Pues nada, otra más.
La subdirectora de un centro de prisiones tenía que declarar contra 3 funcionarios por supuestamente haber reducido de forma irregular a un preso.
Esta mujer era la encargada de aportar las grabaciones de la reducción a un enfermo mental, según la información ofrecida, que tuvo lugar el 16 de agosto por la que se abrió a esos funcionarios un expediente disciplinario.
Horas antes de esa declaración, denunció una agresión por parte de "unos encapuchados". En un comunicado de Instituciones Penitenciarias del 7 de septiembre se relataron los «dos fuertes golpes en la cara» que supuestamente había sufrido la alto mando, mientras la amenazaban con «que mantuviera la boca cerrada» en la declaración que tenía que hacer al día siguiente ante la inspección. En ese comunicado se tildaba la agresión como «brutal ataque» y se mostraba la indignación y el rechazo.
No solo eso, sino que bajo el principio jurídico (de mis cojones) del "hermana yo sí te creo", Marlaska apoyó firmemente a la subdirectora:
Tanto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, defendieron públicamente a la funcionaria, convertida casi en mártir, a raíz de las informaciones difundidas.
Marlaska la definió como «una verdadera funcionaria» y Ortiz, junto con la subdelegada del Gobierno y otros responsables del centro se concentraron a las puertas de la prisión alicantina para apoyarla el 9 de septiembre.
Y más aún, y esto es ya acojonante:
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó a asegurar que la falsa agresión denunciada por la subdirectora de la cárcel de Villena en la que se dejaba entrever que había sido cometida por varios de sus subordinados constituía un hecho de una "gravedad" a todas luces "incuestionable". Así consta en el oficio con el que se suspendió provisionalmente de sus funciones a dos trabajadores de la prisión alicantina.
Interior creyó sin reservas la denuncia de la responsable de la seguridad en la prisión y todo lo que decía sobre los trabajadores, a los que apuntaba la responsable de seguridad del centro penitenciario como autores del ataque perpetrado a las puertas de su casa.
Por ello, Interior decidía incoar un expediente disciplinario a ambos funcionarios. Quedaban ahí marcados como responsables de un hecho que, según la Guardia Civil, nunca llegó a producirse, puesto que ella se lo había inventado.
"La gravedad de los hechos denunciados por la Subdirectora de Seguridad es incuestionable", reza literalmente el oficio. Sin esperar a las investigaciones de la Benemérita, en Interior aseguraban que "las amenazas y agresiones sobre una directiva del establecimiento penitenciario en su propio domicilio, por varias personas, de manera sorpresiva y agresiva" eran inequívocas.
Y así, debido a que la finalidad no era otra que "intimidarla y evitar su declaración en una investigación abierta por el centro directivo sobre el incidente con el interno", Instituciones Penitenciarias sentenciaba que se volvía "imprescindible la suspensión del Sr. M.". Todo ello mientras los agentes recababan las pruebas que demuestran que la subdirectora estaba mintiendo.
Interior tomaba esta medida de manera provisional, pero ya le apunta como autor de los hechos. Pese a ello, terminan matizando que la suspensión se prolongará "hasta que se produzca la identificación de los autores y la eventual relación o no, de los mismos con el inculpado".
Pero en un maravilloso plot twist:
La subdirectora prestó declaración y quedó en libertad investigada por denuncia falsa y simulación de delito. Prisiones la cesará en las próximas horas.
Cuando trascendió el ataque a la subdirectora, que jamás ocurrió según ha averiguado la Guardia Civil, se informó de que la mujer había recibido whatsapp anónimos con amenazas para que no declarase contra los tres funcionarios investigados por la reducción. Ella aportó pantallazos con esas amenazas a las pesquisas internas, luego denunció que le habían robado el teléfono en la propia cárcel, y más tarde fue incapaz de entregar esas pruebas a la Guardia Civil. Todo apunta a que también los anónimos eran falsos. Algunos funcionarios de prisiones llevaban semanas advirtiéndolo e Instituciones Penitenciarias haciendo caso omiso y remitiendo a las pesquisas de Guardia Civil. Ahora aseguran que tomarán acciones disciplinarias contra la subdirectora cuando tengan comunicación oficial.
Y ya lo más estrambótico del todo, es que el preso al que redujeron los funcionarios, salió libre hace un mes y al día siguiente intentó agredir sexualmente a una mujer.
Absolutamente increíble. Y no dimitirá nadie.
