Pues sí señores. Una denuncia anónima de un ciudadano de San Lorenzo del Escorial, ha sido admitida a trámite, en la que se denuncia que
las obras carecen de "las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o integridad física de los técnicos y operarios" que intervengan en la operación de exhumación.
El magistrado responde así al recurso presentado por un ciudadano contra el informe técnico emitido por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), término municipal donde se encuentran los restos de Franco, que declaró "admisibles" las actuaciones urbanísticas que se puedan derivar de las obras de exhumación, relativas al levantado del pavimento, la retirada de la losa que cubre la sepultura, su traslado a otro lugar, la exhumación de los restos y la reposición de la obra.
El juez reconoce que se necesita una licencia por parte del Ayuntamiento para autorizar las obras, pero admite que el citado informe municipal "no es un simple informe". No obstante, advierte de que "lo realmente importante es si las obras proyectadas son conformes a la legalidad vigente y, sobre todo, su se pueden realizar con seguridad para las personas".
Es más, no pasa por alto que la operación de exhumación precisa de "un elemento fáctico", que es "la necesidad de que la obra sea por razones de urgencia o excepcional interés público". Dicho esto, el magistrado deja claro que "no se aprecia especial urgencia en la exhumación", ya que lleva enterrado en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos desde el 23 de noviembre de 1975. "Más de 44 años", precisa el magistrado en su auto.
El juez detalla el proceso de la operación de exhumación para justificar las garantías de seguridad que exige y considera "decisivo" que se trata de "remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilogramos de peso".
"Ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y por tanto peligroso por el riesgo evidente de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir, y que a su vez pueda causar daños a las personas" que realicen las obras, prosigue el juez Yusty.El magistrado, que se califica "un profano en la materia", argumenta su decisión con los informes de dos arquitectos que advirtieron de que en el informe del Ayuntamiento "falta un riguroso análisis de seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura".
El juez reconoce que debajo de la sepultura hay una cripta y, por tanto, "partes huecas", y que el movimiento de la losa puede "desestabilizar el conjunto". "No se ha hecho un estudio serio y riguroso de la seguridad de toda la operación", trascribe el magistrado en su auto, en referencia a los informe de los arquitectos.El Ayuntamiento dispone de un plazo de tres días -hasta este jueves, 28 de febrero- para alegar en defensa de su informe.
Básicamente, el iniciar por parte del Gobierno este procedimiento legal, supondrá un retraso indeterminado, y no podrán sacarlo, en caso de resolverse favorablemente, antes de las elecciones generales.
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/26/5c75640f21efa0e37a8b4653.html
