo que esta opción no dependa únicamente de la discrecionalidad de las entidades bancarias". Además, señala la necesidad de “aumentar la oferta de vivienda social”, especialmente la de alquiler y la necesidad de implementar un marco legislativo que establezca salvaguardas de derechos humanos que deben cumplirse antes de llevar a cabo un desalojo. Recuerda la obligación del Estado de adoptar una definición oficial de “persona sin hogar”, así como de recopilar datos que permitan evaluar esta realidad tras la crisis y adoptar medidas de rehabilitación adecuada.
El Comité critica que la educación haya sido uno de los sectores más afectados por los recortes y afirma que las medidas adoptadas por el Estado que incrementan las tasas universitarias son "regresivas" y ponen "en riesgo el acceso de las personas y grupos desfavorecidos” a la educación universitaria. Recomienda al Estado que asegure "una inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente" en educación y que redoble los esfuerzos para reducir la tasa de abandono escolar temprano, que duplica la media de la UE.
Y aquí lo tenéis entero, porque es un poco más largo:
